Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso m铆nimo vital.

TEXTO ORIGINAL
I

Espa帽a se encuentra entre los pa铆ses de la Uni贸n Europea con una distribuci贸n de la renta entre hogares m谩s desigual. Aunque la reciente recesi贸n econ贸mica deterior贸 especialmente los ingresos de los hogares con menos recursos, la alta desigualdad en Espa帽a precede a los a帽os de recesi贸n, y la recuperaci贸n experimentada desde 2013 no la ha corregido sustancialmente. En 2018, el 煤ltimo a帽o para el que Eurostat ofrece datos comparados, el coeficiente de Gini en Espa帽a es casi tres puntos superior a la media de la Uni贸n Europea, y los ingresos del veinte por ciento de los hogares de renta m谩s baja representan solo una sexta parte de los ingresos del veinte por ciento con renta m谩s alta, mientras en la Uni贸n Europea esta proporci贸n es solo de una quinta parte.

Estos altos niveles de desigualdad en Espa帽a se acent煤an entre las rentas m谩s bajas de la distribuci贸n de ingresos, lo que hace que las tasas de pobreza extrema sean particularmente altas, incluso para el grado de desigualdad agregada del pa铆s. De acuerdo con la definici贸n del INE y de Eurostat (personas que viven en hogares donde la renta disponible por unidad de consumo es inferior al 60 por ciento de la mediana de la renta nacional), en Espa帽a 9,9 millones de personas (21 por ciento) en 4 millones de hogares se encuentran en riesgo de pobreza. Esta alta tasa de pobreza tiene una importante dimensi贸n generacional, tambi茅n persistente en el tiempo. Seg煤n los 煤ltimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estad铆stica, m谩s del 26 por ciento de los ni帽os de menos de 16 a帽os viven en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, una situaci贸n que se agrava a煤n m谩s en los hogares monoparentales, particularmente vulnerables adem谩s a la volatilidad de ingresos.

Aunque las causas de estas altas tasas de desigualdad y pobreza son m煤ltiples, un factor com煤n es el d茅bil efecto redistributivo del conjunto de la intervenci贸n del Estado en Espa帽a en comparaci贸n con la mayor铆a de los pa铆ses de nuestro entorno. Dicha debilidad deriva en parte del menor desarrollo y financiaci贸n de partidas con claro impacto redistributivo (en especial la ausencia de una pol铆tica estatal de garant铆a 煤ltima de ingresos, como existe en la mayor parte de los pa铆ses europeos), y en parte tambi茅n por el dise帽o concreto que han tomado las pol铆ticas p煤blicas.

Ante esta realidad, han sido las comunidades y ciudades con Estatuto de Autonom铆a las que han ido configurando diferentes modelos de pol铆ticas de rentas m铆nimas. Estos sistemas han desempe帽ado un papel muy relevante para la atenci贸n de las personas en situaci贸n de vulnerabilidad, tanto en los momentos de crisis econ贸mica como en las etapas de crecimiento. Sin embargo, se trata de modelos muy diferentes entre s铆, con variaciones muy sustanciales en su dise帽o, y especialmente en sus grados de cobertura y nivel de protecci贸n. El resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones sociales de las personas en situaci贸n de necesidad, muchas de las cuales contin煤an sin ser suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar.

Estas debilidades del sistema de garant铆a de ingresos espa帽ol han sido puestas de manifiesto de manera recurrente en informes y recomendaciones procedentes de las instituciones europeas. As铆, en la recomendaci贸n del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Espa帽a, se afirma que 芦el impacto de las transferencias sociales en la reducci贸n de la pobreza est谩 por debajo de la media europea y est谩 bajando. Los programas de garant铆a de rentas est谩n marcados por grandes disparidades en las condiciones de acceso y entre regiones, y por la fragmentaci贸n de los programas destinados a diferentes grupos de individuos en b煤squeda de empleo y gestionados por diferentes administraciones禄 (punto 12). En la Recomendaci贸n de 2019, se afirma que 芦la proporci贸n de personas en riesgo de pobreza y exclusi贸n social, as铆 como la desigualdad de ingresos sigue estando por encima de la media de la Uni贸n (鈥). La pobreza infantil, aunque se est谩 reduciendo, sigue siendo muy alta. La capacidad de las transferencias sociales diferentes de las pensiones para reducir la pobreza sigue siendo de las m谩s bajas de la Uni贸n, especialmente entre los ni帽os. El gasto social en hogares con ni帽os como proporci贸n del PIB es uno de los m谩s bajos de la UE y est谩 mal focalizado. (鈥) Mientras tanto, los sistemas de ingresos m铆nimos regionales presentan grandes disparidades en las condiciones de acceso, cobertura y suficiencia (鈥). Como resultado, muchos de los que est谩n en situaci贸n de necesidad no reciben apoyo禄 (punto 14).

Tambi茅n en el marco comunitario, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo en noviembre de 2017, pretende dar a los ciudadanos europeos unos derechos sociales nuevos y m谩s efectivos. Este Pilar Europeo de Derechos Sociales establece veinte principios fundamentales, uno de los cuales (principio 14) est谩 dedicado a la renta m铆nima, se帽alando que: 芦Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta m铆nima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, as铆 como el acceso a bienes y servicios de capacitaci贸n. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta m铆nima deben combinarse con incentivos a la (re)integraci贸n en el mercado laboral禄.

Junto a estas recomendaciones procedentes del 谩mbito comunitario, m煤ltiples estudios y reflexiones han contribuido en los 煤ltimos a帽os al debate nacional sobre las carencias del modelo espa帽ol de garant铆a de ingresos. Con el objeto de analizar el sistema de garant铆a de ingresos en nuestro pa铆s, as铆 como sus necesidades de reforma, en el a帽o 2016, en el marco del Programa para el Empleo y la Innovaci贸n Social de la Uni贸n Europea (eje 芦Progreso禄), el Gobierno de Espa帽a, a trav茅s del entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, elabor贸 el informe denominado 芦El sistema de garant铆a de ingresos en Espa帽a: tendencias, resultados y necesidades de reforma禄. Entre otros elementos, este informe se帽alaba que el mapa de rentas m铆nimas en Espa帽a se caracteriza por la diversidad territorial, debido a que su desarrollo normativo y financiaci贸n dependen de cada una de las comunidades aut贸nomas. La diversa naturaleza de la norma, las denominaciones, flexibilidad de los requisitos de acceso o intensidad protectora dependen, en buena parte, del modelo de inclusi贸n del territorio en t茅rminos de reconocimiento de derecho, desarrollo de planes de inclusi贸n, compromiso institucional o participaci贸n de distintos niveles administrativos, departamentos y gestores de programas.

En febrero de 2017, el Parlamento espa帽ol tom贸 en consideraci贸n una Iniciativa Legislativa Popular, a propuesta de los sindicatos Uni贸n General de Trabajadores y Comisiones Obreras, con el objetivo de establecer una prestaci贸n de ingresos m铆nimos. Se trata de la primera propuesta relevante en este 谩mbito, que, sin duda, supuso un fuerte impulso para el desarrollo del ingreso m铆nimo vital.

El 2 de marzo de 2018, el Consejo de Ministros aprob贸 encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realizaci贸n de un an谩lisis sobre prestaciones de ingresos m铆nimos, que se materializ贸 en un estudio titulado 芦Los programas de rentas m铆nimas en Espa帽a禄.

Entre otros elementos, el estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se帽alaba que, a diferencia de lo que ocurre en la mayor铆a de los pa铆ses europeos, Espa帽a no cuenta con una prestaci贸n que cubra el riesgo general de pobreza. Asimismo, pon铆a de relieve que el sistema de ingresos m铆nimos en Espa帽a est谩 fraccionado y presenta disparidades territoriales. Con car谩cter general las cuant铆as son bajas y falta cobertura.

El estudio advert铆a que los programas de rentas m铆nimas pueden generar desincentivos a la incorporaci贸n al mercado laboral, especialmente cuando una de las condiciones de elegibilidad es ser desempleado y que uno de los retos m谩s complejos a los que se enfrentan estos programas es el crecimiento en todos los pa铆ses del porcentaje de trabajadores que reciben remuneraciones inferiores al umbral de pobreza.

Por otra parte, con el fin de prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusi贸n social en Espa帽a, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019 se aprob贸 la Estrategia Nacional de Prevenci贸n y Lucha contra la Pobreza y la Exclusi贸n Social 2019-2023. Entre otros elementos, la estrategia identifica la reducci贸n de la desigualdad de rentas entre los principales desaf铆os de las sociedades europeas y en Espa帽a en particular.

II

La necesidad de la puesta en marcha del ingreso m铆nimo vital como pol铆tica destinada a corregir estos problemas se ha visto acelerada por la crisis sanitaria del COVID-19 y el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Ante la gravedad de la crisis y la r谩pida evoluci贸n de los contagios, el Congreso de los Diputados, previo Acuerdo del Consejo de Ministros, ha aprobado la pr贸rroga del estado de alarma en cinco ocasiones, a trav茅s de los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24 de abril, 514/2020, de 8 de mayo y 537/2020, de 22 de mayo.

Las medidas sanitarias de contenci贸n han supuesto la restricci贸n de la movilidad y la paralizaci贸n de numerosos sectores de la econom铆a espa帽ola, con el consiguiente efecto negativo para la renta de los hogares, los aut贸nomos y las empresas.

En este contexto el Gobierno de Espa帽a ha venido adoptando una serie de medidas urgentes orientadas tanto a frenar el avance de la pandemia, como a mitigar los profundos efectos econ贸micos y sociales que la crisis sanitaria est谩 generando en nuestro pa铆s.

M谩s all谩 del impacto directo sobre la actividad econ贸mica, la pandemia ha desembocado en una profunda crisis social, que afecta especialmente a las personas en situaci贸n de vulnerabilidad.

Las situaciones de crisis proyectan sus efectos m谩s perjudiciales sobre la poblaci贸n m谩s vulnerable e insegura, que no goza de una estabilidad permanente en sus ingresos, y que adem谩s est谩 insuficientemente atendida por la mayor parte de las pol铆ticas sociales, vinculadas a la existencia de relaciones estables de empleo.

Por tanto, a la vista de lo expuesto anteriormente, la situaci贸n de pobreza y desigualdad existente en Espa帽a y el incremento de la vulnerabilidad econ贸mica y social ocasionado por el COVID-19, exigen la puesta en marcha con car谩cter urgente de un mecanismo de garant铆a de ingresos de 谩mbito nacional. Este mecanismo, articulado a partir del mandato que el art铆culo 41 de la Constituci贸n Espa帽ola otorga al r茅gimen p煤blico de Seguridad Social para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situaci贸n de vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia. A esta finalidad responde la presente disposici贸n, aprobando el ingreso m铆nimo vital como prestaci贸n econ贸mica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

III

Esta prestaci贸n nace con el objetivo principal de garantizar, a trav茅s de la satisfacci贸n de unas condiciones materiales m铆nimas, la participaci贸n plena de toda la ciudadan铆a en la vida social y econ贸mica, rompiendo el v铆nculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los 谩mbitos laboral, educativo, o social de los individuos. La prestaci贸n no es por tanto un fin en s铆 misma, sino una herramienta para facilitar la transici贸n de los individuos desde la exclusi贸n social que les impone la ausencia de recursos hacia una situaci贸n en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad. Aunque la situaci贸n de privaci贸n econ贸mica que sufren las personas a las que va dirigida esta medida est茅 en el origen de su situaci贸n de vulnerabilidad, la forma concreta que tomar谩 su inclusi贸n social variar谩 en funci贸n de las caracter铆sticas de cada individuo: para algunos, ser谩 el acceso a oportunidades educativas, para otros, la incorporaci贸n al mercado de trabajo o, la soluci贸n a una condici贸n sanitaria determinada. Este objetivo de inclusi贸n condiciona de manera central el dise帽o de la prestaci贸n, que, incorporando las mejores pr谩cticas internacionales, introduce un sistema de incentivos buscando evitar la generaci贸n de lo que los expertos en pol铆tica social han llamado 芦trampas de pobreza禄, esto es, que la mera existencia de prestaci贸n inhiba el objetivo de inclusi贸n social y econ贸mica de los receptores. Para aplicar este sistema de incentivos, resulta fundamental la cooperaci贸n con las comunidades aut贸nomas y entidades locales en el despliegue de unos itinerarios de inclusi贸n flexibles y adaptados a cada situaci贸n para los beneficiarios del ingreso m铆nimo vital, dado que, en el ejercicio de sus competencias, pueden acceder de manera m谩s directa a las realidades concretas de los perceptores a trav茅s de los servicios sociales, pieza clave en la articulaci贸n del sistema. El sector privado tambi茅n ser谩 copart铆cipe del dise帽o de estos itinerarios de inclusi贸n, estableci茅ndose un Sello de Inclusi贸n Social que acredite a todas aquellas empresas que ofrezcan oportunidades de empleo y formaci贸n a los perceptores del ingreso m铆nimo vital.

La centralidad del objetivo de inclusi贸n que subyace a la norma exigir谩 que los efectos de la prestaci贸n tendr谩n que ser permanente y rigurosamente evaluados una vez sea puesta en marcha.

As铆 entendido, el ingreso m铆nimo vital no es una pol铆tica dirigida a grupos o individuos concretos, sino que, atendiendo a aquellos que en un momento determinado sufren situaciones de exclusi贸n y vulnerabilidad, protege de forma estructural a la sociedad en su conjunto. Esta pol铆tica actuar谩 as铆 como un seguro colectivo frente a los retos que nuestras sociedades enfrentar谩n en el futuro pr贸ximo: carreras laborales m谩s inciertas, nuevas vulnerabilidades como la puesta de manifiesto por la crisis de COVID-19, transformaciones econ贸micas asociadas a la robotizaci贸n o el cambio clim谩tico, y en general una mayor volatilidad en los ingresos y los empleos, problemas frente a los que casi nadie ser谩 inmune, pero que afectar谩n especialmente a los grupos sociales m谩s vulnerables.

Con el objetivo de evitar duplicidades de cara al ciudadano y en aras de una mayor efectividad de la pol铆tica, la puesta en marcha del ingreso m铆nimo vital exigir谩 tambi茅n una progresiva reordenaci贸n del conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con los de esta nueva pol铆tica. Este proceso de reajuste se iniciar谩 con la eliminaci贸n de la actual prestaci贸n de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

La progresiva reorganizaci贸n de las prestaciones no contributivas que deber谩 abordarse en los pr贸ximos a帽os permitir谩 una focalizaci贸n en colectivos particularmente vulnerables que contribuya a una mayor redistribuci贸n de la renta y la riqueza en nuestro pa铆s.

El modelo de gobernanza compartida que se prefigura en esta norma, en la que de forma articulada y coordinada participan las comunidades aut贸nomas y las entidades locales, persigue un doble objetivo. Por un lado, lograr un despliegue m谩s efectivo de la pol铆tica de cara al ciudadano. La evaluaci贸n de los programas de sostenimiento de rentas en otros contextos ha identificado como uno de los problemas recurrentes el hecho de que muchos de sus potenciales beneficiarios acaban no accediendo a ellos, bien por la complejidad de los procedimientos, la naturaleza de los colectivos a los que va dirigido, o una combinaci贸n de estos factores. La implicaci贸n de comunidades aut贸nomas y entidades locales, con especial protagonismo de los servicios sociales, junto al papel del tercer sector, busca maximizar la capilaridad institucional para llegar por diferentes canales a todos los posibles solicitantes, con el objeto de minimizar los problemas de acceso a la pol铆tica p煤blica.

En segundo lugar, la implicaci贸n de comunidades aut贸nomas y entidades locales en el despliegue de la pol铆tica persigue consolidar la necesaria implicaci贸n de todas las instituciones en el compromiso com煤n de lucha contra la pobreza y las desigualdades en todo el territorio, engarzando el leg铆timo ejercicio del autogobierno en el 谩mbito de las pol铆ticas sociales de las comunidades aut贸nomas con la provisi贸n colectiva de una red de protecci贸n m铆nima y com煤n de ingresos garantizada por la Seguridad Social.

Finalmente, la colaboraci贸n en el dise帽o y la gesti贸n del ingreso m铆nimo vital entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Secretar铆a General de Objetivos y Pol铆ticas de Inclusi贸n y Previsi贸n Social, por parte del Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, y la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria, por parte del Ministerio de Hacienda, constituye un paso decisivo hacia un modelo de pol铆tica social construido sobre la base de una visi贸n integral de la Hacienda p煤blica comprensiva tanto de los tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en funci贸n de su capacidad econ贸mica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas o perceptores de ayudas monetarias evitando redundancias, contradicciones e inequidades.

IV

Desde una perspectiva de an谩lisis de la evoluci贸n del sistema de Seguridad Social, la creaci贸n del ingreso m铆nimo vital constituye un hito hist贸rico que viene a equilibrar la configuraci贸n de un modelo integrado por una doble esfera, contributiva y no contributiva, en el que esta segunda ha sido hasta ahora un elemento secundario. De ah铆 la importancia de la configuraci贸n del ingreso m铆nimo vital como prestaci贸n no contributiva de la Seguridad Social.

A partir del art铆culo 41 de nuestra Constituci贸n, la doctrina constitucional concibe la Seguridad Social como una 芦funci贸n del Estado禄 (STC 37/1994). De un lado, el Tribunal Constitucional pone de manifiesto la estrecha vinculaci贸n de este precepto con el art铆culo 1 del mismo texto constitucional en el que se reconoce el car谩cter social de nuestro Estado que propugna la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento; as铆 como su conexi贸n con el art铆culo 9.2 en el que se recoge el mandato de promoci贸n de la igualdad y de remoci贸n de los obst谩culos que la dificultan.

De otro lado, esta caracterizaci贸n como funci贸n del Estado supone que la Seguridad Social ocupa 芦鈥 una posici贸n decisiva en el remedio de situaciones de necesidad鈥β, con la particularidad de que la identificaci贸n de tales situaciones y el modo en el que se articula su protecci贸n se ha de hacer 芦鈥 teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan, y en conexi贸n con las circunstancias econ贸micas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos sociales禄 (STC 65/1987).

De lo anterior puede deducirse la trascendencia que para la sociedad espa帽ola tiene la aprobaci贸n del ingreso m铆nimo vital. Porque, m谩s all谩 de la dimensi贸n coyuntural que una medida como esta tiene en el actual contexto de crisis provocado por la pandemia, la nueva prestaci贸n se integra con vocaci贸n estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad Social reforzando decisivamente su contenido como garant铆a institucional 芦鈥 cuya preservaci贸n se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales禄 (STC 32/1981).

V

El real decreto-ley se estructura en nueve cap铆tulos, treinta y siete art铆culos, cinco disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposici贸n derogatoria, once disposiciones finales y dos anexos.

El cap铆tulo I recoge las disposiciones generales del ingreso m铆nimo vital, regulando el objeto, el concepto y naturaleza, as铆 como sus caracter铆sticas.

El principal objetivo del ingreso m铆nimo vital ser谩 la reducci贸n de la pobreza, especialmente la pobreza extrema, y la redistribuci贸n de la riqueza. Al asegurar un determinado nivel de renta con independencia del lugar de residencia, esta prestaci贸n de la Seguridad Social promover谩 la igualdad efectiva de todos los espa帽oles.

El cap铆tulo II se ocupa del 谩mbito subjetivo del ingreso m铆nimo vital.

Podr谩n ser beneficiarias del ingreso m铆nimo vital las personas que vivan solas o los integrantes de una unidad de convivencia que, con car谩cter general, estar谩 formada por dos o m谩s personas que residan en la misma vivienda y que est茅n unidas entre s铆 por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, si bien se establecen excepciones para contemplar determinados supuestos, como es el caso de las personas que sin tener v铆nculos familiares comparten vivienda por situaci贸n de necesidad. En todo caso, para tener la condici贸n de beneficiario, se exigen una serie de requisitos para el acceso y el mantenimiento del derecho a la prestaci贸n.

Se regula tambi茅n la figura del titular de la prestaci贸n, que ser谩n las personas con plena capacidad de obrar que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia, asumiendo tambi茅n, en este 煤ltimo caso, la representaci贸n de la unidad de convivencia.

En todo caso el derecho a la prestaci贸n se configura en funci贸n de la situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica. A estos efectos, se va a considerar que se da esta situaci贸n cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, sea al menos 10 euros inferior al nivel de renta garantizada para cada supuesto previsto, en funci贸n de las caracter铆sticas de la persona beneficiaria individual o la unidad de convivencia, requiri茅ndose adem谩s que su patrimonio, excluida la vivienda habitual, sea inferior a los l铆mites establecidos en el real decreto-ley.

Se prev茅, por 煤ltimo, el r茅gimen de compatibilidad del ingreso m铆nimo vital con el empleo, de forma que la percepci贸n de esta prestaci贸n no desincentive la participaci贸n en el mercado laboral.

El cap铆tulo III se ocupa de la acci贸n protectora.

El ingreso m铆nimo vital es una prestaci贸n econ贸mica de periodicidad mensual que cubre la diferencia entre el conjunto de ingresos que ha recibido el hogar unipersonal o la unidad de convivencia durante el a帽o anterior y la renta garantizada determinada por el real decreto-ley para cada supuesto, que, para el ejercicio 2020, se deduce de aplicar la escala establecida en el anexo I del real decreto-ley.

La renta garantizada para un hogar unipersonal es el equivalente al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social vigente en cada momento, dividido por 12. El importe de la renta garantizada se incrementa en funci贸n de la composici贸n de la unidad de convivencia mediante la aplicaci贸n de unas escalas de incrementos.

El ingreso m铆nimo vital protege especialmente a los hogares monoparentales, estableciendo un complemento de monoparentalidad del 22 por ciento de la cuant铆a mensual de la pensi贸n no contributiva unipersonal. Asimismo, protege de manera m谩s intensa a la infancia, al establecer escalas de equivalencia para los menores superiores a las utilizadas habitualmente en este tipo de prestaciones.

Con el fin de garantizar un determinado nivel de ingresos a los hogares en situaci贸n de vulnerabilidad, el ingreso m铆nimo vital tiene car谩cter indefinido y se mantendr谩 siempre y cuando subsistan las causas que motivaron su concesi贸n.

En este cap铆tulo se determinan asimismo las causas de suspensi贸n y extinci贸n del derecho, las incompatibilidades y el reintegro de las prestaciones indebidas. Por otra parte, se definen los conceptos de renta y de patrimonio que se tendr谩n en cuenta para el c贸mputo de los ingresos y de la situaci贸n patrimonial, a partir de lo cual se determinar谩 el derecho a la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital.

En el c贸mputo de ingresos quedan expresamente excluidas las prestaciones auton贸micas concedidas en concepto de rentas m铆nimas. Por tanto, el ingreso m铆nimo vital se configura como una prestaci贸n 芦suelo禄 que se hace compatible con las prestaciones auton贸micas que las comunidades aut贸nomas, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas m铆nimas, tanto en t茅rminos de cobertura como de generosidad. De esta forma, el dise帽o del ingreso m铆nimo vital, respetando el principio de autonom铆a pol铆tica, permite a las comunidades aut贸nomas modular su acci贸n protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio, al tiempo que preserva su papel como 煤ltima red de protecci贸n asistencial.

Finalmente, se recogen los mecanismos para acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestaci贸n.

El cap铆tulo IV regula el procedimiento para la solicitud, el inicio de la tramitaci贸n y resoluci贸n del ingreso m铆nimo vital.

Con el objeto de facilitar la presentaci贸n de la solicitud se habilitar谩n diferentes canales a disposici贸n de los ciudadanos. Asimismo, se podr谩n suscribir convenios con las comunidades aut贸nomas y entidades locales para la presentaci贸n de las solicitudes e iniciaci贸n y tramitaci贸n del expediente, por su proximidad y conocimiento de la realidad social de su territorio.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ser谩 el competente para el reconocimiento y control de la prestaci贸n, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios y de las disposiciones adicionales cuarta y quinta. La tramitaci贸n del procedimiento se realizar谩 por medios telem谩ticos.

El cap铆tulo V regula la cooperaci贸n entre las administraciones p煤blicas.

Se contempla la promoci贸n de estrategias de inclusi贸n de las personas beneficiarias del ingreso m铆nimo vital, en coordinaci贸n con todas las administraciones involucradas. Asimismo, se prev茅 la firma de convenios con otros 贸rganos de la administraci贸n, con comunidades aut贸nomas y entidades locales, pudiendo estos convenios regir la cooperaci贸n en el procedimiento administrativo, en el desarrollo de estrategias de inclusi贸n o en cualquier otro 谩mbito de relevancia para los fines del ingreso m铆nimo vital.

El real decreto-ley crea la Comisi贸n de seguimiento del ingreso m铆nimo vital, como 贸rgano de cooperaci贸n con las comunidades aut贸nomas y entidades locales en materia de inclusi贸n, as铆 como el Consejo consultivo del ingreso m铆nimo vital, como 贸rgano de consulta y participaci贸n con las entidades del Tercer Sector de Acci贸n Social y las organizaciones sindicales y empresariales.

El cap铆tulo VI determina el r茅gimen de financiaci贸n del ingreso m铆nimo vital, que se realizar谩 a cargo del Estado mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos de la Seguridad Social.

Los cap铆tulos VII y VIII establecen, respectivamente, el r茅gimen de obligaciones y el de infracciones y sanciones.

La econom铆a informal perjudica tanto a las personas que trabajan de esta forma, que en determinados momentos de su vida se encontrar谩n sin la protecci贸n social necesaria por la falta de cotizaci贸n previa, como a la sociedad en su conjunto por la menor recaudaci贸n impositiva y, por tanto, la merma de la capacidad del Estado para el desarrollo de las pol铆ticas p煤blicas.

El ingreso m铆nimo vital, al ser compatible con los rendimientos del trabajo y estar acompa帽ado de un mecanismo incentivador al empleo, as铆 como de las obligaciones de los beneficiarios de participar en las estrategias de inclusi贸n que promueva el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, y de figurar como demandantes de empleo en caso de no trabajar, brindar谩 la oportunidad de incorporarse a la econom铆a formal a personas y colectivos que tradicionalmente han venido trabajando fuera de este 谩mbito. La incorporaci贸n al trabajo formal y el disfrute de los beneficios sociales y econ贸micos que esto supone actuar谩 en muchos casos como barrera para la vuelta de estas personas a la econom铆a informal, con los beneficios individuales y colectivos que ello comporta para la sociedad en su conjunto.

En el caso del trabajo por cuenta ajena, la econom铆a informal no ser铆a posible sin la colaboraci贸n necesaria de aquellos empresarios que, con esta forma de actuar, persiguen eludir impuestos y reducir los costes laborales de su actividad. Por este motivo, la lucha contra la econom铆a informal debe desarrollarse en un doble 谩mbito: tanto por el lado de los trabajadores, como por el lado de los empresarios que ostentan en esta ocasi贸n la figura del cooperador necesario, sin la cual la infracci贸n no ser铆a posible. Por tanto, la reducci贸n de la econom铆a informal requiere necesariamente de la equiparaci贸n del autor de la infracci贸n con el cooperador necesario, en este caso el empresario, a la hora de imponer la sanci贸n.

En este sentido, el real decreto-ley establece que tanto las personas titulares y beneficiarias del derecho que hayan cometido la infracci贸n, como aquellas otras que hubiesen cooperado en su comisi贸n, ser谩n responsables de las infracciones tipificadas en el real decreto-ley.

Asimismo, y con id茅ntica finalidad, se establecen sanciones accesorias como la extinci贸n del derecho o la imposibilidad de resultar beneficiario a futuro, sin perjuicio del necesario reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, para los casos de falseamiento, ocultaci贸n fraudulenta de cambios en la situaci贸n o cualquier otra actuaci贸n fraudulenta que den lugar al acceso indebido a la prestaci贸n, a su mantenimiento o a un aumento indebido de su importe.

El cap铆tulo IX regula el r茅gimen de control financiero de esta prestaci贸n.

La disposici贸n adicional primera incluye un mandato a regular reglamentariamente el Sello de Inclusi贸n Social, con el que se distinguir谩 a aquellos empleadores de beneficiarios del ingreso m铆nimo vital que contribuyan al tr谩nsito de los beneficiarios del ingreso m铆nimo vital desde una situaci贸n de riesgo de pobreza y exclusi贸n a la participaci贸n activa en la sociedad.

La disposici贸n adicional segunda prev茅 la inclusi贸n de las prestaciones del ingreso m铆nimo vital en el Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas.

La disposici贸n adicional tercera regula el cr茅dito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso m铆nimo vital en el ejercicio 2020.

La disposici贸n adicional cuarta contempla el estudio por parte del Gobierno de la celebraci贸n de convenios con comunidades aut贸nomas que contemplen f贸rmulas de gesti贸n de la prestaci贸n.

La disposici贸n adicional quinta regula la aplicaci贸n del real decreto-ley en los territorios forales, en atenci贸n a la especificidad de las Haciendas Forales. As铆, se contempla que dichos territorios asuman las funciones y servicios que el real decreto-ley atribuye al Instituto Nacional de Seguridad Social y se prev茅 que, mientras no se asuman dichas funciones, se firme una encomienda de gesti贸n.

La disposici贸n transitoria primera determina la prestaci贸n transitoria del ingreso m铆nimo vital durante 2020, para los beneficiarios de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, que cumplan determinados requisitos y cuya asignaci贸n econ贸mica sea inferior al importe de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital.

A partir del 31 de diciembre de 2020, los beneficiarios que mantengan los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de la prestaci贸n transitoria, pasar谩n a ser beneficiarios del ingreso m铆nimo vital. Apreci谩ndose en estos momentos circunstancias de extraordinaria necesidad derivadas de la crisis sanitaria que requieren su cobertura urgente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocer谩 la prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital a los actuales beneficiarios de la prestaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que re煤nan determinados requisitos. Para la comprobaci贸n de dichos requisitos, de forma extraordinaria, como excepci贸n al art铆culo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no se considerar谩 necesario recabar el consentimiento para la tramitaci贸n de la prestaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo, en tanto en cuanto la prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital supone una mejora en la misma.

La disposici贸n transitoria segunda regula el d铆a a partir del cual podr谩n presentarse solicitudes y el momento a partir del cual se devenga la prestaci贸n.

La disposici贸n transitoria tercera prev茅 un procedimiento excepcional relacionado directamente con la situaci贸n econ贸mica generada a ra铆z de la pandemia del COVID-19, que tiene por objeto asegurar que el ingreso m铆nimo vital llegue con urgencia a las personas y hogares que m谩s lo necesitan y que m谩s est谩n padeciendo las consecuencias de la crisis. As铆, se permite el reconocimiento de la prestaci贸n para las solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situaci贸n de ingresos durante este a帽o, en lugar de los ingresos del a帽o anterior, al objeto de poder tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad generadas por las consecuencias econ贸micas y sociales que est谩 ocasionando el COVID-19. En particular, a efectos de acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, se considerar谩n los ingresos que haya tenido la persona o unidad de convivencia durante este a帽o, siempre y cuando en el ejercicio anterior no supere la mitad de los l铆mites de patrimonio establecidos de forma general para las citadas unidades de convivencia y cuyos ingresos no superen en m谩s del 50 por ciento de los l铆mites establecidos para toda la unidad de convivencia en el ejercicio 2019 en los t茅rminos establecidos en el presente real decreto-ley.

La disposici贸n transitoria cuarta prev茅 que, hasta el 31 de diciembre y con car谩cter excepcional, el control sobre el reconocimiento del derecho y de la obligaci贸n de los expedientes de la prestaci贸n no contributiva de ingreso m铆nimo vital ser谩 exclusivamente la de control financiero permanente.

La urgente necesidad de proceder al pago de estas prestaciones, ante la necesidad social derivada de la crisis del COVID-19, hace que los plazos de implementaci贸n sean extraordinariamente breves, dificultando el desarrollo de los sistemas inform谩ticos adecuados, as铆 como reordenar los procedimientos de control.

La disposici贸n transitoria quinta, por su parte, regula una exenci贸n del pago de precios p煤blicos por servicios acad茅micos universitarios del curso acad茅mico 2020/2021 para aquellos a quienes se reconozca la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital entre los meses de junio y diciembre de 2020 y, habiendo solicitado una beca de la Administraci贸n General del Estado para cursar estudios postobligatorios no la obtengan por superar los umbrales de renta y patrimonio. La situaci贸n socioecon贸mica provocada por la COVID-19 justifica la adopci贸n de medidas para fomentar el acceso a la ense帽anza superior p煤blica. La obtenci贸n de una beca para la realizaci贸n de estudios conducentes a la obtenci贸n de un t铆tulo universitario de car谩cter oficial lleva aparejada, con car谩cter general, la exenci贸n del pago de los precios p煤blicos por dichos servicios acad茅micos. Sin embargo, el contexto actual demanda medidas extraordinarias para evitar el abandono escolar de personas que se hayan visto gravemente afectadas por la pandemia.

La disposici贸n transitoria sexta regula el r茅gimen de financiaci贸n del ingreso m铆nimo vital durante 2020, especificando que se dotar谩n, mediante modificaci贸n presupuestaria, los cr茅ditos presupuestarios que resulten adecuados para la financiaci贸n del ingreso m铆nimo vital.

La disposici贸n transitoria s茅ptima regula la integraci贸n de la prestaci贸n por hijo o menor a cargo en la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital. A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley no podr谩n presentarse nuevas solicitudes para la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, sin perjuicio de las personas beneficiarias que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso m铆nimo vital podr谩n ejercer el derecho de opci贸n para volver a la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social.

Asimismo, se precisa el r茅gimen transitorio aplicable a las personas beneficiarias de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

La disposici贸n derogatoria 煤nica dispone la derogaci贸n de cuantas normas se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.

La disposici贸n final primera modifica el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales p煤blicas, al objeto de que se incorpore desde el momento de su puesta en marcha la prestaci贸n econ贸mica del ingreso m铆nimo vital.

La disposici贸n final segunda modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para incluir la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital dentro de la relaci贸n de cr茅ditos incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social que se consideran ampliables en la cuant铆a resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden.

La disposici贸n final tercera modifica el texto refundido de la Ley de garant铆as y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, para incluir a las personas beneficiarias del ingreso m铆nimo vital entre las personas que se encuentran exentas de la aportaci贸n de los usuarios a la prestaci贸n farmac茅utica ambulatoria.

La disposici贸n final cuarta modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, al objeto de incluir la prestaci贸n del ingreso m铆nimo dentro de la acci贸n protectora del sistema de la Seguridad Social y de incorporar las necesarias obligaciones de facilitaci贸n de datos para el reconocimiento, gesti贸n y supervisi贸n de la prestaci贸n por parte del Ministerio de Hacienda, comunidades aut贸nomas, diputaciones forales, Ministerio del Interior, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Instituto de Mayores y Servicios Sociales y organismos competentes auton贸micos. Asimismo, se suprime la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, pues esta prestaci贸n se integrar谩 en el ingreso m铆nimo vital.

La disposici贸n final quinta modifica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a帽o 2018, para la creaci贸n de la Tarjeta Social Digital, con el objetivo de mejorar y coordinar las pol铆ticas de protecci贸n social impulsadas por las diferentes administraciones p煤blicas.

La disposici贸n final sexta pretende incentivar la participaci贸n de las entidades locales en la iniciaci贸n e instrucci贸n del procedimiento del ingreso m铆nimo vital, posibilitando que los gastos que se deriven del desarrollo de estas funciones se puedan financiar con cargo al super谩vit previsto al cierre del ejercicio, y previendo que a efectos de determinar en relaci贸n con el ejercicio 2020 la situaci贸n de incumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria se tendr谩 en consideraci贸n, con car谩cter excepcional, si aquella ha estado causada por estos gastos.

La disposici贸n final s茅ptima autoriza al Gobierno para actualizar los valores, escalas y porcentajes del real decreto-ley, cuando, atendiendo a la evoluci贸n de las circunstancias sociales y econ贸micas y de las situaciones de vulnerabilidad, as铆 como a las evaluaciones peri贸dicas de la AIReF, se aprecie la necesidad de dicha modificaci贸n con el fin de que la prestaci贸n pueda mantener su acci贸n protectora dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, lograr la inclusi贸n social y suplir las carencias de recursos econ贸micos para la cobertura de necesidades b谩sicas.

La disposici贸n final octava recoge la cl谩usula de salvaguardia para la modificaci贸n que se efect煤a del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales p煤blicas, con el fin de que el ingreso m铆nimo vital se incorpore en dicho registro desde el momento de su puesta en marcha.

La disposici贸n final novena establece el t铆tulo competencial y la disposici贸n final d茅cima introduce una habilitaci贸n para desarrollo reglamentario.

Finalmente, la disposici贸n final decimoprimera determina la entrada en vigor del real decreto-ley, que tendr谩 lugar el mismo d铆a de su publicaci贸n en el 芦Bolet铆n Oficial del Estado禄.

VI

La adopci贸n de medidas de car谩cter econ贸mico mediante real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivaci贸n expl铆cita y razonada de la necesidad 鈥揺ntendiendo por tal que la coyuntura econ贸mica exige una r谩pida respuesta鈥 y la urgencia 鈥揳sumiendo como tal que la dilaci贸n en el tiempo de la adopci贸n de la medida de que se trate mediante una tramitaci贸n por el cauce normativo ordinario podr铆a generar alg煤n perjuicio.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l铆cito, siempre que el fin que justifica la legislaci贸n de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situaci贸n concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif铆ciles de prever requiere una acci贸n normativa inmediata en un plazo m谩s breve que el requerido por la v铆a normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci贸n parlamentaria de las leyes.

El impacto econ贸mico y social que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 est谩 ejerciendo sobre las personas en situaci贸n de vulnerabilidad, y el riesgo de cronificaci贸n y aumento de la pobreza en el futuro si no se adoptan medidas con car谩cter inmediato, ponen de manifiesto la concurrencia de los motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar la norma reguladora del ingreso m铆nimo vital.

Aunque todav铆a es muy pronto para disponer de datos estad铆sticos sobre el impacto de la COVID-19 en las tasas de pobreza de nuestro pa铆s, informes y comunicados emitidos por algunas instituciones ponen de manifiesto que la p茅rdida de ingresos motivada por la emergencia sanitaria ha afectado m谩s intensamente a los hogares que antes de la crisis ya ten铆an ingresos muy bajos.

En este sentido, C谩ritas alerta de los efectos sociales que esta emergencia sanitaria creada por el coronavirus puede producir en las familias en situaci贸n de pobreza y exclusi贸n que, seg煤n datos de Fundaci贸n Fomento de Estudios Sociales y Sociolog铆a Aplicada (FOESSA), es de 8,5 millones de personas, el 18,4% de la poblaci贸n espa帽ola. De entre los 8,5 millones de personas que se encuentran en exclusi贸n social, hay un grupo de 1,8 millones de personas que acumulan tal cantidad de problemas y necesidades que ser谩n las primeras en notar el par贸n de nuestra econom铆a.

Por su parte, Cruz Roja se帽ala que m谩s de 12 millones personas en Espa帽a, m谩s del 26% de la poblaci贸n, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusi贸n social, siendo las que actualmente se encuentran aisladas y en confinamiento las que est谩n viviendo una situaci贸n de mayor vulnerabilidad.

Desde la Federaci贸n Espa帽ola de Bancos de Alimentos (FESBAL), indican que como consecuencia de la anterior crisis econ贸mica llegaron a atender a un mill贸n setecientas mil personas en los peores a帽os, m谩s del doble de las que atend铆an hasta entonces, y temen que ahora la situaci贸n acabe siendo muy parecida o incluso peor. En apenas un par de meses la demanda de alimentos se ha disparado un 30%.

Porque en el actual escenario de contenci贸n y prevenci贸n del COVID-19 tan urgente y necesario es atajar la epidemia y evitar su propagaci贸n para proteger la salud p煤blica, como tambi茅n lo es adoptar medidas de contenido econ贸mico y social para afrontar sus consecuencias en la ciudadan铆a, en particular, en los colectivos vulnerables.

En esta l铆nea de razonamiento, y siguiendo la doctrina constitucional (STC 61/2018), cabe argumentar que el recurso al decreto-ley para la creaci贸n del ingreso m铆nimo vital tiene una doble motivaci贸n cada una de las cuales, por s铆 sola, servir铆a para justificar la iniciativa.

Por un lado, nos recuerda la citada sentencia que el uso del decreto-ley se ha venido aceptando en situaciones que se han calificado como 芦coyunturas econ贸micas problem谩ticas禄. Y parece evidente que la magnitud de la tragedia por la p茅rdida de vidas humana y las devastadoras consecuencias sociales y econ贸micas derivadas de la necesaria adopci贸n de medidas para la contenci贸n de la pandemia justifican suficientemente la actuaci贸n normativa de urgencia.

Pero tambi茅n ha admitido, por otro lado, 芦鈥 que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por s铆 sola, la utilizaci贸n de la figura del decreto-ley, pues el posible car谩cter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobaci贸n de un decreto-ley, lo que deber谩 ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3)禄. Tal apreciaci贸n parece particularmente aplicable a una iniciativa como esta en la que se incorpora una nueva prestaci贸n, con un n煤mero potencial de beneficiarios muy importante, al sistema de Seguridad Social, verdadera columna vertebral de nuestro Estado social y democr谩tico de derecho.

En suma, dentro del juicio pol铆tico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3), los motivos de oportunidad que acaban de exponerse justifican amplia y razonadamente la adopci贸n de la presente norma, al responder a la finalidad leg铆tima de aprobar medidas que contribuyan a abordar de forma inmediata el grav铆simo impacto econ贸mico y social provocado por el COVID-19 (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).

Debe se帽alarse tambi茅n que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b谩sicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T铆tulo I de la Constituci贸n, al r茅gimen de las comunidades aut贸nomas ni al Derecho electoral general.

A la vista de lo expuesto anteriormente, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art铆culo 86 de la Constituci贸n Espa帽ola como presupuestos habilitantes para recurrir al instrumento jur铆dico del real decreto-ley.

Este real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur铆dica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com煤n de las Administraciones P煤blicas. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el inter茅s general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el real decreto-ley el instrumento m谩s adecuado para garantizar su consecuci贸n.

La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulaci贸n imprescindible para la consecuci贸n de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur铆dica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur铆dico.

En relaci贸n con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone cargas administrativas que no est茅n justificadas para la consecuci贸n de sus fines.

Se except煤an los tr谩mites de consulta p煤blica y de audiencia e informaci贸n p煤blicas, conforme el art铆culo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

No obstante, con el fin de garantizar la coordinaci贸n y la adecuaci贸n de la norma a la realidad territorial, se ha llevado a cabo un intenso di谩logo con las comunidades y ciudades aut贸nomas, as铆 como con la Federaci贸n Espa帽ola de Municipios y Provincias. Asimismo, se ha incluido en el di谩logo social con los agentes sociales y se ha desarrollado un amplio proceso de consulta con numerosas entidades del Tercer Sector de Acci贸n Social.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art铆culo 149.1.1.陋, 13.陋, 14.陋, 17.陋 y 18.陋 de la Constituci贸n Espa帽ola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulaci贸n de las condiciones b谩sicas que garanticen la igualdad de todos los espa帽oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; bases y coordinaci贸n de la planificaci贸n general de la actividad econ贸mica; hacienda general y deuda del Estado; legislaci贸n b谩sica y r茅gimen econ贸mico de la Seguridad Social; y bases del r茅gimen jur铆dico de las administraciones p煤blicas y el procedimiento administrativo com煤n.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci贸n contenida en el art铆culo 86 de la Constituci贸n Espa帽ola, a propuesta del Ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones y del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, y previa deliberaci贸n del Consejo de Ministros en su reuni贸n del d铆a 29 de mayo de 2020,

DISPONGO:

CAP脥TULO I
Disposiciones generales
Art铆culo 1. Objeto.
El presente real decreto-ley tiene por objeto la creaci贸n y regulaci贸n del ingreso m铆nimo vital como prestaci贸n dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusi贸n social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situaci贸n de vulnerabilidad por carecer de recursos econ贸micos suficientes para la cobertura de sus necesidades b谩sicas.

Art铆culo 2. Concepto y naturaleza.

  1. El ingreso m铆nimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestaci贸n de naturaleza econ贸mica que garantiza un nivel m铆nimo de renta a quienes se encuentren en situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica en los t茅rminos que se definen en el presente real decreto-ley. A trav茅s de este instrumento se persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusi贸n social y laboral de las personas beneficiarias.
  2. En desarrollo del art铆culo 41 de la Constituci贸n Espa帽ola, y sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades aut贸nomas en el ejercicio de sus competencias, el ingreso m铆nimo vital forma parte de la acci贸n protectora del sistema de la Seguridad Social como prestaci贸n econ贸mica en su modalidad no contributiva.

Art铆culo 3. Caracter铆sticas.
El ingreso m铆nimo vital presenta las siguientes caracter铆sticas:

a) Garantiza un nivel m铆nimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de los recursos econ贸micos de cualquier naturaleza de que disponga la persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y la cuant铆a de renta garantizada para cada supuesto en los t茅rminos del art铆culo 10.

b) Se articula en su acci贸n protectora diferenciando seg煤n se dirija a un beneficiario individual o a una unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su estructura y caracter铆sticas espec铆ficas.

c) Es una prestaci贸n cuya duraci贸n se prolongar谩 mientras persista la situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su percepci贸n.

d) Se configura como una red de protecci贸n dirigida a permitir el tr谩nsito desde una situaci贸n de exclusi贸n a una de participaci贸n en la sociedad. Contendr谩 para ello en su dise帽o incentivos al empleo y a la inclusi贸n, articulados a trav茅s de distintas f贸rmulas de cooperaci贸n entre administraciones.

e) Es intransferible. No podr谩 ofrecerse en garant铆a de obligaciones, ni ser objeto de cesi贸n total o parcial, compensaci贸n o descuento, retenci贸n o embargo, salvo en los supuestos y con los l铆mites previstos en el art铆culo 44 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

CAP脥TULO II
脕mbito subjetivo de aplicaci贸n
Art铆culo 4. Personas beneficiarias.

  1. Podr谩n ser beneficiarias del ingreso m铆nimo vital:

a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia en los t茅rminos establecidos en este real decreto-ley.

b) Las personas de al menos 23 a帽os y menores de 65 a帽os que viven solas, o que, compartiendo domicilio con una unidad de convivencia en los supuestos del art铆culo 6.2.c), no se integran en la misma, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

1.潞 No estar unidas a otra por v铆nculo matrimonial o como pareja de hecho en los t茅rminos definidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 8/2015, de 30 de octubre, salvo las que hayan iniciado los tr谩mites de separaci贸n o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente, a las que no se les exigir谩 el cumplimiento de esta circunstancia.

2.潞 No formar parte de otra unidad de convivencia, de conformidad con lo previsto en el presente real decreto-ley.

No se exigir谩 el cumplimiento de los requisitos de edad, ni los previstos en los apartados 1潞 y 2潞 de esta letra, en los supuestos de mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero o v铆ctimas de trata de seres humanos y explotaci贸n sexual.

  1. No podr谩n ser beneficiarias de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital las personas usuarias de una prestaci贸n de servicio residencial, de car谩cter social, sanitario o sociosanitario, con car谩cter permanente y financiada con fondos p煤blicos, salvo en el supuesto de mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero o v铆ctimas de trata de seres humanos y explotaci贸n sexual, as铆 como otras excepciones que se establezcan reglamentariamente.
  2. Las personas beneficiarias deber谩n cumplir los requisitos de acceso a la prestaci贸n establecidos en el art铆culo 7, as铆 como las obligaciones para el mantenimiento del derecho establecidas en el art铆culo 33.

Art铆culo 5. Titulares del ingreso m铆nimo vital.

  1. Son titulares de esta prestaci贸n las personas con plena capacidad de obrar que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia. En este 煤ltimo caso, la persona titular asumir谩 la representaci贸n de la citada unidad.

La solicitud deber谩 ir firmada, en su caso, por todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de edad que no se encuentren incapacitados judicialmente.

  1. Las personas titulares, cuando est茅n integradas en una unidad de convivencia, deber谩n tener una edad m铆nima de 23 a帽os, o ser mayor de edad o menor emancipado en caso de tener hijos o menores en r茅gimen de guarda con fines de adopci贸n o acogimiento familiar permanente, y deber谩n ser menores de 65 a帽os. Excepcionalmente, cuando la unidad de convivencia est茅 integrada solo por mayores de 65 a帽os y menores de edad o incapacitados judicialmente, ser谩 titular el mayor de 65 a帽os que solicite la prestaci贸n.

En caso de no integrarse en una unidad de convivencia, la edad m铆nima de la persona titular ser谩 de 23 a帽os, salvo en los supuestos de mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero o v铆ctimas de trata de seres humanos y explotaci贸n sexual, en los que se exigir谩 que la persona titular sea mayor de edad.

  1. En el supuesto de que en una unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar tal condici贸n, ser谩 considerada titular la persona a la que se le reconozca la prestaci贸n solicitada en nombre de la unidad de convivencia.
  2. En los t茅rminos que se establezcan reglamentariamente, la entidad gestora podr谩 acordar el pago de la prestaci贸n a otro de los miembros de la unidad de convivencia distintos del titular.
  3. En un mismo domicilio podr谩 haber un m谩ximo de dos titulares.

Art铆culo 6. Unidad de convivencia.

  1. Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que est茅n unidas entre s铆 por v铆nculo matrimonial o como pareja de hecho en los t茅rminos del art铆culo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o por v铆nculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopci贸n, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopci贸n o acogimiento familiar permanente.

El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia no alterar谩 la consideraci贸n de tal, aunque dicho fallecimiento suponga la p茅rdida, entre los sup茅rstites, de los v铆nculos previstos en el apartado anterior.

  1. Como excepci贸n al apartado anterior, tambi茅n tendr谩n la consideraci贸n de unidad de convivencia a los efectos previstos en este real decreto-ley:

a) La constituida por una persona v铆ctima de violencia de g茅nero que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompa帽ada de sus hijos o menores en r茅gimen de guarda con fines de adopci贸n o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.

b) La constituida por una persona acompa帽ada de sus hijos o menores en r茅gimen de guarda con fines de adopci贸n o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, que haya iniciado los tr谩mites de separaci贸n o divorcio.

c) La formada por dos o m谩s personas de al menos 23 a帽os y menores de 65 que, sin mantener entre s铆 una relaci贸n de las consignadas en este precepto, habiten en un mismo domicilio en los t茅rminos que reglamentariamente se determinen. En los casos en los que una o varias personas comparten vivienda con una unidad de convivencia, se entender谩 que no forman parte de esta a efectos de la prestaci贸n, consider谩ndose la existencia de dos unidades de convivencia, una formada por las personas que carecen de v铆nculo entre s铆 y otra la constituida por los miembros de una familia, o, en su caso, de una unidad de convivencia constituida por los miembros de la familia o relaci贸n an谩loga y una persona beneficiaria individual.

  1. Se considerar谩 que no rompe la convivencia la separaci贸n transitoria por raz贸n de estudios, trabajo, tratamiento m茅dico, rehabilitaci贸n u otras causas similares.

A tal efecto, es requisito para la consideraci贸n de integrante de la unidad de convivencia la residencia efectiva, legal y continuada en Espa帽a.

  1. En ning煤n caso una misma persona podr谩 formar parte de dos o m谩s unidades de convivencia.

Art铆culo 7. Requisitos de acceso.

  1. Todas las personas beneficiarias, est茅n o no integradas en una unidad de convivencia, deber谩n cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener residencia legal y efectiva en Espa帽a y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el a帽o inmediatamente anterior a la fecha de presentaci贸n de la solicitud. No se exigir谩 este requisito respecto de:

1.潞 Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopci贸n, guarda con fines de adopci贸n o acogimiento familiar permanente.

2.潞 Las personas v铆ctimas de trata de seres humanos y de explotaci贸n sexual, que acreditar谩n esta condici贸n a trav茅s de un informe emitido por los servicios p煤blicos encargados de la atenci贸n integral a estas v铆ctimas o por los servicios sociales, as铆 como por cualquier otro medio de acreditaci贸n que se desarrolle reglamentariamente.

3.潞 Las mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero. Esta condici贸n se acreditar谩 por cualquiera de los medios establecidos en el art铆culo 23 de la Ley Org谩nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci贸n Integral contra la Violencia de G茅nero.

A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestaci贸n, se entender谩 que una persona tiene su residencia habitual en Espa帽a aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa d铆as naturales a lo largo de cada a帽o natural, o cuando la ausencia del territorio espa帽ol est茅 motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.

b) Encontrarse en situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 8.

c) Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho, en los t茅rminos que se fijen reglamentariamente. Quedan exceptuados los salarios sociales, rentas m铆nimas de inserci贸n o ayudas an谩logas de asistencia social concedidas por las comunidades aut贸nomas.

d) Si no est谩n trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

  1. Las personas beneficiarias a las que se refiere el art铆culo 4.1.b) y el art铆culo 6.2.c) deber谩n haber vivido de forma independiente durante al menos tres a帽os antes de la solicitud del ingreso m铆nimo vital.

Se entender谩 que una persona ha vivido de forma independiente si ha permanecido en situaci贸n de alta en cualquiera de los reg铆menes que integran el sistema de la Seguridad Social durante al menos doce meses, continuados o no, y siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante tres a帽os inmediatamente anteriores a la solicitud.

Este requisito no se exigir谩 a las personas que por ser v铆ctimas de violencia de g茅nero hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los tr谩mites de separaci贸n o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.

  1. Cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se exigir谩 que la misma est茅 constituida, en los t茅rminos del art铆culo 6, durante al menos el a帽o anterior a la presentaci贸n de la solicitud, de forma continuada.

Este requisito no se exigir谩 en los casos de nacimiento, adopci贸n, guarda con fines de adopci贸n o acogimiento familiar permanente de menores, en los supuestos a) y b) del art铆culo 6.2, en los supuestos de mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero o v铆ctimas de trata de seres humanos y explotaci贸n sexual, o en otros supuestos justificados, que puedan determinarse reglamentariamente.

  1. Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deber谩n cumplirse en el momento de presentaci贸n de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisi贸n, y mantenerse al dictarse la resoluci贸n y durante el tiempo de percepci贸n del ingreso m铆nimo vital.

Art铆culo 8. Situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica.

  1. Para la determinaci贸n de la situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica a la que se refiere el art铆culo 7, se tomar谩 en consideraci贸n la capacidad econ贸mica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, comput谩ndose los recursos de todos sus miembros.
  2. Se apreciar谩 que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 18, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuant铆a mensual de la renta garantizada con esta prestaci贸n que corresponda en funci贸n de la modalidad y del n煤mero de miembros de la unidad de convivencia en los t茅rminos del art铆culo 10.

A efectos de este real decreto-ley, no computar谩n como ingresos los salarios sociales, rentas m铆nimas de inserci贸n o ayudas an谩logas de asistencia social concedidas por las comunidades aut贸nomas, y otros ingresos y rentas de acuerdo con lo previsto en el art铆culo 18.

  1. No se apreciar谩 que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio valorado, de acuerdo con los criterios que se contemplan en el art铆culo 18 de este real decreto-ley, en un importe igual o superior a tres veces la cuant铆a correspondiente de renta garantizada por el ingreso m铆nimo vital para una persona beneficiaria individual. En el caso de las unidades de convivencia, se entender谩 que no concurre este requisito cuando sean titulares de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a la cuant铆a resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II.

Igualmente quedar谩n excluidos del acceso al ingreso m铆nimo vital, independientemente de la valoraci贸n del patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil.

  1. Con el fin de que la percepci贸n del ingreso m铆nimo vital no desincentive la participaci贸n en el mercado laboral, la percepci贸n del ingreso m铆nimo vital ser谩 compatible con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los t茅rminos y con los l铆mites que reglamentariamente se establezcan. En estos casos, se establecer谩n las condiciones en las que la superaci贸n en un ejercicio de los l铆mites de rentas establecidos en el punto 2 del presente art铆culo por esta causa no suponga la p茅rdida del derecho a la percepci贸n del ingreso m铆nimo vital en el ejercicio siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco del di谩logo con las organizaciones empresariales y sindicales m谩s representativas, prestar谩 especial atenci贸n a la participaci贸n de las personas con discapacidad y las familias monoparentales.
  2. Reglamentariamente se podr谩n establecer, para supuestos excepcionales de vulnerabilidad que sucedan en el mismo ejercicio, los supuestos y condiciones en los que podr谩n computar los ingresos y rentas del ejercicio en curso a los efectos de acceso a esta prestaci贸n.

CAP脥TULO III
Acci贸n protectora
Art铆culo 9. Prestaci贸n econ贸mica.
El ingreso m铆nimo vital consistir谩 en una prestaci贸n econ贸mica que se fijar谩 y se har谩 efectiva mensualmente en los t茅rminos establecidos en este real decreto-ley y en sus normas de desarrollo.

Art铆culo 10. Determinaci贸n de la cuant铆a.

  1. La cuant铆a mensual de la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital que corresponde a la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendr谩 determinada por la diferencia entre la cuant铆a de la renta garantizada, seg煤n lo establecido en el apartado siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los t茅rminos establecidos en los art铆culos 8, 13 y 17, siempre que la cuant铆a resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.
  2. A los efectos se帽alados en el apartado anterior, se considera renta garantizada:

a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuant铆a mensual de renta garantizada ascender谩 al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas fijada anualmente en la ley de presupuestos generales del estado, dividido por doce.

b) En el caso de una unidad de convivencia la cuant铆a mensual de la letra a) se incrementar谩 en un 30 por ciento por miembro adicional a partir del segundo hasta un m谩ximo del 220 por ciento.

c) A la cuant铆a mensual establecida en la letra b) se sumar谩 un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22 por ciento de la cuant铆a establecida en la letra a) en el supuesto de que la unidad de convivencia sea monoparental. A los efectos de determinar la cuant铆a de la prestaci贸n, se entender谩 por unidad de convivencia monoparental la constituida por un solo adulto con uno o m谩s hijos menores con los que conviva, o uno o m谩s menores en r茅gimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopci贸n a su cargo, cuando constituye el sustentador 煤nico de la unidad de convivencia.

  1. Reglamentariamente se determinar谩 el posible incremento de las cuant铆as fijadas en los p谩rrafos anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10 por ciento de la renta garantizada que corresponda, en su cuant铆a anual, en funci贸n del tama帽o y configuraci贸n de la unidad de convivencia.
  2. Cuando los mismos hijos o menores o mayores incapacitados judicialmente formen parte de distintas unidades familiares en supuestos de custodia compartida establecida judicialmente, se considerar谩, a efectos de la determinaci贸n de la cuant铆a de la prestaci贸n, que forman parte de la unidad donde se encuentren domiciliados.
  3. Para el ejercicio 2020, la cuant铆a anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros. Para la determinaci贸n de la cuant铆a aplicable a las unidades de convivencia, se aplicar谩 la escala establecida en el anexo I sobre la base de la cuant铆a correspondiente a una persona beneficiaria individual.

Art铆culo 11. Derecho a la prestaci贸n y pago.

  1. El derecho a la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital nacer谩 a partir del primer d铆a del mes siguiente al de la fecha de presentaci贸n de la solicitud.
  2. El pago ser谩 mensual y se realizar谩 mediante transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la prestaci贸n, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento general de la gesti贸n financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 696/2018, de 29 de junio.

Art铆culo 12. Duraci贸n.

  1. El derecho a percibir la prestaci贸n econ贸mica del ingreso m铆nimo vital se mantendr谩 mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesi贸n y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en este real decreto-ley.
  2. Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas beneficiarias, integradas o no en una unidad de convivencia, estar谩n obligadas a poner en conocimiento de la entidad gestora competente, en el plazo de treinta d铆as naturales, aquellas circunstancias que afecten al cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones establecidos en este real decreto-ley.

Art铆culo 13. Modificaci贸n y actualizaci贸n de la cuant铆a de la prestaci贸n.

  1. El cambio en las circunstancias personales, econ贸micas o patrimoniales de la persona beneficiaria del ingreso m铆nimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podr谩 comportar la disminuci贸n o el aumento de la prestaci贸n econ贸mica mediante la revisi贸n correspondiente por la entidad gestora.
  2. La modificaci贸n tendr谩 efectos a partir del d铆a primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la modificaci贸n, siendo de aplicaci贸n lo dispuesto en el art铆culo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
  3. En cualquier caso, la cuant铆a de la prestaci贸n se actualizar谩 con efectos del d铆a 1 de enero de cada a帽o, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Cuando la variaci贸n de los ingresos anuales computables del ejercicio anterior motivara la extinci贸n de la prestaci贸n, esta surtir谩 igualmente efectos a partir del d铆a 1 de enero del a帽o siguiente a aqu茅l al que correspondan dichos ingresos.

Art铆culo 14. Suspensi贸n del derecho.

  1. El derecho al ingreso m铆nimo vital se suspender谩 por las siguientes causas:

a) P茅rdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.

b) Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de alg煤n miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestaci贸n.

c) Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, del titular o de alg煤n miembro de su unidad de convivencia de los requisitos establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestaci贸n, cuando as铆 se resuelva por parte de la entidad gestora.

En todo caso, se proceder谩 a la suspensi贸n cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa d铆as naturales al a帽o, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelaci贸n el mismo ni estar debidamente justificado.

d) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso m铆nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica por cuenta propia a que se refiere el art铆culo 8.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

e) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

  1. La suspensi贸n del derecho al ingreso m铆nimo vital implicar谩 la suspensi贸n del pago de la prestaci贸n a partir del primer d铆a del mes siguiente a aquel en que se produzcan las causas de suspensi贸n o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora competente y sin perjuicio de la obligaci贸n de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. La suspensi贸n se mantendr谩 mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma.

Si la suspensi贸n se mantiene durante un a帽o, el derecho a la prestaci贸n quedar谩 extinguido.

  1. Desaparecidas las causas que motivaron la suspensi贸n del derecho, se proceder谩 de oficio o a instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento. En caso contrario, se proceder谩 a la modificaci贸n o extinci贸n del derecho seg煤n proceda.
  2. La prestaci贸n se devengar谩 a partir del d铆a 1 del mes siguiente a la fecha en que hubieran deca铆do las causas que motivaron la suspensi贸n.

Art铆culo 15. Extinci贸n del derecho.

  1. El derecho a la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital se extinguir谩 por las siguientes causas:

a) Fallecimiento de la persona titular. No obstante, cuando se trate de unidades de convivencia, cualquier otro miembro que cumpla los requisitos establecidos en el art铆culo 6, podr谩 presentar una nueva solicitud en el plazo de tres meses a contar desde el d铆a siguiente a la fecha del fallecimiento para el reconocimiento, en su caso, de un nuevo derecho a la prestaci贸n en funci贸n de la nueva composici贸n de la unidad de convivencia. Los efectos econ贸micos del derecho que pueda corresponder a la unidad de convivencia en funci贸n de sus nuevas circunstancias se producir谩n a partir del d铆a primero del mes siguiente a la fecha del fallecimiento, siempre que se solicite dentro del plazo se帽alado.

b) P茅rdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestaci贸n.

c) Resoluci贸n reca铆da en un procedimiento sancionador, que as铆 lo determine.

d) Salida del territorio nacional sin comunicaci贸n ni justificaci贸n a la entidad gestora durante un periodo, continuado o no, superior a noventa d铆as naturales al a帽o.

e) Renuncia del derecho.

f) Suspensi贸n de un a帽o en los t茅rminos del art铆culo 14.2.

g) Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso m铆nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica por cuenta propia a que se refiere el art铆culo 8.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

h) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

  1. La extinci贸n del derecho a la prestaci贸n producir谩 efectos desde el primer d铆a del mes siguiente a la fecha en que concurran las causas extintivas.

Art铆culo 16. Incompatibilidad del ingreso m铆nimo vital con la asignaci贸n por hijo o menor a cargo.
La percepci贸n de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital ser谩 incompatible con la percepci贸n de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer el derecho de opci贸n por una de ellas.

Art铆culo 17. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.

  1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podr谩 revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los actos relativos a la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital, siempre que dicha revisi贸n se efect煤e dentro del plazo m谩ximo de cuatro a帽os desde que se dict贸 la resoluci贸n administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso podr谩 de oficio declarar y exigir la devoluci贸n de las prestaciones indebidamente percibidas.

La entidad gestora, podr谩 proceder en cualquier momento a la rectificaci贸n de errores materiales o de hecho y los aritm茅ticos, as铆 como las revisiones motivadas por la constataci贸n de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, as铆 como a la reclamaci贸n de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

En supuestos distintos a los indicados en los p谩rrafos anteriores, la revisi贸n en perjuicio de los beneficiarios se efectuar谩 de conformidad con el art铆culo 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci贸n social.

  1. Cuando mediante resoluci贸n se acuerde la extinci贸n o la modificaci贸n de la cuant铆a de la prestaci贸n como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su c谩lculo y no exista derecho a la prestaci贸n o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestaci贸n vendr谩n obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, y en el Reglamento General de Recaudaci贸n de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

Ser谩n responsables solidarios del reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas los beneficiarios y todas aquellas personas que en virtud de hechos, omisiones, negocios o actos jur铆dicos participen en la obtenci贸n de una prestaci贸n de forma fraudulenta.

Ser谩n exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e intereses que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda.

  1. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicar谩n los correspondientes recargos y comenzar谩 el devengo de intereses de demora, sin perjuicio de que estos 煤ltimos solo sean exigibles respecto del per铆odo de recaudaci贸n ejecutiva. En los supuestos que se determinen reglamentariamente, la entidad gestora podr谩 acordar compensar la deuda con las mensualidades del ingreso m铆nimo vital hasta un determinado porcentaje m谩ximo de cada mensualidad.

Art铆culo 18. C贸mputo de los ingresos y patrimonio.

  1. El c贸mputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevar谩 a cabo atendiendo a las siguientes reglas:

a) Con car谩cter general las rentas se computar谩n por su valor 铆ntegro, excepto las procedentes de actividades econ贸micas, de arrendamientos de inmuebles o de reg铆menes especiales, que se computar谩n por su rendimiento neto.

b) Los rendimientos procedentes de actividades econ贸micas, las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio y de los reg铆menes especiales, se computar谩n por la cuant铆a que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas o normativa foral correspondiente seg煤n la normativa vigente en cada per铆odo.

c) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendr谩n en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducci贸n a la que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas, o normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia. Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorar谩n seg煤n las normas establecidas para la imputaci贸n de rentas inmobiliarias en la citada normativa y correspondiente norma foral.

d) Computar谩 como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, p煤blicas o privadas.

e) Se exceptuar谩n del c贸mputo de rentas:

1.潞 Los salarios sociales, rentas m铆nimas de inserci贸n o ayudas an谩logas de asistencia social concedidas por las comunidades aut贸nomas.

2.潞 Las prestaciones y ayudas econ贸micas p煤blicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad espec铆fica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares.

3.潞 Las rentas exentas a las que se refieren los p谩rrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) e y) del art铆culo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas y de modificaci贸n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

  1. Para el c贸mputo de ingresos se tendr谩n en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud. El importe de la prestaci贸n ser谩 revisado cada a帽o teniendo en cuenta la informaci贸n de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qu茅 ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptar谩 el criterio fiscal.
  2. Para la determinaci贸n de los rendimientos mensuales de las personas que forman la unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas y de modificaci贸n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

No se computar谩n las rentas previstas en el apartado 1.e). A la suma de ingresos detallados anteriormente se restar谩 el importe del Impuesto sobre la renta devengado y las cotizaciones sociales.

  1. Se considera patrimonio la suma de los activos no societarios, sin incluir la vivienda habitual, y el patrimonio societario neto, tal como se definen en los siguientes apartados.
  2. Los activos no societarios son la suma de los siguientes conceptos:

a) Los inmuebles, excluida la vivienda habitual.

b) Las cuentas bancarias y dep贸sitos.

c) Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones de Inversi贸n Colectiva.

d) Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares.

  1. El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de sociedades en las que participen de forma directa o indirecta alguno de los miembros de la unidad de convivencia, con excepci贸n de las valoradas dentro de los activos no societarios.
  2. Los activos no societarios se valorar谩n de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los activos inmobiliarios de car谩cter residencial de acuerdo con el valor de referencia de mercado al que se hace referencia en al art铆culo 3.1 y la disposici贸n final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del inmueble.

b) El resto de activos inmobiliarios, bien sean de car谩cter urbano, bien sean de car谩cter r煤stico, de acuerdo con el valor catastral del inmueble.

c) Las cuentas bancarias y dep贸sitos, los activos financieros y las participaciones, por su valor a 31 de diciembre consignado en las 煤ltimas declaraciones tributarias informativas disponibles cuyo plazo reglamentario de declaraci贸n haya finalizado en el momento de presentar la solicitud.

  1. El patrimonio societario se valorar谩, para cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, aplicando los porcentajes de participaci贸n en el capital de las sociedades no incluidas dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto de dichas sociedades y de las que pertenezcan directa o indirectamente a estas consignado en las 煤ltimas declaraciones tributarias para las que haya finalizado el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes.

Art铆culo 19. Acreditaci贸n de los requisitos.

  1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acreditar谩 mediante el documento nacional de identidad en el caso de los espa帽oles o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de los menores de 14 a帽os que no tengan documento nacional de identidad, y mediante el documento de identidad de su pa铆s de origen o de procedencia, o el pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros.
  2. La residencia legal en Espa帽a se acreditar谩 mediante la inscripci贸n en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Uni贸n Europea, Espacio Econ贸mico Europeo o la Confederaci贸n Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Uni贸n o autorizaci贸n de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.
  3. El domicilio en Espa帽a se acreditar谩 con el certificado de empadronamiento.
  4. La existencia de la unidad de convivencia se acreditar谩 con el libro de familia, certificado del registro civil, inscripci贸n en un registro de parejas de hecho en los t茅rminos del art铆culo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y certificado de empadronamiento en la misma vivienda.

No obstante, la existencia de la unidad de convivencia en los t茅rminos previstos en el art铆culo 6.2 se acreditar谩 con el certificado de empadronamiento donde conste todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.

Las unidades de convivencia previstas en el art铆culo 6.2.a) deber谩n acreditar la condici贸n de v铆ctima de violencia de g茅nero por cualquiera de los medios establecidos en el art铆culo 23 de la Ley Org谩nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci贸n Integral contra la Violencia de G茅nero.

En casos de separaci贸n o divorcio, la unidad de convivencia establecida en el art铆culo 6.2.b) se acreditar谩 con la presentaci贸n de la demanda o resoluci贸n judicial.

  1. Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestaci贸n econ贸mica de ingreso m铆nimo vital, se realizar谩 por la entidad gestora conforme a la informaci贸n que se recabe por medios telem谩ticos de la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios hist贸ricos del Pa铆s Vasco. A tales efectos, se tomar谩 como referencia la informaci贸n que conste en esas Haciendas P煤blicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la informaci贸n que conste m谩s actualizada en dichas administraciones p煤blicas.

En su solicitud, cada interesado autorizar谩 expresamente a la administraci贸n que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria, de los 贸rganos competentes de las comunidades aut贸nomas, de la Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales del Pa铆s Vasco y de la Direcci贸n General del Catastro Inmobiliario, conforme al art铆culo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.

Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior se entiende sin perjuicio de la cesi贸n de datos tributarios legalmente prevista con ocasi贸n de la colaboraci贸n en el descubrimiento de fraudes en la obtenci贸n y disfrute de prestaciones a la Seguridad Social de apartado 1.c) del citado art铆culo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.

  1. La situaci贸n de demandante de empleo quedar谩 acreditada con el documento expedido al efecto por la administraci贸n competente o mediante el acceso por parte de la entidad gestora a trav茅s de los medios electr贸nicos habilitados al efecto.
  2. En ning煤n caso ser谩 exigible al solicitante la acreditaci贸n de hechos, datos o circunstancias que la Administraci贸n de la Seguridad Social deba conocer por s铆 misma, tales como la situaci贸n del beneficiario en relaci贸n con el sistema de la Seguridad Social; o la percepci贸n por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestaci贸n econ贸mica que conste en el Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas.

Art铆culo 20. Cesi贸n de datos y confidencialidad de los mismos.

  1. En el suministro de informaci贸n en relaci贸n con los datos de car谩cter personal que se deba efectuar a la Administraci贸n de la Seguridad Social para la gesti贸n de esta prestaci贸n, ser谩 de aplicaci贸n lo previsto en los apartados 1 y 2 del art铆culo 71 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. El suministro de informaci贸n no requerir谩 el consentimiento previo del interesado, ni de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por ser un tratamiento de datos de los referidos en los art铆culos 6.1 e) y 9.2 h) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci贸n de las personas f铆sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci贸n de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
  2. Todas las personas y todos los organismos que intervengan en cualquier actuaci贸n referente al ingreso m铆nimo vital quedan obligados a la reserva de datos en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 77 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
  3. Las administraciones p煤blicas actuantes tomar谩n las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por los solicitantes para la gesti贸n de la prestaci贸n y estar谩 obligada a cumplir con la legislaci贸n vigente en materia de protecci贸n de datos.

CAP脥TULO IV
Procedimiento
Art铆culo 21. Normas de procedimiento.
Sin perjuicio de las particularidades previstas en el presente real decreto-ley, ser谩 de aplicaci贸n lo previsto en el art铆culo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Art铆culo 22. Competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y colaboraci贸n interadministrativa.

  1. La competencia para el reconocimiento y el control de la prestaci贸n econ贸mica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este art铆culo y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta.
  2. Las comunidades aut贸nomas y entidades locales podr谩n iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los t茅rminos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R茅gimen Jur铆dico del Sector P煤blico, el oportuno convenio que les habilite para ello.

En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad Social, podr谩 acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administraci贸n, la posterior tramitaci贸n y gesti贸n previas a la resoluci贸n del expediente se efect煤e por la administraci贸n que hubiere incoado el procedimiento.

  1. El ejercicio de las funciones citadas en el apartado anterior no requerir谩, en ning煤n caso, los informes previos que establece el art铆culo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R茅gimen Local.

Art铆culo 23. Iniciaci贸n del procedimiento.
El acceso a la prestaci贸n econ贸mica prevista en la presente ley se realizar谩 previa solicitud de la persona interesada, seg煤n lo previsto en el art铆culo siguiente.

Art铆culo 24. Solicitud.

  1. La solicitud se realizar谩 en el modelo normalizado establecido al efecto, acompa帽ada de la documentaci贸n necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto-ley y en sus normas de desarrollo.

Dicha solicitud se presentar谩, preferentemente, en la sede electr贸nica de la Seguridad Social o a trav茅s de aquellos otros canales de comunicaci贸n telem谩tica que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al efecto, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en el marco de los convenios a los que se refiere el art铆culo 29.

  1. No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la administraci贸n, si no pueden ser aportados por el interesado en el momento de la solicitud, se incluir谩 la declaraci贸n responsable del solicitante en la que conste que se obliga a presentarlos durante la tramitaci贸n del procedimiento.
  2. Para acreditar el valor del patrimonio, as铆 como de las rentas e ingresos computables a los efectos de lo previsto en el presente real decreto-ley, y los gastos de alquiler, del titular del derecho y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del ingreso m铆nimo vital y los miembros de la unidad de convivencia cumplimentar谩n la declaraci贸n responsable que, a tal efecto, figurar谩 en el modelo normalizado de solicitud.

Art铆culo 25. Tramitaci贸n.

  1. En la instrucci贸n del expediente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social verificar谩 la existencia de la documentaci贸n necesaria para el reconocimiento de la prestaci贸n, y efectuar谩 las comprobaciones pertinentes del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente real decreto-ley.
  2. El Instituto Nacional de la Seguridad Social proceder谩 a la resoluci贸n y notificaci贸n del procedimiento a la persona solicitante en el plazo m谩ximo de tres meses desde la fecha de entrada en su registro del expediente administrativo.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resoluci贸n expresa, se entender谩 denegada la solicitud por silencio administrativo.

  1. En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera aportado la documentaci贸n a que se hubiera obligado en la declaraci贸n responsable prevista en el art铆culo 24.2, con car谩cter previo a dictar resoluci贸n la entidad gestora le requerir谩 a tal efecto. En este caso, quedar谩 suspendido el procedimiento durante el plazo m谩ximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la documentaci贸n requerida, se producir谩 la caducidad del procedimiento.

Art铆culo 26. Supervisi贸n del cumplimiento de requisitos.

  1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobar谩 el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y dem谩s personas que integren la unidad de convivencia.

Para ello verificar谩, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a la residencia legal y efectiva en Espa帽a de este y de los miembros de la unidad de convivencia en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio, la composici贸n de la unidad de convivencia, relaci贸n de parentesco y pareja de hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestaci贸n as铆 como su cuant铆a. Del mismo modo, mediante controles peri贸dicos realizar谩 las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuant铆a.

  1. Para el ejercicio de su funci贸n supervisora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social llevar谩 a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean necesarias y requerir谩 la colaboraci贸n de las personas titulares del derecho y de las administraciones p煤blicas, de los organismos y entidades p煤blicas y de personas jur铆dico-privadas. Estas comprobaciones se realizar谩n preferentemente por medios telem谩ticos o inform谩ticos.
  2. La supervisi贸n de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestaci贸n econ贸mica de ingreso m铆nimo vital, se realizar谩 por la entidad gestora conforme a la informaci贸n que se recabe por medios telem谩ticos de la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria y de las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios hist贸ricos del Pa铆s Vasco. A tales efectos, se tomar谩 como referencia la informaci贸n que conste en esas haciendas p煤blicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la informaci贸n que conste m谩s actualizada en dichas administraciones p煤blicas.禄

CAP脥TULO V
Cooperaci贸n entre las administraciones p煤blicas
Art铆culo 27. Cooperaci贸n administrativa en el ejercicio de las funciones de supervisi贸n.
Todas las administraciones p煤blicas cooperar谩n en la ejecuci贸n de las funciones de supervisi贸n necesarias para la garant铆a del ingreso m铆nimo vital de conformidad con lo previsto en el art铆culo 71 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Art铆culo 28. Cooperaci贸n para la inclusi贸n social de las personas beneficiarias.

  1. El Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones promover谩, en el 谩mbito de sus competencias, estrategias de inclusi贸n de las personas beneficiarias del ingreso m铆nimo vital mediante la cooperaci贸n y colaboraci贸n con los departamentos ministeriales, las comunidades aut贸nomas, las entidades locales, las organizaciones empresariales y sindicales m谩s representativas, as铆 como con las entidades del Tercer Sector de Acci贸n Social. El dise帽o de estas estrategias se dirigir谩 a la remoci贸n de los obst谩culos sociales o laborales que dificultan el pleno ejercicio de derechos y socavan la cohesi贸n social.
  2. Los beneficiarios del ingreso m铆nimo vital ser谩n objetivo prioritario y tenidos en cuenta en el dise帽o de los incentivos a la contrataci贸n que apruebe el Gobierno.
  3. El resultado del ingreso m铆nimo vital y de las distintas estrategias y pol铆ticas de inclusi贸n ser谩 evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, mediante la emisi贸n de la correspondiente opini贸n, de acuerdo con la Ley Org谩nica 6/2013, de 14 de noviembre, de creaci贸n de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Art铆culo 29. Mecanismos de colaboraci贸n con otras administraciones.
Con el fin de intensificar las relaciones de cooperaci贸n, mejorar la eficiencia de la gesti贸n de la prestaci贸n no contributiva de ingreso m铆nimo vital, as铆 como facilitar la utilizaci贸n conjunta de medios y servicios p煤blicos, mediante la asistencia rec铆proca y el intercambio de informaci贸n, el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, la Administraci贸n de la Seguridad Social podr谩n celebrar los oportunos convenios, o acuerdos, o cualquier otro instrumento de colaboraci贸n con otros 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado, de las administraciones de las comunidades aut贸nomas y de las entidades locales.

Art铆culo 30. Comisi贸n de seguimiento del ingreso m铆nimo vital.

  1. Se crea la Comisi贸n de seguimiento del ingreso m铆nimo vital como 贸rgano de cooperaci贸n administrativa para el seguimiento de la aplicaci贸n del contenido de este real decreto-ley.
  2. La Comisi贸n de seguimiento estar谩 presidida por el Ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, y estar谩 integrada por el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, la Secretar铆a General de Objetivos y Pol铆ticas de Inclusi贸n y Previsi贸n Social, la Subsecretaria de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, el Secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Secretar铆a de Estado de Igualdad y contra la Violencia de G茅nero o el 贸rgano directivo en quien delegue, los titulares de las consejer铆as de las comunidades aut贸nomas competentes por raz贸n de la materia y representantes de la administraci贸n local. Cuando por raz贸n de los asuntos a tratar no sea precisa la presencia de representantes de las comunidades aut贸nomas o de la administraci贸n local, la Comisi贸n podr谩 constituirse sin aquellos a instancias de su secretario, siendo en estos casos preciso que se informe previamente a los representantes de dichas administraciones y se comunique el contenido del orden del d铆a.
  3. La Comisi贸n de seguimiento tendr谩 las siguientes funciones:

a) Evaluaci贸n del impacto del ingreso m铆nimo vital como instrumento para prevenir el riesgo de pobreza y exclusi贸n social de las personas en situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica, con especial atenci贸n a la pobreza infantil.

b) Evaluaci贸n y seguimiento de las propuestas normativas y no normativas en relaci贸n con el ingreso m铆nimo vital y en materia de inclusi贸n que se impulsen por parte del Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones.

c) Impulso y seguimiento de los mecanismos de cooperaci贸n entre administraciones que procedan en aplicaci贸n de este real decreto-ley.

d) Seguimiento de los sistemas de intercambio de informaci贸n relativa a las personas solicitantes y las beneficiarias del ingreso m铆nimo vital que se pongan en marcha.

e) Cooperaci贸n para la implantaci贸n de la Tarjeta Social Digital.

f) Evaluaci贸n y an谩lisis de las pol铆ticas y medidas de inclusi贸n, as铆 como de su impacto en los colectivos vulnerables, e intercambio de mejores pr谩cticas y experiencias, con el fin de maximizar las sinergias de las pol铆ticas p煤blicas y de mejorar su eficacia.

g) Cooperaci贸n con el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones en la definici贸n de objetivos de inclusi贸n y en el desarrollo de indicadores de inclusi贸n, de crecimiento inclusivo y de desigualdad para la econom铆a espa帽ola que puedan ser utilizados para el dise帽o y toma de decisi贸n de nuevas pol铆ticas o la reformulaci贸n de las ya existentes, as铆 como de indicadores con los que llevar a cabo la medici贸n, seguimiento y evaluaci贸n de los objetivos de inclusi贸n.

h) Cooperaci贸n en la promoci贸n de la incorporaci贸n de los indicadores se帽alados en el apartado anterior en el dise帽o y evaluaci贸n de las pol铆ticas y medidas de inclusi贸n.

i) Cooperaci贸n en la explotaci贸n de bases de datos de indicadores de inclusi贸n a nivel regional, nacional e internacional para la realizaci贸n de estudios e informes que incluyan la informaci贸n necesaria para la toma de decisiones.

j) Cooperaci贸n en la elaboraci贸n de las normas reglamentarias en desarrollo de este real decreto-ley y de las normas de otras administraciones que, en su caso, sean enviadas a la Comisi贸n para discusi贸n.

k) Evaluaci贸n y seguimiento de las estrategias de inclusi贸n que promueva el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, del Sello de Inclusi贸n Social al que se refiere la disposici贸n adicional primera y de la evoluci贸n en la participaci贸n en el mercado laboral de los perceptores del ingreso m铆nimo vital, en particular de los que se encuentren en los supuestos a que se refiere el art铆culo 8.4.

l) Cooperaci贸n en los sistemas de evaluaci贸n e informaci贸n de situaciones de necesidad social y en la atenci贸n inmediata a personas en situaci贸n o riesgo de exclusi贸n social entre las administraciones p煤blicas.

m) Cualquier otra funci贸n que se le atribuya legal o reglamentariamente.

  1. La Comisi贸n de seguimiento podr谩 crear grupos de trabajo para el ejercicio de sus funciones. En particular, se crear谩n un grupo de trabajo espec铆fico para comunidades aut贸nomas y un grupo de trabajo para entidades locales, para abordar las cuestiones espec铆ficas que afectan a cada una de estas administraciones.
  2. La Comisi贸n de seguimiento contar谩 con una Secretar铆a, que depender谩 de la Subsecretar铆a de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones. La Secretar铆a es el 贸rgano t茅cnico de asistencia, preparaci贸n y seguimiento continuo de la actividad de la Comisi贸n de seguimiento y tendr谩 las siguientes funciones:

a) La convocatoria, preparaci贸n y redacci贸n de las actas de las reuniones de la Comisi贸n de seguimiento del ingreso m铆nimo vital, el seguimiento de los acuerdos que, en su caso, se adopten y la asistencia a sus miembros.

b) El seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las comunidades aut贸nomas en materia de inclusi贸n.

c) La tramitaci贸n de los convenios de colaboraci贸n que se suscriban con otros 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado, las administraciones de las comunidades aut贸nomas y las entidades locales.

d) La coordinaci贸n de los grupos de trabajo que, en su caso, se creen por la Comisi贸n de seguimiento en aplicaci贸n de lo dispuesto en el apartado 4 de este art铆culo.

  1. La Comisi贸n de seguimiento se dotar谩 de un reglamento interno donde se especificar谩n sus reglas de funcionamiento.

Art铆culo 31. Consejo consultivo del ingreso m铆nimo vital.

  1. Se crea el Consejo consultivo del ingreso m铆nimo vital, como 贸rgano de consulta y participaci贸n con las entidades del Tercer Sector de Acci贸n Social y las organizaciones sindicales y empresariales.
  2. El Consejo consultivo estar谩 presidido por el Ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones y en 茅l participar谩n, la Secretar铆a General de Objetivos y Pol铆ticas de Inclusi贸n y Previsi贸n Social, un miembro con rango de director general que designe el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, las organizaciones sindicales y empresariales m谩s representativas, as铆 como las entidades del Tercer Sector de Acci贸n Social con mayor cobertura en el territorio espa帽ol.
  3. El Consejo consultivo tendr谩 las siguientes funciones:

a) Asesorar al Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones en la formulaci贸n de propuestas normativas y no normativas en relaci贸n con el ingreso m铆nimo vital y en materia de inclusi贸n.

b) Asesorar a la Comisi贸n de seguimiento del ingreso m铆nimo vital en el ejercicio de sus funciones.

c) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones en el lanzamiento de campa帽as de comunicaci贸n relacionadas con el ingreso m铆nimo vital.

d) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones en la implantaci贸n de estrategias de inclusi贸n, del Sello de Inclusi贸n Social al que se refiere la disposici贸n adicional primera y de la evoluci贸n en la participaci贸n en el mercado laboral de los perceptores del ingreso m铆nimo vital, en particular de los que se encuentren en los supuestos a que se refiere el art铆culo 8.4.

e) Cualquier otra funci贸n que se le atribuya legal o reglamentariamente.

  1. La participaci贸n y la asistencia a sus convocatorias no devengar谩 retribuci贸n ni compensaci贸n econ贸mica alguna.
  2. El Consejo consultivo se dotar谩 de un reglamento interno donde se especificar谩n sus reglas de funcionamiento.

CAP脥TULO VI
R茅gimen de financiaci贸n
Art铆culo 32. Financiaci贸n.

  1. El ingreso m铆nimo vital, como prestaci贸n no contributiva de la Seguridad Social, se financiar谩 de conformidad con lo previsto en el art铆culo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

CAP脥TULO VII
R茅gimen de obligaciones
Art铆culo 33. Obligaciones de las personas beneficiarias.

  1. Las personas titulares del ingreso m铆nimo vital estar谩n sujetas durante el tiempo de percepci贸n de la prestaci贸n a las siguientes obligaciones:

a) Proporcionar la documentaci贸n e informaci贸n precisa en orden a la acreditaci贸n de los requisitos y la conservaci贸n de la prestaci贸n, as铆 como para garantizar la recepci贸n de notificaciones y comunicaciones.

b) Comunicar cualquier cambio o situaci贸n que pudiera dar lugar a la modificaci贸n, suspensi贸n o extinci贸n de la prestaci贸n, en el plazo de treinta d铆as naturales desde que estos se produzcan.

c) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.

d) Comunicar a la entidad gestora con car谩cter previo las salidas al extranjero tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, haciendo constar la duraci贸n previsible de la misma.

No tendr谩 consideraci贸n de estancia ni de traslado de residencia la salida al extranjero por tiempo no superior a quince d铆as naturales por una sola vez cada a帽o.

La salida y estancia en el extranjero de cualquiera de los miembros de una unidad de convivencia por un per铆odo, continuado o no, de hasta noventa d铆as naturales como m谩ximo durante cada a帽o natural, deber谩 previamente ser comunicada y justificada.

e) Presentar anualmente declaraci贸n correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas.

f) Si no est谩n trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

g) En caso de compatibilizar la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica conforme con lo previsto en el art铆culo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.

h) Participar en las estrategias de inclusi贸n que promueva el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el art铆culo 28.1, en los t茅rminos que se establezcan.

i) Cualquier otra obligaci贸n que pueda establecerse reglamentariamente.

  1. Las personas integrantes de la unidad de convivencia estar谩n obligadas a:

a) Comunicar el fallecimiento del titular.

b) Poner en conocimiento de la administraci贸n cualquier hecho que distorsione el fin de la prestaci贸n otorgada.

c) Presentar anualmente declaraci贸n correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas.

d) Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, cualquiera que sea el motivo, no lleva a cabo.

e) Si no est谩n trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

f) En caso de compatibilizar la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica conforme con lo previsto en el art铆culo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.

g) Participar en las estrategias de inclusi贸n que promueva el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el art铆culo 28.1, en los t茅rminos que se establezcan.

h) Cumplir cualquier otra obligaci贸n que pueda establecerse reglamentariamente.

CAP脥TULO VIII
Infracciones y sanciones
Art铆culo 34. Infracciones y sujetos responsables.

  1. Las infracciones son consideradas, seg煤n su naturaleza, como leves, graves y muy graves.
  2. Son infracciones leves, no proporcionar la documentaci贸n e informaci贸n precisa en orden a la acreditaci贸n de los requisitos y la conservaci贸n de la prestaci贸n, as铆 como para garantizar la recepci贸n de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se haya derivado la percepci贸n o conservaci贸n indebida de la prestaci贸n.
  3. Son infracciones graves:

a) No proporcionar la documentaci贸n e informaci贸n precisa en orden a la acreditaci贸n de los requisitos y la conservaci贸n de la prestaci贸n, as铆 como para garantizar la recepci贸n de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepci贸n indebida, en cuant铆a mensual, inferior al 50 por ciento de la que le corresponder铆a.

b) No comunicar cualquier cambio o situaci贸n que pudiera dar lugar a la modificaci贸n, suspensi贸n o extinci贸n de la prestaci贸n, en el plazo de treinta d铆as desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepci贸n indebida, en cuant铆a mensual, inferior al 50 por ciento de la que le corresponder铆a.

c) No cumplir con la obligaci贸n de comunicar con car谩cter previo el desplazamiento al extranjero, cuando el mismo sea por tiempo superior a quince d铆as e inferior a noventa d铆as al a帽o.

d) La comisi贸n de una tercera infracci贸n leve, siempre que en un plazo de un a帽o anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo.

e) El incumplimiento de la obligaci贸n de participar en las estrategias de inclusi贸n que promueva el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, en los t茅rminos que se establezcan.

f) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica conforme con lo previsto en el art铆culo 8.4.

  1. Son infracciones muy graves:

a) No proporcionar la documentaci贸n e informaci贸n precisa en orden a la acreditaci贸n de los requisitos y la conservaci贸n de la prestaci贸n, as铆 como para garantizar la recepci贸n de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepci贸n indebida, en cuant铆a mensual, superior al 50 por ciento de la que le corresponder铆a.

b) No comunicar cualquier cambio o situaci贸n que pudiera dar lugar a la modificaci贸n, suspensi贸n o extinci贸n de la prestaci贸n, en el plazo de treinta d铆as desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepci贸n indebida, en cuant铆a mensual, superior al 50 por ciento de la que le corresponder铆a.

c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa d铆as al a帽o, sin haber comunicado ni justificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social con car谩cter previo su salida de Espa帽a.

d) Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la aportaci贸n de datos o documentos falsos.

e) La comisi贸n de una tercera infracci贸n grave siempre que en un plazo de un a帽o anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo.

f) El incumplimiento reiterado de la obligaci贸n de participar en las estrategias de inclusi贸n que promueva el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, en los t茅rminos que se establezcan.

g) El incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica conforme con lo previsto en el art铆culo 8.4.

  1. Ser谩n responsables de las infracciones tipificadas en este art铆culo los beneficiarios de la prestaci贸n, los miembros de la unidad de convivencia y aquellas personas que hubiesen cooperado en su comisi贸n mediante una actuaci贸n activa u omisiva sin la cual la infracci贸n no se hubiera cometido.

La concurrencia de varias personas responsables en la comisi贸n de una infracci贸n determinar谩 que queden solidariamente obligadas frente a la administraci贸n al reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

Art铆culo 35. Sanciones.

  1. Las infracciones leves ser谩n sancionadas con el apercibimiento de la persona infractora.
  2. Las infracciones graves se sancionar谩n con la p茅rdida de la prestaci贸n por un periodo de hasta tres meses. Cuando las infracciones diesen lugar a la extinci贸n del derecho, la sanci贸n consistir谩 en el deber de ingresar tres mensualidades de la prestaci贸n.

Cuando la infracci贸n sea la prevista en el apartado 3.c) del art铆culo anterior, adem谩s de devolver el importe de la prestaci贸n indebidamente percibida durante el tiempo de estancia en el extranjero, los beneficiarios no podr谩n solicitar una nueva prestaci贸n durante un periodo de tres meses, a contar desde la fecha de la resoluci贸n por la que se imponga la sanci贸n.

  1. Las infracciones muy graves se sancionar谩n con la p茅rdida de la prestaci贸n por un periodo de hasta seis meses. Cuando las infracciones diesen lugar a la extinci贸n del derecho, la sanci贸n consistir谩 en el deber de ingresar seis mensualidades de la prestaci贸n.

Cuando la infracci贸n sea la prevista en el apartado 4.c) del art铆culo anterior, adem谩s de devolver el importe de la prestaci贸n indebidamente percibida durante el tiempo de estancia en el extranjero, los beneficiarios no podr谩n solicitar una nueva prestaci贸n durante un periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la resoluci贸n por la que se imponga la sanci贸n.

  1. Si dentro de las infracciones graves o muy graves, concurriese alguna de las siguientes actuaciones por parte de cualquier persona beneficiaria del ingreso m铆nimo vital:

a) El falseamiento en la declaraci贸n de ingresos o patrimonio.

b) La ocultaci贸n fraudulenta de cambios sustanciales que pudieran dar lugar a la modificaci贸n, suspensi贸n o extinci贸n de la prestaci贸n.

c) Cualquier otra actuaci贸n o situaci贸n fraudulenta que den lugar al acceso indebido a la prestaci贸n, mantenimiento indebido del derecho a la prestaci贸n o aumento indebido de su importe.

Adem谩s de la correspondiente sanci贸n y obligaci贸n de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podr谩 decretar la extinci贸n del derecho, as铆 como la imposibilidad de que el sujeto infractor pueda resultar persona beneficiaria en los t茅rminos de este real decreto-ley por un periodo de dos a帽os.

  1. Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracci贸n muy grave, en virtud de resoluci贸n firme en v铆a administrativa, dentro de los cinco a帽os anteriores a la comisi贸n de una infracci贸n muy grave, se extinguir谩 la prestaci贸n y acarrear谩 la imposibilidad de que el sujeto infractor resulte persona beneficiaria en los t茅rminos de este real decreto-ley durante cinco a帽os.
  2. En los t茅rminos que se desarrollen reglamentariamente, la imposici贸n de sanciones tendr谩 en cuenta la graduaci贸n de estas considerando, a tal fin, la culpabilidad, negligencia e intencionalidad de la persona infractora, as铆 como la cuant铆a econ贸mica de la prestaci贸n econ贸mica indebidamente percibida.
  3. Las sanciones a que se refiere este art铆culo se entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

Art铆culo 36. Procedimiento sancionador.
A efectos de la competencia y el procedimiento para la imposici贸n de las sanciones previstas en la presente norma ser谩 de aplicaci贸n lo establecido para la imposici贸n de sanciones a los solicitantes o beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad Social en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposici贸n de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

En lo no previsto en este real decreto-ley, ser谩 de aplicaci贸n lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

CAP脥TULO IX
R茅gimen de control financiero de la prestaci贸n
Art铆culo 37. Control de la prestaci贸n.
La modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligaci贸n de la prestaci贸n no contributiva de ingreso m铆nimo vital ser谩 la funci贸n interventora y el control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Los actos de ordenaci贸n y pago material se intervendr谩n conforme a lo establecido en la secci贸n 5.陋, cap铆tulo IV, T铆tulo II del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el r茅gimen de control interno ejercido por la Intervenci贸n General de la Seguridad Social.

Disposici贸n adicional primera. Colaboraci贸n de las empresas al tr谩nsito de los beneficiarios del ingreso m铆nimo vital a la participaci贸n activa en la sociedad.
Reglamentariamente se regular谩 el Sello de Inclusi贸n Social, con el que se distinguir谩 a aquellas empresas y entidades que contribuyan al tr谩nsito de los beneficiarios del ingreso m铆nimo vital desde una situaci贸n de riesgo de pobreza y exclusi贸n a la participaci贸n activa en la sociedad.

En particular, los empleadores de beneficiarios del ingreso m铆nimo vital ser谩n reconocidos con la condici贸n de titulares del Sello de Inclusi贸n Social, en los t茅rminos que reglamentariamente se establezcan. La condici贸n de figurar como beneficiario del ingreso m铆nimo vital en el momento de su contrataci贸n servir谩 a los efectos de c贸mputo del porcentaje a que se refiere el art铆culo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P煤blico, por la que se trasponen al ordenamiento jur铆dico espa帽ol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Disposici贸n adicional segunda. Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas.
Las prestaciones de ingreso m铆nimo vital reconocidas quedar谩n incluidas en el Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas que se regula en el art铆culo 72 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Disposici贸n adicional tercera. Cr茅dito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso m铆nimo vital en el ejercicio 2020.
Se concede un cr茅dito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones por un importe de 500.000.000 euros en la aplicaci贸n presupuestaria 19.02.000X.424 芦Aportaci贸n del Estado a la Seguridad Social para financiar el Ingreso M铆nimo Vital禄. Dicha modificaci贸n se financiar谩 de conformidad con el art铆culo 46 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Disposici贸n adicional cuarta. F贸rmulas de gesti贸n.
Sin perjuicio de los mecanismos de colaboraci贸n a los que se refiere el art铆culo 31 de este real decreto-ley, el Gobierno estudiar谩 a partir de 2021 la celebraci贸n de convenios con comunidades aut贸nomas que contemplen f贸rmulas de gesti贸n de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital.

Disposici贸n adicional quinta. Aplicaci贸n en los territorios forales.
En raz贸n de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, las comunidades aut贸nomas de r茅gimen foral asumir谩n con referencia a su 谩mbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en este real decreto-ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relaci贸n con la prestaci贸n econ贸mica no contributiva de la Seguridad Social del ingreso m铆nimo vital en los t茅rminos que se acuerde antes del 31 de octubre de 2020.

En tanto no se produzca la asunci贸n de las funciones y servicios a que hace referencia el p谩rrafo anterior, se acordar谩 mediante convenio a suscribir entre los 贸rganos competentes del Estado y de la comunidad aut贸noma interesada, una encomienda de gesti贸n para realizar las actuaciones que se prevean en el mismo en relaci贸n con la prestaci贸n econ贸mica del ingreso m铆nimo vital y que permitan la atenci贸n integral de sus beneficiarios en el Pa铆s Vasco y Navarra.

Disposici贸n transitoria primera. Prestaci贸n econ贸mica transitoria de ingreso m铆nimo vital durante 2020.

  1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocer谩 la prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital a los actuales beneficiarios de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que, a fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, re煤nan los requisitos que se exponen en el apartado siguiente, siempre que el importe de la prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital sea igual o superior al importe de la asignaci贸n econ贸mica que viniera percibiendo.
  2. Los requisitos para percibir la prestaci贸n transitoria ser谩n los siguientes:

a) Ser beneficiario de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

b) Formar parte de una unidad de convivencia constituida exclusivamente por el beneficiario de una asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignaci贸n por hijo a cargo.

c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 8 del presente real decreto-ley.

d) Que la asignaci贸n econ贸mica que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que sean varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital.

  1. A los exclusivos efectos de la comprobaci贸n del cumplimiento de lo previsto en la letra b) del apartado 2, la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria, previa autorizaci贸n del Instituto Nacional de Estad铆stica, ceder谩, sin consentimiento de los interesados, la informaci贸n relativa a la agrupaci贸n de las personas en los hogares que consta en las bases de datos de poblaci贸n disponible que el Instituto Nacional de Estad铆stica cede peri贸dicamente a dicha Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria para fines de estudio y an谩lisis. Dicha informaci贸n solo ser谩 utilizada por la Secretar铆a General de Objetivos y Pol铆ticas de Inclusi贸n y Previsi贸n Social del Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, para realizar las actuaciones necesarias que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso m铆nimo vital en los t茅rminos establecidos en esta disposici贸n transitoria.

La comprobaci贸n de la convivencia en el mismo domicilio se efectuar谩 en funci贸n de los datos que hubieren sido tenidos en cuenta para el reconocimiento de la asignaci贸n econ贸mica por hijo a cargo.

A los exclusivos efectos de la comprobaci贸n del cumplimiento de lo previsto en la letra c) del apartado anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitar谩 a la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria y esta le remitir谩 la informaci贸n estrictamente necesaria relativa a ingresos y patrimonio de la unidad de convivencia descrita en el apartado b), que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso m铆nimo vital en los t茅rminos establecidos en esta disposici贸n transitoria. Dicha informaci贸n solo ser谩 utilizada para la finalidad indicada y el procedimiento de intercambio de informaci贸n entre la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.

  1. La prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital ser谩 incompatible con la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, quedando esta suspendida durante la vigencia de aquella.
  2. El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificar谩 a los beneficiarios que cumplan los requisitos exigidos en el apartado 2 de esta disposici贸n transitoria la resoluci贸n en la que se reconozca el derecho a la prestaci贸n transitoria del ingreso m铆nimo vital, y el derecho de opci贸n entre el percibo de esta prestaci贸n y la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo que viniera percibiendo.
  3. En el plazo de treinta d铆as naturales a contar desde la notificaci贸n de la resoluci贸n, el interesado podr谩 ejercitar su derecho de opci贸n por seguir manteniendo la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo. Dicha opci贸n surtir谩 efectos desde la fecha de efectos econ贸micos de la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital, procedi茅ndose, en su caso, a la correspondiente regularizaci贸n econ贸mica.

En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opci贸n dentro del plazo se帽alado se entender谩 que opta por percibir la prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital.

  1. Si, una vez reconocido el derecho a la prestaci贸n transitoria, la unidad de convivencia se modificara, se aplicar谩 lo previsto en el presente real decreto-ley, en cuanto a la obligaci贸n de comunicaci贸n, cumplimiento de requisitos, y revisi贸n de la cuant铆a de la prestaci贸n.
  2. A partir del 1 de enero de 2021 se mantendr谩 el derecho a la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital reconocido, siempre que se re煤nan los requisitos establecidos en el presente real decreto-ley y el interesado aporte antes del 31 de diciembre de 2020 la documentaci贸n que a tal efecto le sea requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En otro caso, se reanudar谩 el percibo de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta prestaci贸n.

  1. Los beneficiarios de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo, del sistema de la Seguridad Social, a los que no les hubiera sido notificada la resoluci贸n de reconocimiento de la prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital, y cumplieran los requisitos previstos en el apartado 2 de esta disposici贸n transitoria, podr谩n solicitar su reconocimiento ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La prestaci贸n se reconocer谩, en su caso, con efectos desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, siempre que se presente dentro de los tres meses siguientes. En otro caso, los efectos econ贸micos ser谩n del d铆a primero del mes siguiente a la presentaci贸n de la solicitud.
  2. Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podr谩, hasta el 31 de diciembre de 2020, reconocer la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserci贸n o b谩sicas establecidas por las comunidades aut贸nomas, cuando estas comuniquen que consideran que podr铆an acreditar los requisitos para acceder a la prestaci贸n, as铆 como que han obtenido su conformidad para la remisi贸n de sus datos al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento de la prestaci贸n. Para ello, las comunidades aut贸nomas comunicar谩n al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a trav茅s de los protocolos telem谩ticos de intercambio de informaci贸n habilitados al efecto, comunicar谩n al referido Instituto los datos necesarios para la identificaci贸n de las potenciales personas beneficiarias y la verificaci贸n de los requisitos de acceso a la prestaci贸n.

Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicar谩n a las comunidades aut贸nomas a trav茅s de los protocolos inform谩ticos establecidos.

  1. Para la aplicaci贸n de esta disposici贸n se podr谩n comenzar a realizar las operaciones t茅cnicas necesarias para la puesta en marcha de la prestaci贸n desde el 29 de mayo de 2020.

Disposici贸n transitoria segunda. Presentaci贸n de solicitudes.
Las solicitudes de acceso a la prestaci贸n econ贸mica podr谩n presentarse a partir del d铆a 15 de junio de 2020. Si la solicitud se presenta dentro de los tres meses siguientes, los efectos econ贸micos se retrotraer谩n al d铆a 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos econ贸micos se fijar谩n el d铆a primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

Si la solicitud se presenta transcurridos tres meses, los efectos econ贸micos se fijar谩n el d铆a primero del mes siguiente a la presentaci贸n de la solicitud, de conformidad con lo previsto en el art铆culo 11.1 del presente real decreto-ley.

Disposici贸n transitoria tercera. R茅gimen excepcional aplicable a las solicitudes cursadas por situaci贸n de carencia de rentas.
Excepcionalmente y cuando no sean beneficiarios de prestaciones o subsidios de desempleo, y a los exclusivos efectos de c贸mputo de rentas, se podr谩n presentar solicitudes hasta 31 de diciembre de 2020 en aquellos supuestos de vulnerabilidad econ贸mica que se hayan producido durante el a帽o en curso. A efectos de acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, se considerar谩n la parte proporcional de los ingresos que haya tenido la unidad de convivencia durante el tiempo transcurrido del a帽o 2020, siempre y cuando en el ejercicio anterior no supere la mitad de los l铆mites de patrimonio neto establecidos de forma general para las citadas unidades de convivencia y cuyos ingresos no superen en m谩s del 50 por ciento de los l铆mites establecidos para toda la unidad de convivencia en el ejercicio 2019 en los t茅rminos establecidos en el presente real decreto-ley. En este supuesto se podr谩 tomar como referencia de ingresos del a帽o 2020 los datos obrantes en los ficheros y bases de datos de la seguridad social que permitan la verificaci贸n de dicha situaci贸n, o bien, y en su defecto, lo que figuren en la declaraci贸n responsable.

En todo caso en el a帽o 2021 se proceder谩 a la regularizaci贸n de las cuant铆as abonadas en relaci贸n con los datos de promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio 2020 dando lugar, en su caso, a las actuaciones previstas en el art铆culo 17 del real decreto-ley.

Disposici贸n transitoria cuarta. R茅gimen transitorio de aplicaci贸n del control financiero permanente, como 煤nica modalidad de control, para el reconocimiento del derecho y de la obligaci贸n de los expedientes de la prestaci贸n no contributiva de ingresos m铆nimo vital.

  1. Hasta el 31 de diciembre de 2020, la modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligaci贸n de los expedientes de la prestaci贸n no contributiva de ingreso m铆nimo vital ser谩 exclusivamente la de control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Desde el 1 de enero de 2021, el reconocimiento del derecho y de la obligaci贸n de la prestaci贸n no contributiva de ingreso m铆nimo vital estar谩 sometido a la funci贸n interventora en todas sus modalidades de acuerdo con lo previsto en el art铆culo 37.

  1. El Consejo de Ministros, a iniciativa de la Intervenci贸n General de la Administraci贸n del Estado, previa propuesta de la Intervenci贸n General de la Seguridad Social, podr谩 acordar de forma motivada la ampliaci贸n, por un plazo de hasta seis meses adicionales, del periodo transitorio previsto en el apartado anterior para la aplicaci贸n del control financiero permanente como 煤nica modalidad de control. En la citada propuesta se indicar谩n los motivos que justifican la extensi贸n del periodo transitorio y el plazo adicional m谩ximo durante el que se mantendr谩 dicho plazo.

Igualmente, el Consejo de Ministros, a iniciativa de la Intervenci贸n General de la Administraci贸n del Estado y previa propuesta de la Intervenci贸n General de la Seguridad Social, podr谩 acordar que la finalizaci贸n del periodo transitorio se produzca con anterioridad a dicha fecha.

  1. Lo dispuesto en los apartados anteriores no resulta de aplicaci贸n a los actos de ordenaci贸n y pago material de esta prestaci贸n que se intervendr谩n conforme a lo establecido en el art铆culo 37 de esta Ley desde su entrada en vigor.

Disposici贸n transitoria quinta. Exenci贸n del pago de precios p煤blicos por servicios acad茅micos universitarios.

  1. Los beneficiarios de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital a quienes se reconozca dicha condici贸n entre los meses de junio y diciembre de 2020 estar谩n exentos del pago de los precios p煤blicos por servicios acad茅micos universitarios para la realizaci贸n de estudios conducentes a la obtenci贸n de t铆tulos de car谩cter oficial durante el curso 2020-2021, en los t茅rminos de esta disposici贸n.
  2. Sin perjuicio de las exenciones generales del pago de precios p煤blicos por servicios acad茅micos universitarios, esta exenci贸n se aplicar谩 a los beneficiarios de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital que hayan visto denegada su solicitud de concesi贸n de una beca de la Administraci贸n General del Estado para cursar estudios postobligatorios en dicho curso por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa correspondiente.
  3. Reglamentariamente se determinar谩 la compensaci贸n a las universidades por la exenci贸n del pago de estos precios p煤blicos por servicios acad茅micos.

Disposici贸n transitoria sexta. Financiaci贸n del ingreso m铆nimo vital durante 2020.
Durante 2020 se dotar谩n, mediante modificaci贸n presupuestaria, los cr茅ditos presupuestarios que resulten adecuados para la financiaci贸n del ingreso m铆nimo vital.

Disposici贸n transitoria s茅ptima. Integraci贸n de la asignaci贸n por hijo o menor a cargo en el ingreso m铆nimo vital.
A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley no podr谩n presentarse nuevas solicitudes para la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento del sistema de la Seguridad Social, que quedar谩 a extinguir, sin perjuicio de lo previsto en el p谩rrafo tercero. No obstante, los beneficiarios de la prestaci贸n econ贸mica transitoria de ingreso m铆nimo vital que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso m铆nimo vital podr谩n ejercer el derecho de opci贸n para volver a la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social.

A la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, los beneficiarios de la asignaci贸n econ贸mica por cada hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento continuaran percibiendo dicha prestaci贸n hasta que deje de concurrir los requisitos y proceda su extinci贸n.

Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma se regir谩n por la norma vigente al tiempo de su presentaci贸n. Las solicitudes presentadas dentro de los treinta d铆as naturales siguientes, en las que la persona solicitante alegue imposibilidad para su presentaci贸n, derivada de la suspensi贸n de plazos administrativos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti贸n de la situaci贸n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se considerar谩n presentadas en la fecha que indique que quiso ejercer su derecho y se produjo dicha imposibilidad.

Disposici贸n derogatoria 煤nica. Derogaci贸n normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.

Disposici贸n final primera. Modificaci贸n del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales p煤blicas.
Se a帽ade un nuevo p谩rrafo p) al art铆culo 3 del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales p煤blicas, con la siguiente redacci贸n:

芦p) La prestaci贸n econ贸mica de la Seguridad Social, de naturaleza no contributiva, de ingreso m铆nimo vital.禄

Disposici贸n final segunda. Modificaci贸n de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Se modifica la letra a) del apartado 2 del art铆culo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la siguiente redacci贸n:

芦a) Los destinados al pago de pensiones de todo tipo; prestaciones por incapacidad temporal; protecci贸n a la familia; nacimiento y cuidado de menor y riesgos durante el embarazo y la lactancia natural; cuidado de menores afectados por c谩ncer u otra enfermedad grave; ingreso m铆nimo vital; as铆 como las entregas 煤nicas, siempre que se encuentren legal o reglamentariamente establecidas y sea obligatorio y no graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuant铆a est茅 objetivamente determinada.禄

Disposici贸n final tercera Modificaci贸n del texto refundido de la Ley de garant铆as y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
Se modifica el art铆culo 102 para a帽adir una letra f) a su apartado 8:

芦f) Personas beneficiarias del ingreso m铆nimo vital.禄

Disposici贸n final cuarta. Modificaci贸n del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se modifica como sigue:

Uno. Se modifica el art铆culo 42.1. c), con la siguiente redacci贸n:

芦c) Las prestaciones econ贸micas en las situaciones de incapacidad temporal; nacimiento y cuidado de menor; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; ejercicio corresponsable del cuidado del lactante; cuidado de menores afectados por c谩ncer u otra enfermedad grave; incapacidad permanente contributiva e invalidez no contributiva; jubilaci贸n, en sus modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; protecci贸n por cese de actividad; pensi贸n de viudedad; prestaci贸n temporal de viudedad; pensi贸n de orfandad; prestaci贸n de orfandad; pensi贸n en favor de familiares; subsidio en favor de familiares; auxilio por defunci贸n; indemnizaci贸n en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional; ingreso m铆nimo vital, as铆 como las que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio competente.禄

Dos. Se modifican las letras a), e), f), g) y h) del art铆culo 71.1, con la siguiente redacci贸n:

芦a) Por los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda o, en su caso, de las comunidades aut贸nomas o de las diputaciones forales, se facilitar谩n, dentro de cada ejercicio anual, conforme al art铆culo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y normativa foral equivalente, a las entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de la gesti贸n de las prestaciones econ贸micas y, a petici贸n de las mismas, los datos relativos a los niveles de renta, patrimonio y dem谩s ingresos de los titulares de prestaciones en cuanto determinen el derecho a las mismas, as铆 como de los beneficiarios, c贸nyuges y otros miembros de las unidades familiares, siempre que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento, mantenimiento o cuant铆a de dichas prestaciones a fin de verificar si aquellos cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepci贸n de las prestaciones y en la cuant铆a legalmente establecida.

e) El Ministerio del Interior facilitar谩 a las entidades gestoras de la Seguridad Social por medios inform谩ticos las fechas de vencimiento de las autorizaciones de residencia, sus altas, variaciones o bajas o los cambios de situaci贸n y sus efectos, as铆 como los movimientos fronterizos de las personas que tengan derecho a una prestaci贸n para cuya percepci贸n sea necesario el cumplimiento del requisito de residencia legal y efectiva en Espa帽a.

Asimismo, facilitar谩 a las entidades gestoras de la Seguridad Social por medios inform谩ticos los datos incorporados en el Documento Nacional de Identidad o en el documento de identificaci贸n de extranjero o tarjeta equivalente de las personas cuyos datos tengan trascendencia en procedimientos seguidos ante dichas entidades gestoras.

f) Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social facilitar谩n telem谩ticamente a las entidades gestoras responsables de la gesti贸n de las prestaciones econ贸micas de la Seguridad Social los datos que puedan afectar al nacimiento, modificaci贸n, conservaci贸n o extinci贸n del derecho a las mismas que sean reconocidas por aquellas.

g) El Instituto de Mayores y Servicios Sociales y los organismos competentes de las comunidades aut贸nomas facilitar谩n a las entidades gestoras de la Seguridad Social los datos de grado y nivel de dependencia y los datos incluidos en los certificados de discapacidad, que puedan guardar relaci贸n con el nacimiento, modificaci贸n, conservaci贸n o extinci贸n del derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, as铆 como con la actualizaci贸n de la informaci贸n obrante en las bases de datos del sistema de Seguridad Social.

h) Las comunidades aut贸nomas facilitar谩n a las entidades gestoras de la Seguridad Social por medios inform谩ticos los datos relativos a las fechas de reconocimiento y vencimiento de los t铆tulos de familias numerosas, as铆 como los datos relativos a los miembros de la unidad familiar incluidos en los mismos, que puedan guardar relaci贸n con el nacimiento, modificaci贸n, conservaci贸n o extinci贸n del derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, as铆 como con la actualizaci贸n de la informaci贸n obrante en las bases de datos del sistema.禄

Tres. Se a帽ade un nuevo p谩rrafo 帽) al art铆culo 72.2, con la siguiente redacci贸n:

芦帽) La prestaci贸n econ贸mica de la Seguridad Social, de naturaleza no contributiva, de ingreso m铆nimo vital.禄

Cuatro. Se modifica el art铆culo 109.3.b) para a帽adir un nuevo ordinal 6.陋 con la siguiente redacci贸n:

芦6.陋 El ingreso m铆nimo vital.禄

Cinco. Se modifican los art铆culos 351, 352 y 353, con la siguiente redacci贸n:

芦Art铆culo 351. Enumeraci贸n.

Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, consistir谩n en:

a) Una asignaci贸n econ贸mica por cada hijo menor de dieciocho a帽os de edad y afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento, o mayor de dicha edad cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65 por ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiaci贸n, as铆 como por los menores a su cargo en r茅gimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopci贸n, que cumplan los mismos requisitos.

El causante no perder谩 la condici贸n de hijo o de menor a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena siempre que contin煤e viviendo con el beneficiario de la prestaci贸n y que los ingresos anuales del causante, en concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por cien del salario m铆nimo interprofesional, tambi茅n en c贸mputo anual.

Tal condici贸n se mantendr谩 aunque la afiliaci贸n del causante como trabajador suponga su encuadramiento en un r茅gimen de Seguridad Social distinto a aquel en el que est茅 afiliado el beneficiario de la prestaci贸n.

b) Una prestaci贸n econ贸mica de pago 煤nico a tanto alzado por nacimiento o adopci贸n de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad.

c) Una prestaci贸n econ贸mica de pago 煤nico por parto o adopci贸n m煤ltiples.

Art铆culo 352. Beneficiarios.

  1. Tendr谩n derecho a la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo quienes:

a) Residan legalmente en territorio espa帽ol.

b) Tengan a su cargo hijos o menores en r茅gimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopci贸n en quienes concurran las circunstancias se帽aladas en la letra a) del art铆culo anterior y que residan en territorio espa帽ol.

En los casos de separaci贸n judicial o divorcio, el derecho al percibo de la asignaci贸n se conservar谩 para el padre o la madre por los hijos o menores que tenga a su cargo.

c) No tengan derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro r茅gimen p煤blico de protecci贸n social.

  1. Ser谩n, asimismo, beneficiarios de la asignaci贸n que, en su caso y en raz贸n de ellos, hubiera correspondido a sus padres:

a) Los hu茅rfanos de padre y madre, menores de dieciocho a帽os o mayores de dicha edad y que sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.

b) Quienes no sean hu茅rfanos y hayan sido abandonados por sus padres, siempre que no se encuentren en r茅gimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopci贸n.

c) Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho a帽os cuya capacidad no haya sido modificada judicialmente y conserven su capacidad de obrar ser谩n beneficiarios de las asignaciones que en raz贸n de ellos corresponder铆an a sus padres.

Art铆culo 353. Cuant铆a de las asignaciones.

  1. La cuant铆a de la asignaci贸n econ贸mica a que se refiere el art铆culo 351.a) se fijar谩, en su importe anual, en la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado.
  2. En dicha Ley, adem谩s de la cuant铆a general, se establecer谩 otra cuant铆a espec铆fica en el supuesto de hijo a cargo mayor de dieciocho a帽os, con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de p茅rdidas anat贸micas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos m谩s esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o an谩logos.禄

Disposici贸n final quinta. Modificaci贸n de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a帽o 2018.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia indefinida, se modifica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a帽o 2018 de la siguiente forma:

Uno. Se da nueva redacci贸n a la disposici贸n adicional cent茅sima cuadrag茅sima primera, que queda redactada de la siguiente forma:

芦Disposici贸n adicional cent茅sima cuadrag茅sima primera. Creaci贸n de la Tarjeta Social Digital.

Uno. Se crea la Tarjeta Social Digital, con el objetivo de mejorar y coordinar las pol铆ticas de protecci贸n social impulsadas por las diferentes administraciones p煤blicas.

La Tarjeta Social Digital se destinar谩 a los siguientes usos:

a) La gesti贸n de los datos identificativos de las prestaciones sociales p煤blicas de contenido econ贸mico y situaciones subjetivas incluidas en su 谩mbito de aplicaci贸n y de sus beneficiarios, mediante la formaci贸n de un banco de datos automatizado.

b) El conocimiento coordinado y la cesi贸n de datos entre las entidades y organismos afectados, con el fin de facilitar el reconocimiento y supervisi贸n de las prestaciones sociales p煤blicas por ellos gestionadas.

c) El acceso y la consulta de las administraciones p煤blicas y otras entidades del sector p煤blico integradas en el sistema que gestionen prestaciones sociales p煤blicas de contenido econ贸mico.

d) La explotaci贸n estad铆stica con la finalidad de elaborar estudios y formular an谩lisis encaminados a la mejora de las pol铆ticas sociales p煤blicas.

Dos. La Tarjeta Social Digital incluir谩 la informaci贸n actualizada correspondiente a todas las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, de contenido econ贸mico, financiadas con cargo a recursos de car谩cter p煤blico, y adem谩s recoger谩 una informaci贸n sobre las situaciones subjetivas previstas en el apartado Cuatro de esta disposici贸n adicional, y ofrecer谩, en base a dicha informaci贸n, funcionalidades y utilidades a las distintas administraciones p煤blicas y a los ciudadanos.

Reglamentariamente se regular谩 el procedimiento para que los ciudadanos puedan utilizar las funcionalidades y utilidades de la Tarjeta Social Digital.

Tres. Se atribuye al Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones a trav茅s del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la administraci贸n, la gesti贸n y el mantenimiento del registro y del sistema inform谩tico que dar谩 soporte a la Tarjeta Social Digital y las funcionalidades inherentes a la misma, con arreglo a las prescripciones contenidas en esta disposici贸n adicional y en sus normas de desarrollo reglamentario.

Cuatro. Las administraciones p煤blicas, entidades y organismos y empresas p煤blicas responsables de la gesti贸n de las prestaciones sociales p煤blicas de contenido econ贸mico enumeradas en el apartado Dos facilitar谩n al Instituto Nacional de la Seguridad Social la informaci贸n actualizada correspondiente a los datos identificativos de los titulares de las prestaciones econ贸micas, as铆 como, en cuanto determinen o condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquellas, de los beneficiarios, c贸nyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesi贸n o reconocimiento.

Los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda o, en su caso, de las administraciones tributarias forales, dentro de cada ejercicio anual y conforme al art铆culo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la normativa foral equivalente, est谩n obligadas a suministrar al Instituto Nacional de la Seguridad Social informaci贸n relativa a los niveles de renta de los ciudadanos afectados que se beneficien de prestaciones sociales p煤blicas de contenido econ贸mico, para lo cual dicho Instituto remitir谩 el fichero de beneficiarios a la administraci贸n tributaria que corresponda en cada caso para que por esta se incluya para cada perceptor su nivel de renta.

A su vez, las administraciones p煤blicas, entidades y organismos con competencias de gesti贸n o de coordinaci贸n estatal en materia de discapacidad, dependencia, demanda de empleo, familia numerosa y cualquier otra situaci贸n subjetiva relevante, que as铆 se determine reglamentariamente, facilitar谩n al Instituto Nacional de la Seguridad Social la informaci贸n actualizada sobre estas situaciones en relaci贸n con todos los ciudadanos afectados.

Las anteriores previsiones se desarrollar谩n con arreglo al principio de cooperaci贸n entre administraciones p煤blicas al servicio del inter茅s general.

Cinco. Las administraciones p煤blicas, entidades y organismos responsables de la gesti贸n de las prestaciones sociales p煤blicas definidas en el apartado Dos tendr谩n acceso a toda la informaci贸n de la Tarjeta Social Digital. Asimismo, el ciudadano tendr谩 acceso a toda la informaci贸n registrada sobre su persona en la Tarjeta Social Digital.

Seis. El tratamiento de datos previsto en la Tarjeta Social Digital se basa en el inter茅s p煤blico que representa disponer de un sistema inform谩tico integrado en el que se recojan todas las prestaciones sociales p煤blicas de contenido econ贸mico y situaciones subjetivas relevantes que afecten a los ciudadanos. La informaci贸n contenida en la Tarjeta se someter谩 a la normativa vigente en materia de protecci贸n de datos de las personas f铆sicas.

Siete. Las prestaciones sociales p煤blicas de car谩cter econ贸mico definidas en el apartado Dos, se incorporar谩n de forma gradual a la Tarjeta Social Digital de acuerdo con los plazos, requisitos y procedimientos que se establezcan mediante norma reglamentaria.

Ocho. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci贸n y desarrollo de esta disposici贸n adicional.禄

Dos. Se da nueva redacci贸n a la disposici贸n transitoria tercera, que queda redactada de la siguiente forma:

芦Disposici贸n transitoria tercera. Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas.

El Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas, constituido en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y gestionado por el mismo, se mantendr谩 en vigor en los t茅rminos previstos en el art铆culo 72 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, as铆 como en el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, dando servicio a las entidades, organismos y empresas incluidas en el cat谩logo a que se refiere el art铆culo 9 del citado real decreto, hasta la fecha que se determine en la norma reglamentaria que, en desarrollo de la disposici贸n adicional cent茅sima cuadrag茅sima primera de la presente ley, regule la Tarjeta Social Digital.

A partir de su puesta en funcionamiento, quedar谩 integrado en la Tarjeta Social Digital el contenido del actual Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas, regulado por el art铆culo 72 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y por el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo.禄

Disposici贸n final sexta. Financiaci贸n de los gastos derivados de las funciones que puedan desarrollar las entidades locales en aplicaci贸n del art铆culo 22 de este real decreto-ley.

  1. Los gastos que se deriven de la aplicaci贸n del art铆culo 22 de este real decreto-ley deber谩n ser financiados por las entidades locales exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en el que se inicie el procedimiento regulado en aquel precepto, sin que se pueda exceder el super谩vit previsto al cierre del ejercicio con arreglo a la informaci贸n de ejecuci贸n del presupuesto, pudiendo utilizarse como referencia la que, con periodicidad trimestral, se remite al Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de informaci贸n previstas en la Ley Org谩nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin perjuicio de la aplicaci贸n del art铆culo 12 de esta 煤ltima, para determinar en relaci贸n con el ejercicio 2020 la situaci贸n de incumplimiento a los efectos del art铆culo 21.1 de la citada ley org谩nica se tendr谩 en consideraci贸n, con car谩cter excepcional, si aquella ha estado causada por el gasto al que se refiere esta disposici贸n final en el que incurran las entidades locales.
  2. El importe de las obligaciones reconocidas por las entidades locales por el gasto adicional consecuencia de la ejecuci贸n de las funciones a las que se refiere esta disposici贸n no podr谩 superar, en cada una de aquellas en cada ejercicio de vigencia del respectivo convenio de colaboraci贸n suscrito de acuerdo con el art铆culo 22 del real decreto-ley, el 5 por ciento del total de las que se hayan reconocido en el ejercicio anterior por el cap铆tulo 1, gastos de personal, correspondientes a la pol铆tica de gasto 23. Servicios sociales y promoci贸n social, de la estructura de los presupuestos de las entidades locales, aprobada por Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
  3. Las corporaciones locales suministrar谩n al Ministerio de Hacienda, con periodicidad trimestral, informaci贸n espec铆fica relativa a la ejecuci贸n de las funciones a las que se refiere esta disposici贸n, incluyendo en todo caso la correspondiente al gasto realizado. A estos efectos, se habilita al 贸rgano competente del Ministerio de Hacienda para determinar los modelos de formularios normalizados para la captura de aquella informaci贸n y dictar, en su caso, las instrucciones o resoluciones que resulten necesarias para la concreci贸n, procedimiento y plazo de remisi贸n de la informaci贸n a suministrar.

La remisi贸n de la informaci贸n econ贸mico-financiera de cada corporaci贸n local se realizar谩 por la intervenci贸n o unidad que ejerza sus funciones, mediante firma electr贸nica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr贸nica.

El Ministerio de Hacienda podr谩 difundir o publicar la informaci贸n remitida en virtud del presente real decreto-ley con el alcance, contenido y metodolog铆a que determine.

El incumplimiento de las obligaciones de suministro de informaci贸n, tanto en lo referido a los plazos establecidos, el correcto contenido, idoneidad o modo de env铆o de los datos podr谩 llevar aparejada la imposici贸n de las medidas previstas en los art铆culos 20 y siguientes de la Ley Org谩nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, previo requerimiento a la corporaci贸n local para su cumplimiento en un plazo de diez d铆as h谩biles. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el Ministerio de Hacienda podr谩 dar publicidad a los requerimientos efectuados o al incumplimiento de los mismos.

Disposici贸n final s茅ptima. Actualizaci贸n de valores.
Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, a modificar los valores previstos en el apartado 8.3 y en el anexo II, as铆 como los porcentajes y escalas establecidos en el art铆culo 10.2 y en el anexo I, cuando, atendiendo a la evoluci贸n de las circunstancias sociales y econ贸micas y de las situaciones de vulnerabilidad, as铆 como a las evaluaciones peri贸dicas establecidas en el art铆culo 28.3, se aprecie la necesidad de dicha modificaci贸n con el fin de que la prestaci贸n pueda mantener su acci贸n protectora dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, lograr la inclusi贸n social y suplir las carencias de recursos econ贸micos para la cobertura de necesidades b谩sicas.

Las propuestas de modificaci贸n se someter谩n a consulta previa de la Comisi贸n de seguimiento y del Consejo consultivo del ingreso m铆nimo vital.

Disposici贸n final octava. Cl谩usula de salvaguardia para modificaciones de norma de inferior rango.
El art铆culo 3, p谩rrafo p), del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales p煤blicas, conserva su rango normativo como real decreto.

Disposici贸n final novena. T铆tulo competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art铆culo 149.1.1.陋, 13.陋, 14.陋, 17.陋 y 18.陋 de la Constituci贸n Espa帽ola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulaci贸n de las condiciones b谩sicas que garanticen la igualdad de todos los espa帽oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; bases y coordinaci贸n de la planificaci贸n general de la actividad econ贸mica; hacienda general y deuda del Estado; legislaci贸n b谩sica y r茅gimen econ贸mico de la Seguridad Social; y bases del r茅gimen jur铆dico de las administraciones p煤blicas y el procedimiento administrativo com煤n.

Disposici贸n final d茅cima. Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno y al Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, en el 谩mbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuci贸n de lo dispuesto en este real decreto-ley.

Disposici贸n final decimoprimera. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrar谩 en vigor el mismo d铆a de su publicaci贸n en el 芦Bolet铆n Oficial del Estado禄.

Dado en Madrid, el 29 de mayo de 2020.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO S脕NCHEZ P脡REZ-CASTEJ脫N

ANEXO I
Escala de incrementos para el c谩lculo de la renta garantizada seg煤n el tipo de unidad de convivencia para el ejercicio 2020
Escala de incrementos

Un adulto solo.

5.538 鈧 (renta garantizada para un adulto solo).

Un adulto y un menor.

1,52

Un adulto y dos menores.

1,82

Un adulto y tres o m谩s menores.

2,12

Dos adultos.

1,3

Dos adultos y un menor.

1,6

Dos adultos y dos menores.

1,9

Dos adultos y tres o m谩s menores.

2,2

Tres adultos.

1,6

Tres adultos y un menor.

1,9

Tres adultos y dos o m谩s ni帽os.

2,2

Cuatro adultos.

1,9

Cuatro adultos y un ni帽o.

2,2

Otros.

2,2

ANEXO II
Escala de incrementos para el c谩lculo del l铆mite de patrimonio aplicable seg煤n el tipo de unidad de convivencia
Escala de incrementos

Un adulto solo.

16.614 鈧 (3 veces la renta garantizada para un adulto solo)

Un adulto y un menor.

1,4

Un adulto y dos menores.

1,8

Un adulto y tres o m谩s menores.

2,2

Dos adultos.

1,4

Dos adultos y un menor.

1,8

Dos adultos y dos menores.

2,2

Dos adultos y tres o m谩s menores.

2,6

Tres adultos.

1,8

Tres adultos y un menor.

2,2

Tres adultos y dos o m谩s ni帽os.

2,6

Cuatro adultos.

2,2

Cuatro adultos y un ni帽o.

2,6

Ot

TEXTO ORIGINAL

I

Espa帽a se encuentra entre los pa铆ses de la Uni贸n Europea con una distribuci贸n de la renta entre hogares m谩s desigual. Aunque la reciente recesi贸n econ贸mica deterior贸 especialmente los ingresos de los hogares con menos recursos, la alta desigualdad en Espa帽a precede a los a帽os de recesi贸n, y la recuperaci贸n experimentada desde 2013 no la ha corregido sustancialmente. En 2018, el 煤ltimo a帽o para el que Eurostat ofrece datos comparados, el coeficiente de Gini en Espa帽a es casi tres puntos superior a la media de la Uni贸n Europea, y los ingresos del veinte por ciento de los hogares de renta m谩s baja representan solo una sexta parte de los ingresos del veinte por ciento con renta m谩s alta, mientras en la Uni贸n Europea esta proporci贸n es solo de una quinta parte.

Estos altos niveles de desigualdad en Espa帽a se acent煤an entre las rentas m谩s bajas de la distribuci贸n de ingresos, lo que hace que las tasas de pobreza extrema sean particularmente altas, incluso para el grado de desigualdad agregada del pa铆s. De acuerdo con la definici贸n del INE y de Eurostat (personas que viven en hogares donde la renta disponible por unidad de consumo es inferior al 60 por ciento de la mediana de la renta nacional), en Espa帽a 9,9 millones de personas (21 por ciento) en 4 millones de hogares se encuentran en riesgo de pobreza. Esta alta tasa de pobreza tiene una importante dimensi贸n generacional, tambi茅n persistente en el tiempo. Seg煤n los 煤ltimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estad铆stica, m谩s del 26 por ciento de los ni帽os de menos de 16 a帽os viven en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, una situaci贸n que se agrava a煤n m谩s en los hogares monoparentales, particularmente vulnerables adem谩s a la volatilidad de ingresos.

Aunque las causas de estas altas tasas de desigualdad y pobreza son m煤ltiples, un factor com煤n es el d茅bil efecto redistributivo del conjunto de la intervenci贸n del Estado en Espa帽a en comparaci贸n con la mayor铆a de los pa铆ses de nuestro entorno. Dicha debilidad deriva en parte del menor desarrollo y financiaci贸n de partidas con claro impacto redistributivo (en especial la ausencia de una pol铆tica estatal de garant铆a 煤ltima de ingresos, como existe en la mayor parte de los pa铆ses europeos), y en parte tambi茅n por el dise帽o concreto que han tomado las pol铆ticas p煤blicas.

Ante esta realidad, han sido las comunidades y ciudades con Estatuto de Autonom铆a las que han ido configurando diferentes modelos de pol铆ticas de rentas m铆nimas. Estos sistemas han desempe帽ado un papel muy relevante para la atenci贸n de las personas en situaci贸n de vulnerabilidad, tanto en los momentos de crisis econ贸mica como en las etapas de crecimiento. Sin embargo, se trata de modelos muy diferentes entre s铆, con variaciones muy sustanciales en su dise帽o, y especialmente en sus grados de cobertura y nivel de protecci贸n. El resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones sociales de las personas en situaci贸n de necesidad, muchas de las cuales contin煤an sin ser suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar.

Estas debilidades del sistema de garant铆a de ingresos espa帽ol han sido puestas de manifiesto de manera recurrente en informes y recomendaciones procedentes de las instituciones europeas. As铆, en la recomendaci贸n del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Espa帽a, se afirma que 芦el impacto de las transferencias sociales en la reducci贸n de la pobreza est谩 por debajo de la media europea y est谩 bajando. Los programas de garant铆a de rentas est谩n marcados por grandes disparidades en las condiciones de acceso y entre regiones, y por la fragmentaci贸n de los programas destinados a diferentes grupos de individuos en b煤squeda de empleo y gestionados por diferentes administraciones禄 (punto 12). En la Recomendaci贸n de 2019, se afirma que 芦la proporci贸n de personas en riesgo de pobreza y exclusi贸n social, as铆 como la desigualdad de ingresos sigue estando por encima de la media de la Uni贸n (鈥). La pobreza infantil, aunque se est谩 reduciendo, sigue siendo muy alta. La capacidad de las transferencias sociales diferentes de las pensiones para reducir la pobreza sigue siendo de las m谩s bajas de la Uni贸n, especialmente entre los ni帽os. El gasto social en hogares con ni帽os como proporci贸n del PIB es uno de los m谩s bajos de la UE y est谩 mal focalizado. (鈥) Mientras tanto, los sistemas de ingresos m铆nimos regionales presentan grandes disparidades en las condiciones de acceso, cobertura y suficiencia (鈥). Como resultado, muchos de los que est谩n en situaci贸n de necesidad no reciben apoyo禄 (punto 14).

Tambi茅n en el marco comunitario, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo en noviembre de 2017, pretende dar a los ciudadanos europeos unos derechos sociales nuevos y m谩s efectivos. Este Pilar Europeo de Derechos Sociales establece veinte principios fundamentales, uno de los cuales (principio 14) est谩 dedicado a la renta m铆nima, se帽alando que: 芦Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta m铆nima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, as铆 como el acceso a bienes y servicios de capacitaci贸n. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta m铆nima deben combinarse con incentivos a la (re)integraci贸n en el mercado laboral禄.

Junto a estas recomendaciones procedentes del 谩mbito comunitario, m煤ltiples estudios y reflexiones han contribuido en los 煤ltimos a帽os al debate nacional sobre las carencias del modelo espa帽ol de garant铆a de ingresos. Con el objeto de analizar el sistema de garant铆a de ingresos en nuestro pa铆s, as铆 como sus necesidades de reforma, en el a帽o 2016, en el marco del Programa para el Empleo y la Innovaci贸n Social de la Uni贸n Europea (eje 芦Progreso禄), el Gobierno de Espa帽a, a trav茅s del entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, elabor贸 el informe denominado 芦El sistema de garant铆a de ingresos en Espa帽a: tendencias, resultados y necesidades de reforma禄. Entre otros elementos, este informe se帽alaba que el mapa de rentas m铆nimas en Espa帽a se caracteriza por la diversidad territorial, debido a que su desarrollo normativo y financiaci贸n dependen de cada una de las comunidades aut贸nomas. La diversa naturaleza de la norma, las denominaciones, flexibilidad de los requisitos de acceso o intensidad protectora dependen, en buena parte, del modelo de inclusi贸n del territorio en t茅rminos de reconocimiento de derecho, desarrollo de planes de inclusi贸n, compromiso institucional o participaci贸n de distintos niveles administrativos, departamentos y gestores de programas.

En febrero de 2017, el Parlamento espa帽ol tom贸 en consideraci贸n una Iniciativa Legislativa Popular, a propuesta de los sindicatos Uni贸n General de Trabajadores y Comisiones Obreras, con el objetivo de establecer una prestaci贸n de ingresos m铆nimos. Se trata de la primera propuesta relevante en este 谩mbito, que, sin duda, supuso un fuerte impulso para el desarrollo del ingreso m铆nimo vital.

El 2 de marzo de 2018, el Consejo de Ministros aprob贸 encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realizaci贸n de un an谩lisis sobre prestaciones de ingresos m铆nimos, que se materializ贸 en un estudio titulado 芦Los programas de rentas m铆nimas en Espa帽a禄.

Entre otros elementos, el estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se帽alaba que, a diferencia de lo que ocurre en la mayor铆a de los pa铆ses europeos, Espa帽a no cuenta con una prestaci贸n que cubra el riesgo general de pobreza. Asimismo, pon铆a de relieve que el sistema de ingresos m铆nimos en Espa帽a est谩 fraccionado y presenta disparidades territoriales. Con car谩cter general las cuant铆as son bajas y falta cobertura.

El estudio advert铆a que los programas de rentas m铆nimas pueden generar desincentivos a la incorporaci贸n al mercado laboral, especialmente cuando una de las condiciones de elegibilidad es ser desempleado y que uno de los retos m谩s complejos a los que se enfrentan estos programas es el crecimiento en todos los pa铆ses del porcentaje de trabajadores que reciben remuneraciones inferiores al umbral de pobreza.

Por otra parte, con el fin de prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusi贸n social en Espa帽a, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019 se aprob贸 la Estrategia Nacional de Prevenci贸n y Lucha contra la Pobreza y la Exclusi贸n Social 2019-2023. Entre otros elementos, la estrategia identifica la reducci贸n de la desigualdad de rentas entre los principales desaf铆os de las sociedades europeas y en Espa帽a en particular.

II

La necesidad de la puesta en marcha del ingreso m铆nimo vital como pol铆tica destinada a corregir estos problemas se ha visto acelerada por la crisis sanitaria del COVID-19 y el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Ante la gravedad de la crisis y la r谩pida evoluci贸n de los contagios, el Congreso de los Diputados, previo Acuerdo del Consejo de Ministros, ha aprobado la pr贸rroga del estado de alarma en cinco ocasiones, a trav茅s de los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24 de abril, 514/2020, de 8 de mayo y 537/2020, de 22 de mayo.

Las medidas sanitarias de contenci贸n han supuesto la restricci贸n de la movilidad y la paralizaci贸n de numerosos sectores de la econom铆a espa帽ola, con el consiguiente efecto negativo para la renta de los hogares, los aut贸nomos y las empresas.

En este contexto el Gobierno de Espa帽a ha venido adoptando una serie de medidas urgentes orientadas tanto a frenar el avance de la pandemia, como a mitigar los profundos efectos econ贸micos y sociales que la crisis sanitaria est谩 generando en nuestro pa铆s.

M谩s all谩 del impacto directo sobre la actividad econ贸mica, la pandemia ha desembocado en una profunda crisis social, que afecta especialmente a las personas en situaci贸n de vulnerabilidad.

Las situaciones de crisis proyectan sus efectos m谩s perjudiciales sobre la poblaci贸n m谩s vulnerable e insegura, que no goza de una estabilidad permanente en sus ingresos, y que adem谩s est谩 insuficientemente atendida por la mayor parte de las pol铆ticas sociales, vinculadas a la existencia de relaciones estables de empleo.

Por tanto, a la vista de lo expuesto anteriormente, la situaci贸n de pobreza y desigualdad existente en Espa帽a y el incremento de la vulnerabilidad econ贸mica y social ocasionado por el COVID-19, exigen la puesta en marcha con car谩cter urgente de un mecanismo de garant铆a de ingresos de 谩mbito nacional. Este mecanismo, articulado a partir del mandato que el art铆culo 41 de la Constituci贸n Espa帽ola otorga al r茅gimen p煤blico de Seguridad Social para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situaci贸n de vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia. A esta finalidad responde la presente disposici贸n, aprobando el ingreso m铆nimo vital como prestaci贸n econ贸mica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

III

Esta prestaci贸n nace con el objetivo principal de garantizar, a trav茅s de la satisfacci贸n de unas condiciones materiales m铆nimas, la participaci贸n plena de toda la ciudadan铆a en la vida social y econ贸mica, rompiendo el v铆nculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los 谩mbitos laboral, educativo, o social de los individuos. La prestaci贸n no es por tanto un fin en s铆 misma, sino una herramienta para facilitar la transici贸n de los individuos desde la exclusi贸n social que les impone la ausencia de recursos hacia una situaci贸n en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad. Aunque la situaci贸n de privaci贸n econ贸mica que sufren las personas a las que va dirigida esta medida est茅 en el origen de su situaci贸n de vulnerabilidad, la forma concreta que tomar谩 su inclusi贸n social variar谩 en funci贸n de las caracter铆sticas de cada individuo: para algunos, ser谩 el acceso a oportunidades educativas, para otros, la incorporaci贸n al mercado de trabajo o, la soluci贸n a una condici贸n sanitaria determinada. Este objetivo de inclusi贸n condiciona de manera central el dise帽o de la prestaci贸n, que, incorporando las mejores pr谩cticas internacionales, introduce un sistema de incentivos buscando evitar la generaci贸n de lo que los expertos en pol铆tica social han llamado 芦trampas de pobreza禄, esto es, que la mera existencia de prestaci贸n inhiba el objetivo de inclusi贸n social y econ贸mica de los receptores. Para aplicar este sistema de incentivos, resulta fundamental la cooperaci贸n con las comunidades aut贸nomas y entidades locales en el despliegue de unos itinerarios de inclusi贸n flexibles y adaptados a cada situaci贸n para los beneficiarios del ingreso m铆nimo vital, dado que, en el ejercicio de sus competencias, pueden acceder de manera m谩s directa a las realidades concretas de los perceptores a trav茅s de los servicios sociales, pieza clave en la articulaci贸n del sistema. El sector privado tambi茅n ser谩 copart铆cipe del dise帽o de estos itinerarios de inclusi贸n, estableci茅ndose un Sello de Inclusi贸n Social que acredite a todas aquellas empresas que ofrezcan oportunidades de empleo y formaci贸n a los perceptores del ingreso m铆nimo vital.

La centralidad del objetivo de inclusi贸n que subyace a la norma exigir谩 que los efectos de la prestaci贸n tendr谩n que ser permanente y rigurosamente evaluados una vez sea puesta en marcha.

As铆 entendido, el ingreso m铆nimo vital no es una pol铆tica dirigida a grupos o individuos concretos, sino que, atendiendo a aquellos que en un momento determinado sufren situaciones de exclusi贸n y vulnerabilidad, protege de forma estructural a la sociedad en su conjunto. Esta pol铆tica actuar谩 as铆 como un seguro colectivo frente a los retos que nuestras sociedades enfrentar谩n en el futuro pr贸ximo: carreras laborales m谩s inciertas, nuevas vulnerabilidades como la puesta de manifiesto por la crisis de COVID-19, transformaciones econ贸micas asociadas a la robotizaci贸n o el cambio clim谩tico, y en general una mayor volatilidad en los ingresos y los empleos, problemas frente a los que casi nadie ser谩 inmune, pero que afectar谩n especialmente a los grupos sociales m谩s vulnerables.

Con el objetivo de evitar duplicidades de cara al ciudadano y en aras de una mayor efectividad de la pol铆tica, la puesta en marcha del ingreso m铆nimo vital exigir谩 tambi茅n una progresiva reordenaci贸n del conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con los de esta nueva pol铆tica. Este proceso de reajuste se iniciar谩 con la eliminaci贸n de la actual prestaci贸n de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

La progresiva reorganizaci贸n de las prestaciones no contributivas que deber谩 abordarse en los pr贸ximos a帽os permitir谩 una focalizaci贸n en colectivos particularmente vulnerables que contribuya a una mayor redistribuci贸n de la renta y la riqueza en nuestro pa铆s.

El modelo de gobernanza compartida que se prefigura en esta norma, en la que de forma articulada y coordinada participan las comunidades aut贸nomas y las entidades locales, persigue un doble objetivo. Por un lado, lograr un despliegue m谩s efectivo de la pol铆tica de cara al ciudadano. La evaluaci贸n de los programas de sostenimiento de rentas en otros contextos ha identificado como uno de los problemas recurrentes el hecho de que muchos de sus potenciales beneficiarios acaban no accediendo a ellos, bien por la complejidad de los procedimientos, la naturaleza de los colectivos a los que va dirigido, o una combinaci贸n de estos factores. La implicaci贸n de comunidades aut贸nomas y entidades locales, con especial protagonismo de los servicios sociales, junto al papel del tercer sector, busca maximizar la capilaridad institucional para llegar por diferentes canales a todos los posibles solicitantes, con el objeto de minimizar los problemas de acceso a la pol铆tica p煤blica.

En segundo lugar, la implicaci贸n de comunidades aut贸nomas y entidades locales en el despliegue de la pol铆tica persigue consolidar la necesaria implicaci贸n de todas las instituciones en el compromiso com煤n de lucha contra la pobreza y las desigualdades en todo el territorio, engarzando el leg铆timo ejercicio del autogobierno en el 谩mbito de las pol铆ticas sociales de las comunidades aut贸nomas con la provisi贸n colectiva de una red de protecci贸n m铆nima y com煤n de ingresos garantizada por la Seguridad Social.

Finalmente, la colaboraci贸n en el dise帽o y la gesti贸n del ingreso m铆nimo vital entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Secretar铆a General de Objetivos y Pol铆ticas de Inclusi贸n y Previsi贸n Social, por parte del Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, y la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria, por parte del Ministerio de Hacienda, constituye un paso decisivo hacia un modelo de pol铆tica social construido sobre la base de una visi贸n integral de la Hacienda p煤blica comprensiva tanto de los tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en funci贸n de su capacidad econ贸mica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas o perceptores de ayudas monetarias evitando redundancias, contradicciones e inequidades.

IV

Desde una perspectiva de an谩lisis de la evoluci贸n del sistema de Seguridad Social, la creaci贸n del ingreso m铆nimo vital constituye un hito hist贸rico que viene a equilibrar la configuraci贸n de un modelo integrado por una doble esfera, contributiva y no contributiva, en el que esta segunda ha sido hasta ahora un elemento secundario. De ah铆 la importancia de la configuraci贸n del ingreso m铆nimo vital como prestaci贸n no contributiva de la Seguridad Social.

A partir del art铆culo 41 de nuestra Constituci贸n, la doctrina constitucional concibe la Seguridad Social como una 芦funci贸n del Estado禄 (STC 37/1994). De un lado, el Tribunal Constitucional pone de manifiesto la estrecha vinculaci贸n de este precepto con el art铆culo 1 del mismo texto constitucional en el que se reconoce el car谩cter social de nuestro Estado que propugna la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento; as铆 como su conexi贸n con el art铆culo 9.2 en el que se recoge el mandato de promoci贸n de la igualdad y de remoci贸n de los obst谩culos que la dificultan.

De otro lado, esta caracterizaci贸n como funci贸n del Estado supone que la Seguridad Social ocupa 芦鈥 una posici贸n decisiva en el remedio de situaciones de necesidad鈥β, con la particularidad de que la identificaci贸n de tales situaciones y el modo en el que se articula su protecci贸n se ha de hacer 芦鈥 teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan, y en conexi贸n con las circunstancias econ贸micas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos sociales禄 (STC 65/1987).

De lo anterior puede deducirse la trascendencia que para la sociedad espa帽ola tiene la aprobaci贸n del ingreso m铆nimo vital. Porque, m谩s all谩 de la dimensi贸n coyuntural que una medida como esta tiene en el actual contexto de crisis provocado por la pandemia, la nueva prestaci贸n se integra con vocaci贸n estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad Social reforzando decisivamente su contenido como garant铆a institucional 芦鈥 cuya preservaci贸n se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales禄 (STC 32/1981).

V

El real decreto-ley se estructura en nueve cap铆tulos, treinta y siete art铆culos, cinco disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposici贸n derogatoria, once disposiciones finales y dos anexos.

El cap铆tulo I recoge las disposiciones generales del ingreso m铆nimo vital, regulando el objeto, el concepto y naturaleza, as铆 como sus caracter铆sticas.

El principal objetivo del ingreso m铆nimo vital ser谩 la reducci贸n de la pobreza, especialmente la pobreza extrema, y la redistribuci贸n de la riqueza. Al asegurar un determinado nivel de renta con independencia del lugar de residencia, esta prestaci贸n de la Seguridad Social promover谩 la igualdad efectiva de todos los espa帽oles.

El cap铆tulo II se ocupa del 谩mbito subjetivo del ingreso m铆nimo vital.

Podr谩n ser beneficiarias del ingreso m铆nimo vital las personas que vivan solas o los integrantes de una unidad de convivencia que, con car谩cter general, estar谩 formada por dos o m谩s personas que residan en la misma vivienda y que est茅n unidas entre s铆 por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, si bien se establecen excepciones para contemplar determinados supuestos, como es el caso de las personas que sin tener v铆nculos familiares comparten vivienda por situaci贸n de necesidad. En todo caso, para tener la condici贸n de beneficiario, se exigen una serie de requisitos para el acceso y el mantenimiento del derecho a la prestaci贸n.

Se regula tambi茅n la figura del titular de la prestaci贸n, que ser谩n las personas con plena capacidad de obrar que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia, asumiendo tambi茅n, en este 煤ltimo caso, la representaci贸n de la unidad de convivencia.

En todo caso el derecho a la prestaci贸n se configura en funci贸n de la situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica. A estos efectos, se va a considerar que se da esta situaci贸n cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, sea al menos 10 euros inferior al nivel de renta garantizada para cada supuesto previsto, en funci贸n de las caracter铆sticas de la persona beneficiaria individual o la unidad de convivencia, requiri茅ndose adem谩s que su patrimonio, excluida la vivienda habitual, sea inferior a los l铆mites establecidos en el real decreto-ley.

Se prev茅, por 煤ltimo, el r茅gimen de compatibilidad del ingreso m铆nimo vital con el empleo, de forma que la percepci贸n de esta prestaci贸n no desincentive la participaci贸n en el mercado laboral.

El cap铆tulo III se ocupa de la acci贸n protectora.

El ingreso m铆nimo vital es una prestaci贸n econ贸mica de periodicidad mensual que cubre la diferencia entre el conjunto de ingresos que ha recibido el hogar unipersonal o la unidad de convivencia durante el a帽o anterior y la renta garantizada determinada por el real decreto-ley para cada supuesto, que, para el ejercicio 2020, se deduce de aplicar la escala establecida en el anexo I del real decreto-ley.

La renta garantizada para un hogar unipersonal es el equivalente al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social vigente en cada momento, dividido por 12. El importe de la renta garantizada se incrementa en funci贸n de la composici贸n de la unidad de convivencia mediante la aplicaci贸n de unas escalas de incrementos.

El ingreso m铆nimo vital protege especialmente a los hogares monoparentales, estableciendo un complemento de monoparentalidad del 22 por ciento de la cuant铆a mensual de la pensi贸n no contributiva unipersonal. Asimismo, protege de manera m谩s intensa a la infancia, al establecer escalas de equivalencia para los menores superiores a las utilizadas habitualmente en este tipo de prestaciones.

Con el fin de garantizar un determinado nivel de ingresos a los hogares en situaci贸n de vulnerabilidad, el ingreso m铆nimo vital tiene car谩cter indefinido y se mantendr谩 siempre y cuando subsistan las causas que motivaron su concesi贸n.

En este cap铆tulo se determinan asimismo las causas de suspensi贸n y extinci贸n del derecho, las incompatibilidades y el reintegro de las prestaciones indebidas. Por otra parte, se definen los conceptos de renta y de patrimonio que se tendr谩n en cuenta para el c贸mputo de los ingresos y de la situaci贸n patrimonial, a partir de lo cual se determinar谩 el derecho a la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital.

En el c贸mputo de ingresos quedan expresamente excluidas las prestaciones auton贸micas concedidas en concepto de rentas m铆nimas. Por tanto, el ingreso m铆nimo vital se configura como una prestaci贸n 芦suelo禄 que se hace compatible con las prestaciones auton贸micas que las comunidades aut贸nomas, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas m铆nimas, tanto en t茅rminos de cobertura como de generosidad. De esta forma, el dise帽o del ingreso m铆nimo vital, respetando el principio de autonom铆a pol铆tica, permite a las comunidades aut贸nomas modular su acci贸n protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio, al tiempo que preserva su papel como 煤ltima red de protecci贸n asistencial.

Finalmente, se recogen los mecanismos para acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestaci贸n.

El cap铆tulo IV regula el procedimiento para la solicitud, el inicio de la tramitaci贸n y resoluci贸n del ingreso m铆nimo vital.

Con el objeto de facilitar la presentaci贸n de la solicitud se habilitar谩n diferentes canales a disposici贸n de los ciudadanos. Asimismo, se podr谩n suscribir convenios con las comunidades aut贸nomas y entidades locales para la presentaci贸n de las solicitudes e iniciaci贸n y tramitaci贸n del expediente, por su proximidad y conocimiento de la realidad social de su territorio.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ser谩 el competente para el reconocimiento y control de la prestaci贸n, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios y de las disposiciones adicionales cuarta y quinta. La tramitaci贸n del procedimiento se realizar谩 por medios telem谩ticos.

El cap铆tulo V regula la cooperaci贸n entre las administraciones p煤blicas.

Se contempla la promoci贸n de estrategias de inclusi贸n de las personas beneficiarias del ingreso m铆nimo vital, en coordinaci贸n con todas las administraciones involucradas. Asimismo, se prev茅 la firma de convenios con otros 贸rganos de la administraci贸n, con comunidades aut贸nomas y entidades locales, pudiendo estos convenios regir la cooperaci贸n en el procedimiento administrativo, en el desarrollo de estrategias de inclusi贸n o en cualquier otro 谩mbito de relevancia para los fines del ingreso m铆nimo vital.

El real decreto-ley crea la Comisi贸n de seguimiento del ingreso m铆nimo vital, como 贸rgano de cooperaci贸n con las comunidades aut贸nomas y entidades locales en materia de inclusi贸n, as铆 como el Consejo consultivo del ingreso m铆nimo vital, como 贸rgano de consulta y participaci贸n con las entidades del Tercer Sector de Acci贸n Social y las organizaciones sindicales y empresariales.

El cap铆tulo VI determina el r茅gimen de financiaci贸n del ingreso m铆nimo vital, que se realizar谩 a cargo del Estado mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos de la Seguridad Social.

Los cap铆tulos VII y VIII establecen, respectivamente, el r茅gimen de obligaciones y el de infracciones y sanciones.

La econom铆a informal perjudica tanto a las personas que trabajan de esta forma, que en determinados momentos de su vida se encontrar谩n sin la protecci贸n social necesaria por la falta de cotizaci贸n previa, como a la sociedad en su conjunto por la menor recaudaci贸n impositiva y, por tanto, la merma de la capacidad del Estado para el desarrollo de las pol铆ticas p煤blicas.

El ingreso m铆nimo vital, al ser compatible con los rendimientos del trabajo y estar acompa帽ado de un mecanismo incentivador al empleo, as铆 como de las obligaciones de los beneficiarios de participar en las estrategias de inclusi贸n que promueva el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, y de figurar como demandantes de empleo en caso de no trabajar, brindar谩 la oportunidad de incorporarse a la econom铆a formal a personas y colectivos que tradicionalmente han venido trabajando fuera de este 谩mbito. La incorporaci贸n al trabajo formal y el disfrute de los beneficios sociales y econ贸micos que esto supone actuar谩 en muchos casos como barrera para la vuelta de estas personas a la econom铆a informal, con los beneficios individuales y colectivos que ello comporta para la sociedad en su conjunto.

En el caso del trabajo por cuenta ajena, la econom铆a informal no ser铆a posible sin la colaboraci贸n necesaria de aquellos empresarios que, con esta forma de actuar, persiguen eludir impuestos y reducir los costes laborales de su actividad. Por este motivo, la lucha contra la econom铆a informal debe desarrollarse en un doble 谩mbito: tanto por el lado de los trabajadores, como por el lado de los empresarios que ostentan en esta ocasi贸n la figura del cooperador necesario, sin la cual la infracci贸n no ser铆a posible. Por tanto, la reducci贸n de la econom铆a informal requiere necesariamente de la equiparaci贸n del autor de la infracci贸n con el cooperador necesario, en este caso el empresario, a la hora de imponer la sanci贸n.

En este sentido, el real decreto-ley establece que tanto las personas titulares y beneficiarias del derecho que hayan cometido la infracci贸n, como aquellas otras que hubiesen cooperado en su comisi贸n, ser谩n responsables de las infracciones tipificadas en el real decreto-ley.

Asimismo, y con id茅ntica finalidad, se establecen sanciones accesorias como la extinci贸n del derecho o la imposibilidad de resultar beneficiario a futuro, sin perjuicio del necesario reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, para los casos de falseamiento, ocultaci贸n fraudulenta de cambios en la situaci贸n o cualquier otra actuaci贸n fraudulenta que den lugar al acceso indebido a la prestaci贸n, a su mantenimiento o a un aumento indebido de su importe.

El cap铆tulo IX regula el r茅gimen de control financiero de esta prestaci贸n.

La disposici贸n adicional primera incluye un mandato a regular reglamentariamente el Sello de Inclusi贸n Social, con el que se distinguir谩 a aquellos empleadores de beneficiarios del ingreso m铆nimo vital que contribuyan al tr谩nsito de los beneficiarios del ingreso m铆nimo vital desde una situaci贸n de riesgo de pobreza y exclusi贸n a la participaci贸n activa en la sociedad.

La disposici贸n adicional segunda prev茅 la inclusi贸n de las prestaciones del ingreso m铆nimo vital en el Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas.

La disposici贸n adicional tercera regula el cr茅dito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso m铆nimo vital en el ejercicio 2020.

La disposici贸n adicional cuarta contempla el estudio por parte del Gobierno de la celebraci贸n de convenios con comunidades aut贸nomas que contemplen f贸rmulas de gesti贸n de la prestaci贸n.

La disposici贸n adicional quinta regula la aplicaci贸n del real decreto-ley en los territorios forales, en atenci贸n a la especificidad de las Haciendas Forales. As铆, se contempla que dichos territorios asuman las funciones y servicios que el real decreto-ley atribuye al Instituto Nacional de Seguridad Social y se prev茅 que, mientras no se asuman dichas funciones, se firme una encomienda de gesti贸n.

La disposici贸n transitoria primera determina la prestaci贸n transitoria del ingreso m铆nimo vital durante 2020, para los beneficiarios de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, que cumplan determinados requisitos y cuya asignaci贸n econ贸mica sea inferior al importe de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital.

A partir del 31 de diciembre de 2020, los beneficiarios que mantengan los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de la prestaci贸n transitoria, pasar谩n a ser beneficiarios del ingreso m铆nimo vital. Apreci谩ndose en estos momentos circunstancias de extraordinaria necesidad derivadas de la crisis sanitaria que requieren su cobertura urgente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocer谩 la prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital a los actuales beneficiarios de la prestaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que re煤nan determinados requisitos. Para la comprobaci贸n de dichos requisitos, de forma extraordinaria, como excepci贸n al art铆culo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no se considerar谩 necesario recabar el consentimiento para la tramitaci贸n de la prestaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo, en tanto en cuanto la prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital supone una mejora en la misma.

La disposici贸n transitoria segunda regula el d铆a a partir del cual podr谩n presentarse solicitudes y el momento a partir del cual se devenga la prestaci贸n.

La disposici贸n transitoria tercera prev茅 un procedimiento excepcional relacionado directamente con la situaci贸n econ贸mica generada a ra铆z de la pandemia del COVID-19, que tiene por objeto asegurar que el ingreso m铆nimo vital llegue con urgencia a las personas y hogares que m谩s lo necesitan y que m谩s est谩n padeciendo las consecuencias de la crisis. As铆, se permite el reconocimiento de la prestaci贸n para las solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situaci贸n de ingresos durante este a帽o, en lugar de los ingresos del a帽o anterior, al objeto de poder tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad generadas por las consecuencias econ贸micas y sociales que est谩 ocasionando el COVID-19. En particular, a efectos de acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, se considerar谩n los ingresos que haya tenido la persona o unidad de convivencia durante este a帽o, siempre y cuando en el ejercicio anterior no supere la mitad de los l铆mites de patrimonio establecidos de forma general para las citadas unidades de convivencia y cuyos ingresos no superen en m谩s del 50 por ciento de los l铆mites establecidos para toda la unidad de convivencia en el ejercicio 2019 en los t茅rminos establecidos en el presente real decreto-ley.

La disposici贸n transitoria cuarta prev茅 que, hasta el 31 de diciembre y con car谩cter excepcional, el control sobre el reconocimiento del derecho y de la obligaci贸n de los expedientes de la prestaci贸n no contributiva de ingreso m铆nimo vital ser谩 exclusivamente la de control financiero permanente.

La urgente necesidad de proceder al pago de estas prestaciones, ante la necesidad social derivada de la crisis del COVID-19, hace que los plazos de implementaci贸n sean extraordinariamente breves, dificultando el desarrollo de los sistemas inform谩ticos adecuados, as铆 como reordenar los procedimientos de control.

La disposici贸n transitoria quinta, por su parte, regula una exenci贸n del pago de precios p煤blicos por servicios acad茅micos universitarios del curso acad茅mico 2020/2021 para aquellos a quienes se reconozca la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital entre los meses de junio y diciembre de 2020 y, habiendo solicitado una beca de la Administraci贸n General del Estado para cursar estudios postobligatorios no la obtengan por superar los umbrales de renta y patrimonio. La situaci贸n socioecon贸mica provocada por la COVID-19 justifica la adopci贸n de medidas para fomentar el acceso a la ense帽anza superior p煤blica. La obtenci贸n de una beca para la realizaci贸n de estudios conducentes a la obtenci贸n de un t铆tulo universitario de car谩cter oficial lleva aparejada, con car谩cter general, la exenci贸n del pago de los precios p煤blicos por dichos servicios acad茅micos. Sin embargo, el contexto actual demanda medidas extraordinarias para evitar el abandono escolar de personas que se hayan visto gravemente afectadas por la pandemia.

La disposici贸n transitoria sexta regula el r茅gimen de financiaci贸n del ingreso m铆nimo vital durante 2020, especificando que se dotar谩n, mediante modificaci贸n presupuestaria, los cr茅ditos presupuestarios que resulten adecuados para la financiaci贸n del ingreso m铆nimo vital.

La disposici贸n transitoria s茅ptima regula la integraci贸n de la prestaci贸n por hijo o menor a cargo en la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital. A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley no podr谩n presentarse nuevas solicitudes para la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, sin perjuicio de las personas beneficiarias que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso m铆nimo vital podr谩n ejercer el derecho de opci贸n para volver a la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social.

Asimismo, se precisa el r茅gimen transitorio aplicable a las personas beneficiarias de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

La disposici贸n derogatoria 煤nica dispone la derogaci贸n de cuantas normas se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.

La disposici贸n final primera modifica el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales p煤blicas, al objeto de que se incorpore desde el momento de su puesta en marcha la prestaci贸n econ贸mica del ingreso m铆nimo vital.

La disposici贸n final segunda modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para incluir la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital dentro de la relaci贸n de cr茅ditos incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social que se consideran ampliables en la cuant铆a resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden.

La disposici贸n final tercera modifica el texto refundido de la Ley de garant铆as y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, para incluir a las personas beneficiarias del ingreso m铆nimo vital entre las personas que se encuentran exentas de la aportaci贸n de los usuarios a la prestaci贸n farmac茅utica ambulatoria.

La disposici贸n final cuarta modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, al objeto de incluir la prestaci贸n del ingreso m铆nimo dentro de la acci贸n protectora del sistema de la Seguridad Social y de incorporar las necesarias obligaciones de facilitaci贸n de datos para el reconocimiento, gesti贸n y supervisi贸n de la prestaci贸n por parte del Ministerio de Hacienda, comunidades aut贸nomas, diputaciones forales, Ministerio del Interior, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Instituto de Mayores y Servicios Sociales y organismos competentes auton贸micos. Asimismo, se suprime la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, pues esta prestaci贸n se integrar谩 en el ingreso m铆nimo vital.

La disposici贸n final quinta modifica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a帽o 2018, para la creaci贸n de la Tarjeta Social Digital, con el objetivo de mejorar y coordinar las pol铆ticas de protecci贸n social impulsadas por las diferentes administraciones p煤blicas.

La disposici贸n final sexta pretende incentivar la participaci贸n de las entidades locales en la iniciaci贸n e instrucci贸n del procedimiento del ingreso m铆nimo vital, posibilitando que los gastos que se deriven del desarrollo de estas funciones se puedan financiar con cargo al super谩vit previsto al cierre del ejercicio, y previendo que a efectos de determinar en relaci贸n con el ejercicio 2020 la situaci贸n de incumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria se tendr谩 en consideraci贸n, con car谩cter excepcional, si aquella ha estado causada por estos gastos.

La disposici贸n final s茅ptima autoriza al Gobierno para actualizar los valores, escalas y porcentajes del real decreto-ley, cuando, atendiendo a la evoluci贸n de las circunstancias sociales y econ贸micas y de las situaciones de vulnerabilidad, as铆 como a las evaluaciones peri贸dicas de la AIReF, se aprecie la necesidad de dicha modificaci贸n con el fin de que la prestaci贸n pueda mantener su acci贸n protectora dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, lograr la inclusi贸n social y suplir las carencias de recursos econ贸micos para la cobertura de necesidades b谩sicas.

La disposici贸n final octava recoge la cl谩usula de salvaguardia para la modificaci贸n que se efect煤a del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales p煤blicas, con el fin de que el ingreso m铆nimo vital se incorpore en dicho registro desde el momento de su puesta en marcha.

La disposici贸n final novena establece el t铆tulo competencial y la disposici贸n final d茅cima introduce una habilitaci贸n para desarrollo reglamentario.

Finalmente, la disposici贸n final decimoprimera determina la entrada en vigor del real decreto-ley, que tendr谩 lugar el mismo d铆a de su publicaci贸n en el 芦Bolet铆n Oficial del Estado禄.

VI

La adopci贸n de medidas de car谩cter econ贸mico mediante real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivaci贸n expl铆cita y razonada de la necesidad 鈥揺ntendiendo por tal que la coyuntura econ贸mica exige una r谩pida respuesta鈥 y la urgencia 鈥揳sumiendo como tal que la dilaci贸n en el tiempo de la adopci贸n de la medida de que se trate mediante una tramitaci贸n por el cauce normativo ordinario podr铆a generar alg煤n perjuicio.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l铆cito, siempre que el fin que justifica la legislaci贸n de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situaci贸n concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif铆ciles de prever requiere una acci贸n normativa inmediata en un plazo m谩s breve que el requerido por la v铆a normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci贸n parlamentaria de las leyes.

El impacto econ贸mico y social que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 est谩 ejerciendo sobre las personas en situaci贸n de vulnerabilidad, y el riesgo de cronificaci贸n y aumento de la pobreza en el futuro si no se adoptan medidas con car谩cter inmediato, ponen de manifiesto la concurrencia de los motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar la norma reguladora del ingreso m铆nimo vital.

Aunque todav铆a es muy pronto para disponer de datos estad铆sticos sobre el impacto de la COVID-19 en las tasas de pobreza de nuestro pa铆s, informes y comunicados emitidos por algunas instituciones ponen de manifiesto que la p茅rdida de ingresos motivada por la emergencia sanitaria ha afectado m谩s intensamente a los hogares que antes de la crisis ya ten铆an ingresos muy bajos.

En este sentido, C谩ritas alerta de los efectos sociales que esta emergencia sanitaria creada por el coronavirus puede producir en las familias en situaci贸n de pobreza y exclusi贸n que, seg煤n datos de Fundaci贸n Fomento de Estudios Sociales y Sociolog铆a Aplicada (FOESSA), es de 8,5 millones de personas, el 18,4% de la poblaci贸n espa帽ola. De entre los 8,5 millones de personas que se encuentran en exclusi贸n social, hay un grupo de 1,8 millones de personas que acumulan tal cantidad de problemas y necesidades que ser谩n las primeras en notar el par贸n de nuestra econom铆a.

Por su parte, Cruz Roja se帽ala que m谩s de 12 millones personas en Espa帽a, m谩s del 26% de la poblaci贸n, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusi贸n social, siendo las que actualmente se encuentran aisladas y en confinamiento las que est谩n viviendo una situaci贸n de mayor vulnerabilidad.

Desde la Federaci贸n Espa帽ola de Bancos de Alimentos (FESBAL), indican que como consecuencia de la anterior crisis econ贸mica llegaron a atender a un mill贸n setecientas mil personas en los peores a帽os, m谩s del doble de las que atend铆an hasta entonces, y temen que ahora la situaci贸n acabe siendo muy parecida o incluso peor. En apenas un par de meses la demanda de alimentos se ha disparado un 30%.

Porque en el actual escenario de contenci贸n y prevenci贸n del COVID-19 tan urgente y necesario es atajar la epidemia y evitar su propagaci贸n para proteger la salud p煤blica, como tambi茅n lo es adoptar medidas de contenido econ贸mico y social para afrontar sus consecuencias en la ciudadan铆a, en particular, en los colectivos vulnerables.

En esta l铆nea de razonamiento, y siguiendo la doctrina constitucional (STC 61/2018), cabe argumentar que el recurso al decreto-ley para la creaci贸n del ingreso m铆nimo vital tiene una doble motivaci贸n cada una de las cuales, por s铆 sola, servir铆a para justificar la iniciativa.

Por un lado, nos recuerda la citada sentencia que el uso del decreto-ley se ha venido aceptando en situaciones que se han calificado como 芦coyunturas econ贸micas problem谩ticas禄. Y parece evidente que la magnitud de la tragedia por la p茅rdida de vidas humana y las devastadoras consecuencias sociales y econ贸micas derivadas de la necesaria adopci贸n de medidas para la contenci贸n de la pandemia justifican suficientemente la actuaci贸n normativa de urgencia.

Pero tambi茅n ha admitido, por otro lado, 芦鈥 que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por s铆 sola, la utilizaci贸n de la figura del decreto-ley, pues el posible car谩cter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobaci贸n de un decreto-ley, lo que deber谩 ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3)禄. Tal apreciaci贸n parece particularmente aplicable a una iniciativa como esta en la que se incorpora una nueva prestaci贸n, con un n煤mero potencial de beneficiarios muy importante, al sistema de Seguridad Social, verdadera columna vertebral de nuestro Estado social y democr谩tico de derecho.

En suma, dentro del juicio pol铆tico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3), los motivos de oportunidad que acaban de exponerse justifican amplia y razonadamente la adopci贸n de la presente norma, al responder a la finalidad leg铆tima de aprobar medidas que contribuyan a abordar de forma inmediata el grav铆simo impacto econ贸mico y social provocado por el COVID-19 (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).

Debe se帽alarse tambi茅n que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b谩sicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T铆tulo I de la Constituci贸n, al r茅gimen de las comunidades aut贸nomas ni al Derecho electoral general.

A la vista de lo expuesto anteriormente, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art铆culo 86 de la Constituci贸n Espa帽ola como presupuestos habilitantes para recurrir al instrumento jur铆dico del real decreto-ley.

Este real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur铆dica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com煤n de las Administraciones P煤blicas. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el inter茅s general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el real decreto-ley el instrumento m谩s adecuado para garantizar su consecuci贸n.

La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulaci贸n imprescindible para la consecuci贸n de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur铆dica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur铆dico.

En relaci贸n con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone cargas administrativas que no est茅n justificadas para la consecuci贸n de sus fines.

Se except煤an los tr谩mites de consulta p煤blica y de audiencia e informaci贸n p煤blicas, conforme el art铆culo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

No obstante, con el fin de garantizar la coordinaci贸n y la adecuaci贸n de la norma a la realidad territorial, se ha llevado a cabo un intenso di谩logo con las comunidades y ciudades aut贸nomas, as铆 como con la Federaci贸n Espa帽ola de Municipios y Provincias. Asimismo, se ha incluido en el di谩logo social con los agentes sociales y se ha desarrollado un amplio proceso de consulta con numerosas entidades del Tercer Sector de Acci贸n Social.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art铆culo 149.1.1.陋, 13.陋, 14.陋, 17.陋 y 18.陋 de la Constituci贸n Espa帽ola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulaci贸n de las condiciones b谩sicas que garanticen la igualdad de todos los espa帽oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; bases y coordinaci贸n de la planificaci贸n general de la actividad econ贸mica; hacienda general y deuda del Estado; legislaci贸n b谩sica y r茅gimen econ贸mico de la Seguridad Social; y bases del r茅gimen jur铆dico de las administraciones p煤blicas y el procedimiento administrativo com煤n.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci贸n contenida en el art铆culo 86 de la Constituci贸n Espa帽ola, a propuesta del Ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones y del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, y previa deliberaci贸n del Consejo de Ministros en su reuni贸n del d铆a 29 de mayo de 2020,

DISPONGO:

CAP脥TULO I
Disposiciones generales
Art铆culo 1. Objeto.

El presente real decreto-ley tiene por objeto la creaci贸n y regulaci贸n del ingreso m铆nimo vital como prestaci贸n dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusi贸n social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situaci贸n de vulnerabilidad por carecer de recursos econ贸micos suficientes para la cobertura de sus necesidades b谩sicas.

Art铆culo 2. Concepto y naturaleza.

1. El ingreso m铆nimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestaci贸n de naturaleza econ贸mica que garantiza un nivel m铆nimo de renta a quienes se encuentren en situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica en los t茅rminos que se definen en el presente real decreto-ley. A trav茅s de este instrumento se persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusi贸n social y laboral de las personas beneficiarias.

2. En desarrollo del art铆culo 41 de la Constituci贸n Espa帽ola, y sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades aut贸nomas en el ejercicio de sus competencias, el ingreso m铆nimo vital forma parte de la acci贸n protectora del sistema de la Seguridad Social como prestaci贸n econ贸mica en su modalidad no contributiva.

Art铆culo 3. Caracter铆sticas.

El ingreso m铆nimo vital presenta las siguientes caracter铆sticas:

a) Garantiza un nivel m铆nimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de los recursos econ贸micos de cualquier naturaleza de que disponga la persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y la cuant铆a de renta garantizada para cada supuesto en los t茅rminos del art铆culo 10.

b) Se articula en su acci贸n protectora diferenciando seg煤n se dirija a un beneficiario individual o a una unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su estructura y caracter铆sticas espec铆ficas.

c) Es una prestaci贸n cuya duraci贸n se prolongar谩 mientras persista la situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su percepci贸n.

d) Se configura como una red de protecci贸n dirigida a permitir el tr谩nsito desde una situaci贸n de exclusi贸n a una de participaci贸n en la sociedad. Contendr谩 para ello en su dise帽o incentivos al empleo y a la inclusi贸n, articulados a trav茅s de distintas f贸rmulas de cooperaci贸n entre administraciones.

e) Es intransferible. No podr谩 ofrecerse en garant铆a de obligaciones, ni ser objeto de cesi贸n total o parcial, compensaci贸n o descuento, retenci贸n o embargo, salvo en los supuestos y con los l铆mites previstos en el art铆culo 44 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

CAP脥TULO II
脕mbito subjetivo de aplicaci贸n
Art铆culo 4. Personas beneficiarias.

1. Podr谩n ser beneficiarias del ingreso m铆nimo vital:

a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia en los t茅rminos establecidos en este real decreto-ley.

b) Las personas de al menos 23 a帽os y menores de 65 a帽os que viven solas, o que, compartiendo domicilio con una unidad de convivencia en los supuestos del art铆culo 6.2.c), no se integran en la misma, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

1.潞 No estar unidas a otra por v铆nculo matrimonial o como pareja de hecho en los t茅rminos definidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 8/2015, de 30 de octubre, salvo las que hayan iniciado los tr谩mites de separaci贸n o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente, a las que no se les exigir谩 el cumplimiento de esta circunstancia.

2.潞 No formar parte de otra unidad de convivencia, de conformidad con lo previsto en el presente real decreto-ley.

No se exigir谩 el cumplimiento de los requisitos de edad, ni los previstos en los apartados 1潞 y 2潞 de esta letra, en los supuestos de mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero o v铆ctimas de trata de seres humanos y explotaci贸n sexual.

2. No podr谩n ser beneficiarias de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital las personas usuarias de una prestaci贸n de servicio residencial, de car谩cter social, sanitario o sociosanitario, con car谩cter permanente y financiada con fondos p煤blicos, salvo en el supuesto de mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero o v铆ctimas de trata de seres humanos y explotaci贸n sexual, as铆 como otras excepciones que se establezcan reglamentariamente.

3. Las personas beneficiarias deber谩n cumplir los requisitos de acceso a la prestaci贸n establecidos en el art铆culo 7, as铆 como las obligaciones para el mantenimiento del derecho establecidas en el art铆culo 33.

Art铆culo 5. Titulares del ingreso m铆nimo vital.

1. Son titulares de esta prestaci贸n las personas con plena capacidad de obrar que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia. En este 煤ltimo caso, la persona titular asumir谩 la representaci贸n de la citada unidad.

La solicitud deber谩 ir firmada, en su caso, por todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de edad que no se encuentren incapacitados judicialmente.

2. Las personas titulares, cuando est茅n integradas en una unidad de convivencia, deber谩n tener una edad m铆nima de 23 a帽os, o ser mayor de edad o menor emancipado en caso de tener hijos o menores en r茅gimen de guarda con fines de adopci贸n o acogimiento familiar permanente, y deber谩n ser menores de 65 a帽os. Excepcionalmente, cuando la unidad de convivencia est茅 integrada solo por mayores de 65 a帽os y menores de edad o incapacitados judicialmente, ser谩 titular el mayor de 65 a帽os que solicite la prestaci贸n.

En caso de no integrarse en una unidad de convivencia, la edad m铆nima de la persona titular ser谩 de 23 a帽os, salvo en los supuestos de mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero o v铆ctimas de trata de seres humanos y explotaci贸n sexual, en los que se exigir谩 que la persona titular sea mayor de edad.

3. En el supuesto de que en una unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar tal condici贸n, ser谩 considerada titular la persona a la que se le reconozca la prestaci贸n solicitada en nombre de la unidad de convivencia.

4. En los t茅rminos que se establezcan reglamentariamente, la entidad gestora podr谩 acordar el pago de la prestaci贸n a otro de los miembros de la unidad de convivencia distintos del titular.

5. En un mismo domicilio podr谩 haber un m谩ximo de dos titulares.

Art铆culo 6. Unidad de convivencia.

1. Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que est茅n unidas entre s铆 por v铆nculo matrimonial o como pareja de hecho en los t茅rminos del art铆culo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o por v铆nculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopci贸n, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopci贸n o acogimiento familiar permanente.

El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia no alterar谩 la consideraci贸n de tal, aunque dicho fallecimiento suponga la p茅rdida, entre los sup茅rstites, de los v铆nculos previstos en el apartado anterior.

2. Como excepci贸n al apartado anterior, tambi茅n tendr谩n la consideraci贸n de unidad de convivencia a los efectos previstos en este real decreto-ley:

a) La constituida por una persona v铆ctima de violencia de g茅nero que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompa帽ada de sus hijos o menores en r茅gimen de guarda con fines de adopci贸n o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.

b) La constituida por una persona acompa帽ada de sus hijos o menores en r茅gimen de guarda con fines de adopci贸n o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, que haya iniciado los tr谩mites de separaci贸n o divorcio.

c) La formada por dos o m谩s personas de al menos 23 a帽os y menores de 65 que, sin mantener entre s铆 una relaci贸n de las consignadas en este precepto, habiten en un mismo domicilio en los t茅rminos que reglamentariamente se determinen. En los casos en los que una o varias personas comparten vivienda con una unidad de convivencia, se entender谩 que no forman parte de esta a efectos de la prestaci贸n, consider谩ndose la existencia de dos unidades de convivencia, una formada por las personas que carecen de v铆nculo entre s铆 y otra la constituida por los miembros de una familia, o, en su caso, de una unidad de convivencia constituida por los miembros de la familia o relaci贸n an谩loga y una persona beneficiaria individual.

3. Se considerar谩 que no rompe la convivencia la separaci贸n transitoria por raz贸n de estudios, trabajo, tratamiento m茅dico, rehabilitaci贸n u otras causas similares.

A tal efecto, es requisito para la consideraci贸n de integrante de la unidad de convivencia la residencia efectiva, legal y continuada en Espa帽a.

4. En ning煤n caso una misma persona podr谩 formar parte de dos o m谩s unidades de convivencia.

Art铆culo 7. Requisitos de acceso.

1. Todas las personas beneficiarias, est茅n o no integradas en una unidad de convivencia, deber谩n cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener residencia legal y efectiva en Espa帽a y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el a帽o inmediatamente anterior a la fecha de presentaci贸n de la solicitud. No se exigir谩 este requisito respecto de:

1.潞 Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopci贸n, guarda con fines de adopci贸n o acogimiento familiar permanente.

2.潞 Las personas v铆ctimas de trata de seres humanos y de explotaci贸n sexual, que acreditar谩n esta condici贸n a trav茅s de un informe emitido por los servicios p煤blicos encargados de la atenci贸n integral a estas v铆ctimas o por los servicios sociales, as铆 como por cualquier otro medio de acreditaci贸n que se desarrolle reglamentariamente.

3.潞 Las mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero. Esta condici贸n se acreditar谩 por cualquiera de los medios establecidos en el art铆culo 23 de la Ley Org谩nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci贸n Integral contra la Violencia de G茅nero.

A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestaci贸n, se entender谩 que una persona tiene su residencia habitual en Espa帽a aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa d铆as naturales a lo largo de cada a帽o natural, o cuando la ausencia del territorio espa帽ol est茅 motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.

b) Encontrarse en situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 8.

c) Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho, en los t茅rminos que se fijen reglamentariamente. Quedan exceptuados los salarios sociales, rentas m铆nimas de inserci贸n o ayudas an谩logas de asistencia social concedidas por las comunidades aut贸nomas.

d) Si no est谩n trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

2. Las personas beneficiarias a las que se refiere el art铆culo 4.1.b) y el art铆culo 6.2.c) deber谩n haber vivido de forma independiente durante al menos tres a帽os antes de la solicitud del ingreso m铆nimo vital.

Se entender谩 que una persona ha vivido de forma independiente si ha permanecido en situaci贸n de alta en cualquiera de los reg铆menes que integran el sistema de la Seguridad Social durante al menos doce meses, continuados o no, y siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante tres a帽os inmediatamente anteriores a la solicitud.

Este requisito no se exigir谩 a las personas que por ser v铆ctimas de violencia de g茅nero hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los tr谩mites de separaci贸n o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.

3. Cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se exigir谩 que la misma est茅 constituida, en los t茅rminos del art铆culo 6, durante al menos el a帽o anterior a la presentaci贸n de la solicitud, de forma continuada.

Este requisito no se exigir谩 en los casos de nacimiento, adopci贸n, guarda con fines de adopci贸n o acogimiento familiar permanente de menores, en los supuestos a) y b) del art铆culo 6.2, en los supuestos de mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero o v铆ctimas de trata de seres humanos y explotaci贸n sexual, o en otros supuestos justificados, que puedan determinarse reglamentariamente.

4. Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deber谩n cumplirse en el momento de presentaci贸n de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisi贸n, y mantenerse al dictarse la resoluci贸n y durante el tiempo de percepci贸n del ingreso m铆nimo vital.

Art铆culo 8. Situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica.

1. Para la determinaci贸n de la situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica a la que se refiere el art铆culo 7, se tomar谩 en consideraci贸n la capacidad econ贸mica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, comput谩ndose los recursos de todos sus miembros.

2. Se apreciar谩 que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 18, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuant铆a mensual de la renta garantizada con esta prestaci贸n que corresponda en funci贸n de la modalidad y del n煤mero de miembros de la unidad de convivencia en los t茅rminos del art铆culo 10.

A efectos de este real decreto-ley, no computar谩n como ingresos los salarios sociales, rentas m铆nimas de inserci贸n o ayudas an谩logas de asistencia social concedidas por las comunidades aut贸nomas, y otros ingresos y rentas de acuerdo con lo previsto en el art铆culo 18.

3. No se apreciar谩 que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio valorado, de acuerdo con los criterios que se contemplan en el art铆culo 18 de este real decreto-ley, en un importe igual o superior a tres veces la cuant铆a correspondiente de renta garantizada por el ingreso m铆nimo vital para una persona beneficiaria individual. En el caso de las unidades de convivencia, se entender谩 que no concurre este requisito cuando sean titulares de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a la cuant铆a resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II.

Igualmente quedar谩n excluidos del acceso al ingreso m铆nimo vital, independientemente de la valoraci贸n del patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil.

4. Con el fin de que la percepci贸n del ingreso m铆nimo vital no desincentive la participaci贸n en el mercado laboral, la percepci贸n del ingreso m铆nimo vital ser谩 compatible con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los t茅rminos y con los l铆mites que reglamentariamente se establezcan. En estos casos, se establecer谩n las condiciones en las que la superaci贸n en un ejercicio de los l铆mites de rentas establecidos en el punto 2 del presente art铆culo por esta causa no suponga la p茅rdida del derecho a la percepci贸n del ingreso m铆nimo vital en el ejercicio siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco del di谩logo con las organizaciones empresariales y sindicales m谩s representativas, prestar谩 especial atenci贸n a la participaci贸n de las personas con discapacidad y las familias monoparentales.

5. Reglamentariamente se podr谩n establecer, para supuestos excepcionales de vulnerabilidad que sucedan en el mismo ejercicio, los supuestos y condiciones en los que podr谩n computar los ingresos y rentas del ejercicio en curso a los efectos de acceso a esta prestaci贸n.

CAP脥TULO III
Acci贸n protectora
Art铆culo 9. Prestaci贸n econ贸mica.

El ingreso m铆nimo vital consistir谩 en una prestaci贸n econ贸mica que se fijar谩 y se har谩 efectiva mensualmente en los t茅rminos establecidos en este real decreto-ley y en sus normas de desarrollo.

Art铆culo 10. Determinaci贸n de la cuant铆a.

1. La cuant铆a mensual de la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital que corresponde a la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendr谩 determinada por la diferencia entre la cuant铆a de la renta garantizada, seg煤n lo establecido en el apartado siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los t茅rminos establecidos en los art铆culos 8, 13 y 17, siempre que la cuant铆a resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.

2. A los efectos se帽alados en el apartado anterior, se considera renta garantizada:

a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuant铆a mensual de renta garantizada ascender谩 al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas fijada anualmente en la ley de presupuestos generales del estado, dividido por doce.

b) En el caso de una unidad de convivencia la cuant铆a mensual de la letra a) se incrementar谩 en un 30 por ciento por miembro adicional a partir del segundo hasta un m谩ximo del 220 por ciento.

c) A la cuant铆a mensual establecida en la letra b) se sumar谩 un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22 por ciento de la cuant铆a establecida en la letra a) en el supuesto de que la unidad de convivencia sea monoparental. A los efectos de determinar la cuant铆a de la prestaci贸n, se entender谩 por unidad de convivencia monoparental la constituida por un solo adulto con uno o m谩s hijos menores con los que conviva, o uno o m谩s menores en r茅gimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopci贸n a su cargo, cuando constituye el sustentador 煤nico de la unidad de convivencia.

3. Reglamentariamente se determinar谩 el posible incremento de las cuant铆as fijadas en los p谩rrafos anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10 por ciento de la renta garantizada que corresponda, en su cuant铆a anual, en funci贸n del tama帽o y configuraci贸n de la unidad de convivencia.

4. Cuando los mismos hijos o menores o mayores incapacitados judicialmente formen parte de distintas unidades familiares en supuestos de custodia compartida establecida judicialmente, se considerar谩, a efectos de la determinaci贸n de la cuant铆a de la prestaci贸n, que forman parte de la unidad donde se encuentren domiciliados.

5. Para el ejercicio 2020, la cuant铆a anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros. Para la determinaci贸n de la cuant铆a aplicable a las unidades de convivencia, se aplicar谩 la escala establecida en el anexo I sobre la base de la cuant铆a correspondiente a una persona beneficiaria individual.

Art铆culo 11. Derecho a la prestaci贸n y pago.

1. El derecho a la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital nacer谩 a partir del primer d铆a del mes siguiente al de la fecha de presentaci贸n de la solicitud.

2. El pago ser谩 mensual y se realizar谩 mediante transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la prestaci贸n, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento general de la gesti贸n financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 696/2018, de 29 de junio.

Art铆culo 12. Duraci贸n.

1. El derecho a percibir la prestaci贸n econ贸mica del ingreso m铆nimo vital se mantendr谩 mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesi贸n y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en este real decreto-ley.

2. Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas beneficiarias, integradas o no en una unidad de convivencia, estar谩n obligadas a poner en conocimiento de la entidad gestora competente, en el plazo de treinta d铆as naturales, aquellas circunstancias que afecten al cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones establecidos en este real decreto-ley.

Art铆culo 13. Modificaci贸n y actualizaci贸n de la cuant铆a de la prestaci贸n.

1. El cambio en las circunstancias personales, econ贸micas o patrimoniales de la persona beneficiaria del ingreso m铆nimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podr谩 comportar la disminuci贸n o el aumento de la prestaci贸n econ贸mica mediante la revisi贸n correspondiente por la entidad gestora.

2. La modificaci贸n tendr谩 efectos a partir del d铆a primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la modificaci贸n, siendo de aplicaci贸n lo dispuesto en el art铆culo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

3. En cualquier caso, la cuant铆a de la prestaci贸n se actualizar谩 con efectos del d铆a 1 de enero de cada a帽o, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Cuando la variaci贸n de los ingresos anuales computables del ejercicio anterior motivara la extinci贸n de la prestaci贸n, esta surtir谩 igualmente efectos a partir del d铆a 1 de enero del a帽o siguiente a aqu茅l al que correspondan dichos ingresos.

Art铆culo 14. Suspensi贸n del derecho.

1. El derecho al ingreso m铆nimo vital se suspender谩 por las siguientes causas:

a) P茅rdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.

b) Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de alg煤n miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestaci贸n.

c) Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, del titular o de alg煤n miembro de su unidad de convivencia de los requisitos establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestaci贸n, cuando as铆 se resuelva por parte de la entidad gestora.

En todo caso, se proceder谩 a la suspensi贸n cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa d铆as naturales al a帽o, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelaci贸n el mismo ni estar debidamente justificado.

d) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso m铆nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica por cuenta propia a que se refiere el art铆culo 8.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

e) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

2. La suspensi贸n del derecho al ingreso m铆nimo vital implicar谩 la suspensi贸n del pago de la prestaci贸n a partir del primer d铆a del mes siguiente a aquel en que se produzcan las causas de suspensi贸n o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora competente y sin perjuicio de la obligaci贸n de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. La suspensi贸n se mantendr谩 mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma.

Si la suspensi贸n se mantiene durante un a帽o, el derecho a la prestaci贸n quedar谩 extinguido.

3. Desaparecidas las causas que motivaron la suspensi贸n del derecho, se proceder谩 de oficio o a instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento. En caso contrario, se proceder谩 a la modificaci贸n o extinci贸n del derecho seg煤n proceda.

4. La prestaci贸n se devengar谩 a partir del d铆a 1 del mes siguiente a la fecha en que hubieran deca铆do las causas que motivaron la suspensi贸n.

Art铆culo 15. Extinci贸n del derecho.

1. El derecho a la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital se extinguir谩 por las siguientes causas:

a) Fallecimiento de la persona titular. No obstante, cuando se trate de unidades de convivencia, cualquier otro miembro que cumpla los requisitos establecidos en el art铆culo 6, podr谩 presentar una nueva solicitud en el plazo de tres meses a contar desde el d铆a siguiente a la fecha del fallecimiento para el reconocimiento, en su caso, de un nuevo derecho a la prestaci贸n en funci贸n de la nueva composici贸n de la unidad de convivencia. Los efectos econ贸micos del derecho que pueda corresponder a la unidad de convivencia en funci贸n de sus nuevas circunstancias se producir谩n a partir del d铆a primero del mes siguiente a la fecha del fallecimiento, siempre que se solicite dentro del plazo se帽alado.

b) P茅rdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestaci贸n.

c) Resoluci贸n reca铆da en un procedimiento sancionador, que as铆 lo determine.

d) Salida del territorio nacional sin comunicaci贸n ni justificaci贸n a la entidad gestora durante un periodo, continuado o no, superior a noventa d铆as naturales al a帽o.

e) Renuncia del derecho.

f) Suspensi贸n de un a帽o en los t茅rminos del art铆culo 14.2.

g) Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso m铆nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica por cuenta propia a que se refiere el art铆culo 8.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

h) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

2. La extinci贸n del derecho a la prestaci贸n producir谩 efectos desde el primer d铆a del mes siguiente a la fecha en que concurran las causas extintivas.

Art铆culo 16. Incompatibilidad del ingreso m铆nimo vital con la asignaci贸n por hijo o menor a cargo.

La percepci贸n de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital ser谩 incompatible con la percepci贸n de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer el derecho de opci贸n por una de ellas.

Art铆culo 17. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podr谩 revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los actos relativos a la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital, siempre que dicha revisi贸n se efect煤e dentro del plazo m谩ximo de cuatro a帽os desde que se dict贸 la resoluci贸n administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso podr谩 de oficio declarar y exigir la devoluci贸n de las prestaciones indebidamente percibidas.

La entidad gestora, podr谩 proceder en cualquier momento a la rectificaci贸n de errores materiales o de hecho y los aritm茅ticos, as铆 como las revisiones motivadas por la constataci贸n de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, as铆 como a la reclamaci贸n de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

En supuestos distintos a los indicados en los p谩rrafos anteriores, la revisi贸n en perjuicio de los beneficiarios se efectuar谩 de conformidad con el art铆culo 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci贸n social.

2. Cuando mediante resoluci贸n se acuerde la extinci贸n o la modificaci贸n de la cuant铆a de la prestaci贸n como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su c谩lculo y no exista derecho a la prestaci贸n o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestaci贸n vendr谩n obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, y en el Reglamento General de Recaudaci贸n de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

Ser谩n responsables solidarios del reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas los beneficiarios y todas aquellas personas que en virtud de hechos, omisiones, negocios o actos jur铆dicos participen en la obtenci贸n de una prestaci贸n de forma fraudulenta.

Ser谩n exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e intereses que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda.

3. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicar谩n los correspondientes recargos y comenzar谩 el devengo de intereses de demora, sin perjuicio de que estos 煤ltimos solo sean exigibles respecto del per铆odo de recaudaci贸n ejecutiva. En los supuestos que se determinen reglamentariamente, la entidad gestora podr谩 acordar compensar la deuda con las mensualidades del ingreso m铆nimo vital hasta un determinado porcentaje m谩ximo de cada mensualidad.

Art铆culo 18. C贸mputo de los ingresos y patrimonio.

1. El c贸mputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevar谩 a cabo atendiendo a las siguientes reglas:

a) Con car谩cter general las rentas se computar谩n por su valor 铆ntegro, excepto las procedentes de actividades econ贸micas, de arrendamientos de inmuebles o de reg铆menes especiales, que se computar谩n por su rendimiento neto.

b) Los rendimientos procedentes de actividades econ贸micas, las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio y de los reg铆menes especiales, se computar谩n por la cuant铆a que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas o normativa foral correspondiente seg煤n la normativa vigente en cada per铆odo.

c) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendr谩n en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducci贸n a la que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas, o normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia. Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorar谩n seg煤n las normas establecidas para la imputaci贸n de rentas inmobiliarias en la citada normativa y correspondiente norma foral.

d) Computar谩 como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, p煤blicas o privadas.

e) Se exceptuar谩n del c贸mputo de rentas:

1.潞 Los salarios sociales, rentas m铆nimas de inserci贸n o ayudas an谩logas de asistencia social concedidas por las comunidades aut贸nomas.

2.潞 Las prestaciones y ayudas econ贸micas p煤blicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad espec铆fica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares.

3.潞 Las rentas exentas a las que se refieren los p谩rrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) e y) del art铆culo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas y de modificaci贸n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

2. Para el c贸mputo de ingresos se tendr谩n en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud. El importe de la prestaci贸n ser谩 revisado cada a帽o teniendo en cuenta la informaci贸n de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qu茅 ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptar谩 el criterio fiscal.

3. Para la determinaci贸n de los rendimientos mensuales de las personas que forman la unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas y de modificaci贸n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

No se computar谩n las rentas previstas en el apartado 1.e). A la suma de ingresos detallados anteriormente se restar谩 el importe del Impuesto sobre la renta devengado y las cotizaciones sociales.

4. Se considera patrimonio la suma de los activos no societarios, sin incluir la vivienda habitual, y el patrimonio societario neto, tal como se definen en los siguientes apartados.

5. Los activos no societarios son la suma de los siguientes conceptos:

a) Los inmuebles, excluida la vivienda habitual.

b) Las cuentas bancarias y dep贸sitos.

c) Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones de Inversi贸n Colectiva.

d) Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares.

6. El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de sociedades en las que participen de forma directa o indirecta alguno de los miembros de la unidad de convivencia, con excepci贸n de las valoradas dentro de los activos no societarios.

7. Los activos no societarios se valorar谩n de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los activos inmobiliarios de car谩cter residencial de acuerdo con el valor de referencia de mercado al que se hace referencia en al art铆culo 3.1 y la disposici贸n final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del inmueble.

b) El resto de activos inmobiliarios, bien sean de car谩cter urbano, bien sean de car谩cter r煤stico, de acuerdo con el valor catastral del inmueble.

c) Las cuentas bancarias y dep贸sitos, los activos financieros y las participaciones, por su valor a 31 de diciembre consignado en las 煤ltimas declaraciones tributarias informativas disponibles cuyo plazo reglamentario de declaraci贸n haya finalizado en el momento de presentar la solicitud.

8. El patrimonio societario se valorar谩, para cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, aplicando los porcentajes de participaci贸n en el capital de las sociedades no incluidas dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto de dichas sociedades y de las que pertenezcan directa o indirectamente a estas consignado en las 煤ltimas declaraciones tributarias para las que haya finalizado el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes.

Art铆culo 19. Acreditaci贸n de los requisitos.

1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acreditar谩 mediante el documento nacional de identidad en el caso de los espa帽oles o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de los menores de 14 a帽os que no tengan documento nacional de identidad, y mediante el documento de identidad de su pa铆s de origen o de procedencia, o el pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros.

2. La residencia legal en Espa帽a se acreditar谩 mediante la inscripci贸n en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Uni贸n Europea, Espacio Econ贸mico Europeo o la Confederaci贸n Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Uni贸n o autorizaci贸n de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.

3. El domicilio en Espa帽a se acreditar谩 con el certificado de empadronamiento.

4. La existencia de la unidad de convivencia se acreditar谩 con el libro de familia, certificado del registro civil, inscripci贸n en un registro de parejas de hecho en los t茅rminos del art铆culo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y certificado de empadronamiento en la misma vivienda.

No obstante, la existencia de la unidad de convivencia en los t茅rminos previstos en el art铆culo 6.2 se acreditar谩 con el certificado de empadronamiento donde conste todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.

Las unidades de convivencia previstas en el art铆culo 6.2.a) deber谩n acreditar la condici贸n de v铆ctima de violencia de g茅nero por cualquiera de los medios establecidos en el art铆culo 23 de la Ley Org谩nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci贸n Integral contra la Violencia de G茅nero.

En casos de separaci贸n o divorcio, la unidad de convivencia establecida en el art铆culo 6.2.b) se acreditar谩 con la presentaci贸n de la demanda o resoluci贸n judicial.

5. Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestaci贸n econ贸mica de ingreso m铆nimo vital, se realizar谩 por la entidad gestora conforme a la informaci贸n que se recabe por medios telem谩ticos de la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios hist贸ricos del Pa铆s Vasco. A tales efectos, se tomar谩 como referencia la informaci贸n que conste en esas Haciendas P煤blicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la informaci贸n que conste m谩s actualizada en dichas administraciones p煤blicas.

En su solicitud, cada interesado autorizar谩 expresamente a la administraci贸n que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria, de los 贸rganos competentes de las comunidades aut贸nomas, de la Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales del Pa铆s Vasco y de la Direcci贸n General del Catastro Inmobiliario, conforme al art铆culo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.

Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior se entiende sin perjuicio de la cesi贸n de datos tributarios legalmente prevista con ocasi贸n de la colaboraci贸n en el descubrimiento de fraudes en la obtenci贸n y disfrute de prestaciones a la Seguridad Social de apartado 1.c) del citado art铆culo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.

6. La situaci贸n de demandante de empleo quedar谩 acreditada con el documento expedido al efecto por la administraci贸n competente o mediante el acceso por parte de la entidad gestora a trav茅s de los medios electr贸nicos habilitados al efecto.

7. En ning煤n caso ser谩 exigible al solicitante la acreditaci贸n de hechos, datos o circunstancias que la Administraci贸n de la Seguridad Social deba conocer por s铆 misma, tales como la situaci贸n del beneficiario en relaci贸n con el sistema de la Seguridad Social; o la percepci贸n por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestaci贸n econ贸mica que conste en el Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas.

Art铆culo 20. Cesi贸n de datos y confidencialidad de los mismos.

1. En el suministro de informaci贸n en relaci贸n con los datos de car谩cter personal que se deba efectuar a la Administraci贸n de la Seguridad Social para la gesti贸n de esta prestaci贸n, ser谩 de aplicaci贸n lo previsto en los apartados 1 y 2 del art铆culo 71 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. El suministro de informaci贸n no requerir谩 el consentimiento previo del interesado, ni de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por ser un tratamiento de datos de los referidos en los art铆culos 6.1 e) y 9.2 h) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci贸n de las personas f铆sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci贸n de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

2. Todas las personas y todos los organismos que intervengan en cualquier actuaci贸n referente al ingreso m铆nimo vital quedan obligados a la reserva de datos en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 77 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

3. Las administraciones p煤blicas actuantes tomar谩n las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por los solicitantes para la gesti贸n de la prestaci贸n y estar谩 obligada a cumplir con la legislaci贸n vigente en materia de protecci贸n de datos.

CAP脥TULO IV
Procedimiento
Art铆culo 21. Normas de procedimiento.

Sin perjuicio de las particularidades previstas en el presente real decreto-ley, ser谩 de aplicaci贸n lo previsto en el art铆culo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Art铆culo 22. Competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y colaboraci贸n interadministrativa.

1. La competencia para el reconocimiento y el control de la prestaci贸n econ贸mica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este art铆culo y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta.

2. Las comunidades aut贸nomas y entidades locales podr谩n iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los t茅rminos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R茅gimen Jur铆dico del Sector P煤blico, el oportuno convenio que les habilite para ello.

En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad Social, podr谩 acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administraci贸n, la posterior tramitaci贸n y gesti贸n previas a la resoluci贸n del expediente se efect煤e por la administraci贸n que hubiere incoado el procedimiento.

3. El ejercicio de las funciones citadas en el apartado anterior no requerir谩, en ning煤n caso, los informes previos que establece el art铆culo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R茅gimen Local.

Art铆culo 23. Iniciaci贸n del procedimiento.

El acceso a la prestaci贸n econ贸mica prevista en la presente ley se realizar谩 previa solicitud de la persona interesada, seg煤n lo previsto en el art铆culo siguiente.

Art铆culo 24. Solicitud.

1. La solicitud se realizar谩 en el modelo normalizado establecido al efecto, acompa帽ada de la documentaci贸n necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto-ley y en sus normas de desarrollo.

Dicha solicitud se presentar谩, preferentemente, en la sede electr贸nica de la Seguridad Social o a trav茅s de aquellos otros canales de comunicaci贸n telem谩tica que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al efecto, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en el marco de los convenios a los que se refiere el art铆culo 29.

2. No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la administraci贸n, si no pueden ser aportados por el interesado en el momento de la solicitud, se incluir谩 la declaraci贸n responsable del solicitante en la que conste que se obliga a presentarlos durante la tramitaci贸n del procedimiento.

3. Para acreditar el valor del patrimonio, as铆 como de las rentas e ingresos computables a los efectos de lo previsto en el presente real decreto-ley, y los gastos de alquiler, del titular del derecho y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del ingreso m铆nimo vital y los miembros de la unidad de convivencia cumplimentar谩n la declaraci贸n responsable que, a tal efecto, figurar谩 en el modelo normalizado de solicitud.

Art铆culo 25. Tramitaci贸n.

1. En la instrucci贸n del expediente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social verificar谩 la existencia de la documentaci贸n necesaria para el reconocimiento de la prestaci贸n, y efectuar谩 las comprobaciones pertinentes del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente real decreto-ley.

2. El Instituto Nacional de la Seguridad Social proceder谩 a la resoluci贸n y notificaci贸n del procedimiento a la persona solicitante en el plazo m谩ximo de tres meses desde la fecha de entrada en su registro del expediente administrativo.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resoluci贸n expresa, se entender谩 denegada la solicitud por silencio administrativo.

3. En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera aportado la documentaci贸n a que se hubiera obligado en la declaraci贸n responsable prevista en el art铆culo 24.2, con car谩cter previo a dictar resoluci贸n la entidad gestora le requerir谩 a tal efecto. En este caso, quedar谩 suspendido el procedimiento durante el plazo m谩ximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la documentaci贸n requerida, se producir谩 la caducidad del procedimiento.

Art铆culo 26. Supervisi贸n del cumplimiento de requisitos.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobar谩 el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y dem谩s personas que integren la unidad de convivencia.

Para ello verificar谩, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a la residencia legal y efectiva en Espa帽a de este y de los miembros de la unidad de convivencia en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio, la composici贸n de la unidad de convivencia, relaci贸n de parentesco y pareja de hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestaci贸n as铆 como su cuant铆a. Del mismo modo, mediante controles peri贸dicos realizar谩 las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuant铆a.

2. Para el ejercicio de su funci贸n supervisora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social llevar谩 a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean necesarias y requerir谩 la colaboraci贸n de las personas titulares del derecho y de las administraciones p煤blicas, de los organismos y entidades p煤blicas y de personas jur铆dico-privadas. Estas comprobaciones se realizar谩n preferentemente por medios telem谩ticos o inform谩ticos.

3. La supervisi贸n de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestaci贸n econ贸mica de ingreso m铆nimo vital, se realizar谩 por la entidad gestora conforme a la informaci贸n que se recabe por medios telem谩ticos de la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria y de las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios hist贸ricos del Pa铆s Vasco. A tales efectos, se tomar谩 como referencia la informaci贸n que conste en esas haciendas p煤blicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la informaci贸n que conste m谩s actualizada en dichas administraciones p煤blicas.禄

CAP脥TULO V
Cooperaci贸n entre las administraciones p煤blicas
Art铆culo 27. Cooperaci贸n administrativa en el ejercicio de las funciones de supervisi贸n.

Todas las administraciones p煤blicas cooperar谩n en la ejecuci贸n de las funciones de supervisi贸n necesarias para la garant铆a del ingreso m铆nimo vital de conformidad con lo previsto en el art铆culo 71 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Art铆culo 28. Cooperaci贸n para la inclusi贸n social de las personas beneficiarias.

1. El Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones promover谩, en el 谩mbito de sus competencias, estrategias de inclusi贸n de las personas beneficiarias del ingreso m铆nimo vital mediante la cooperaci贸n y colaboraci贸n con los departamentos ministeriales, las comunidades aut贸nomas, las entidades locales, las organizaciones empresariales y sindicales m谩s representativas, as铆 como con las entidades del Tercer Sector de Acci贸n Social. El dise帽o de estas estrategias se dirigir谩 a la remoci贸n de los obst谩culos sociales o laborales que dificultan el pleno ejercicio de derechos y socavan la cohesi贸n social.

2. Los beneficiarios del ingreso m铆nimo vital ser谩n objetivo prioritario y tenidos en cuenta en el dise帽o de los incentivos a la contrataci贸n que apruebe el Gobierno.

3. El resultado del ingreso m铆nimo vital y de las distintas estrategias y pol铆ticas de inclusi贸n ser谩 evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, mediante la emisi贸n de la correspondiente opini贸n, de acuerdo con la Ley Org谩nica 6/2013, de 14 de noviembre, de creaci贸n de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Art铆culo 29. Mecanismos de colaboraci贸n con otras administraciones.

Con el fin de intensificar las relaciones de cooperaci贸n, mejorar la eficiencia de la gesti贸n de la prestaci贸n no contributiva de ingreso m铆nimo vital, as铆 como facilitar la utilizaci贸n conjunta de medios y servicios p煤blicos, mediante la asistencia rec铆proca y el intercambio de informaci贸n, el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, la Administraci贸n de la Seguridad Social podr谩n celebrar los oportunos convenios, o acuerdos, o cualquier otro instrumento de colaboraci贸n con otros 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado, de las administraciones de las comunidades aut贸nomas y de las entidades locales.

Art铆culo 30. Comisi贸n de seguimiento del ingreso m铆nimo vital.

1. Se crea la Comisi贸n de seguimiento del ingreso m铆nimo vital como 贸rgano de cooperaci贸n administrativa para el seguimiento de la aplicaci贸n del contenido de este real decreto-ley.

2. La Comisi贸n de seguimiento estar谩 presidida por el Ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, y estar谩 integrada por el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, la Secretar铆a General de Objetivos y Pol铆ticas de Inclusi贸n y Previsi贸n Social, la Subsecretaria de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, el Secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Secretar铆a de Estado de Igualdad y contra la Violencia de G茅nero o el 贸rgano directivo en quien delegue, los titulares de las consejer铆as de las comunidades aut贸nomas competentes por raz贸n de la materia y representantes de la administraci贸n local. Cuando por raz贸n de los asuntos a tratar no sea precisa la presencia de representantes de las comunidades aut贸nomas o de la administraci贸n local, la Comisi贸n podr谩 constituirse sin aquellos a instancias de su secretario, siendo en estos casos preciso que se informe previamente a los representantes de dichas administraciones y se comunique el contenido del orden del d铆a.

3. La Comisi贸n de seguimiento tendr谩 las siguientes funciones:

a) Evaluaci贸n del impacto del ingreso m铆nimo vital como instrumento para prevenir el riesgo de pobreza y exclusi贸n social de las personas en situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica, con especial atenci贸n a la pobreza infantil.

b) Evaluaci贸n y seguimiento de las propuestas normativas y no normativas en relaci贸n con el ingreso m铆nimo vital y en materia de inclusi贸n que se impulsen por parte del Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones.

c) Impulso y seguimiento de los mecanismos de cooperaci贸n entre administraciones que procedan en aplicaci贸n de este real decreto-ley.

d) Seguimiento de los sistemas de intercambio de informaci贸n relativa a las personas solicitantes y las beneficiarias del ingreso m铆nimo vital que se pongan en marcha.

e) Cooperaci贸n para la implantaci贸n de la Tarjeta Social Digital.

f) Evaluaci贸n y an谩lisis de las pol铆ticas y medidas de inclusi贸n, as铆 como de su impacto en los colectivos vulnerables, e intercambio de mejores pr谩cticas y experiencias, con el fin de maximizar las sinergias de las pol铆ticas p煤blicas y de mejorar su eficacia.

g) Cooperaci贸n con el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones en la definici贸n de objetivos de inclusi贸n y en el desarrollo de indicadores de inclusi贸n, de crecimiento inclusivo y de desigualdad para la econom铆a espa帽ola que puedan ser utilizados para el dise帽o y toma de decisi贸n de nuevas pol铆ticas o la reformulaci贸n de las ya existentes, as铆 como de indicadores con los que llevar a cabo la medici贸n, seguimiento y evaluaci贸n de los objetivos de inclusi贸n.

h) Cooperaci贸n en la promoci贸n de la incorporaci贸n de los indicadores se帽alados en el apartado anterior en el dise帽o y evaluaci贸n de las pol铆ticas y medidas de inclusi贸n.

i) Cooperaci贸n en la explotaci贸n de bases de datos de indicadores de inclusi贸n a nivel regional, nacional e internacional para la realizaci贸n de estudios e informes que incluyan la informaci贸n necesaria para la toma de decisiones.

j) Cooperaci贸n en la elaboraci贸n de las normas reglamentarias en desarrollo de este real decreto-ley y de las normas de otras administraciones que, en su caso, sean enviadas a la Comisi贸n para discusi贸n.

k) Evaluaci贸n y seguimiento de las estrategias de inclusi贸n que promueva el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, del Sello de Inclusi贸n Social al que se refiere la disposici贸n adicional primera y de la evoluci贸n en la participaci贸n en el mercado laboral de los perceptores del ingreso m铆nimo vital, en particular de los que se encuentren en los supuestos a que se refiere el art铆culo 8.4.

l) Cooperaci贸n en los sistemas de evaluaci贸n e informaci贸n de situaciones de necesidad social y en la atenci贸n inmediata a personas en situaci贸n o riesgo de exclusi贸n social entre las administraciones p煤blicas.

m) Cualquier otra funci贸n que se le atribuya legal o reglamentariamente.

4. La Comisi贸n de seguimiento podr谩 crear grupos de trabajo para el ejercicio de sus funciones. En particular, se crear谩n un grupo de trabajo espec铆fico para comunidades aut贸nomas y un grupo de trabajo para entidades locales, para abordar las cuestiones espec铆ficas que afectan a cada una de estas administraciones.

5. La Comisi贸n de seguimiento contar谩 con una Secretar铆a, que depender谩 de la Subsecretar铆a de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones. La Secretar铆a es el 贸rgano t茅cnico de asistencia, preparaci贸n y seguimiento continuo de la actividad de la Comisi贸n de seguimiento y tendr谩 las siguientes funciones:

a) La convocatoria, preparaci贸n y redacci贸n de las actas de las reuniones de la Comisi贸n de seguimiento del ingreso m铆nimo vital, el seguimiento de los acuerdos que, en su caso, se adopten y la asistencia a sus miembros.

b) El seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las comunidades aut贸nomas en materia de inclusi贸n.

c) La tramitaci贸n de los convenios de colaboraci贸n que se suscriban con otros 贸rganos de la Administraci贸n General del Estado, las administraciones de las comunidades aut贸nomas y las entidades locales.

d) La coordinaci贸n de los grupos de trabajo que, en su caso, se creen por la Comisi贸n de seguimiento en aplicaci贸n de lo dispuesto en el apartado 4 de este art铆culo.

6. La Comisi贸n de seguimiento se dotar谩 de un reglamento interno donde se especificar谩n sus reglas de funcionamiento.

Art铆culo 31. Consejo consultivo del ingreso m铆nimo vital.

1. Se crea el Consejo consultivo del ingreso m铆nimo vital, como 贸rgano de consulta y participaci贸n con las entidades del Tercer Sector de Acci贸n Social y las organizaciones sindicales y empresariales.

2. El Consejo consultivo estar谩 presidido por el Ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones y en 茅l participar谩n, la Secretar铆a General de Objetivos y Pol铆ticas de Inclusi贸n y Previsi贸n Social, un miembro con rango de director general que designe el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, las organizaciones sindicales y empresariales m谩s representativas, as铆 como las entidades del Tercer Sector de Acci贸n Social con mayor cobertura en el territorio espa帽ol.

3. El Consejo consultivo tendr谩 las siguientes funciones:

a) Asesorar al Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones en la formulaci贸n de propuestas normativas y no normativas en relaci贸n con el ingreso m铆nimo vital y en materia de inclusi贸n.

b) Asesorar a la Comisi贸n de seguimiento del ingreso m铆nimo vital en el ejercicio de sus funciones.

c) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones en el lanzamiento de campa帽as de comunicaci贸n relacionadas con el ingreso m铆nimo vital.

d) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones en la implantaci贸n de estrategias de inclusi贸n, del Sello de Inclusi贸n Social al que se refiere la disposici贸n adicional primera y de la evoluci贸n en la participaci贸n en el mercado laboral de los perceptores del ingreso m铆nimo vital, en particular de los que se encuentren en los supuestos a que se refiere el art铆culo 8.4.

e) Cualquier otra funci贸n que se le atribuya legal o reglamentariamente.

4. La participaci贸n y la asistencia a sus convocatorias no devengar谩 retribuci贸n ni compensaci贸n econ贸mica alguna.

5. El Consejo consultivo se dotar谩 de un reglamento interno donde se especificar谩n sus reglas de funcionamiento.

CAP脥TULO VI
R茅gimen de financiaci贸n
Art铆culo 32. Financiaci贸n.

1. El ingreso m铆nimo vital, como prestaci贸n no contributiva de la Seguridad Social, se financiar谩 de conformidad con lo previsto en el art铆culo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

CAP脥TULO VII
R茅gimen de obligaciones
Art铆culo 33. Obligaciones de las personas beneficiarias.

1. Las personas titulares del ingreso m铆nimo vital estar谩n sujetas durante el tiempo de percepci贸n de la prestaci贸n a las siguientes obligaciones:

a) Proporcionar la documentaci贸n e informaci贸n precisa en orden a la acreditaci贸n de los requisitos y la conservaci贸n de la prestaci贸n, as铆 como para garantizar la recepci贸n de notificaciones y comunicaciones.

b) Comunicar cualquier cambio o situaci贸n que pudiera dar lugar a la modificaci贸n, suspensi贸n o extinci贸n de la prestaci贸n, en el plazo de treinta d铆as naturales desde que estos se produzcan.

c) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.

d) Comunicar a la entidad gestora con car谩cter previo las salidas al extranjero tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, haciendo constar la duraci贸n previsible de la misma.

No tendr谩 consideraci贸n de estancia ni de traslado de residencia la salida al extranjero por tiempo no superior a quince d铆as naturales por una sola vez cada a帽o.

La salida y estancia en el extranjero de cualquiera de los miembros de una unidad de convivencia por un per铆odo, continuado o no, de hasta noventa d铆as naturales como m谩ximo durante cada a帽o natural, deber谩 previamente ser comunicada y justificada.

e) Presentar anualmente declaraci贸n correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas.

f) Si no est谩n trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

g) En caso de compatibilizar la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica conforme con lo previsto en el art铆culo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.

h) Participar en las estrategias de inclusi贸n que promueva el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el art铆culo 28.1, en los t茅rminos que se establezcan.

i) Cualquier otra obligaci贸n que pueda establecerse reglamentariamente.

2. Las personas integrantes de la unidad de convivencia estar谩n obligadas a:

a) Comunicar el fallecimiento del titular.

b) Poner en conocimiento de la administraci贸n cualquier hecho que distorsione el fin de la prestaci贸n otorgada.

c) Presentar anualmente declaraci贸n correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas.

d) Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, cualquiera que sea el motivo, no lleva a cabo.

e) Si no est谩n trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

f) En caso de compatibilizar la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica conforme con lo previsto en el art铆culo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.

g) Participar en las estrategias de inclusi贸n que promueva el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el art铆culo 28.1, en los t茅rminos que se establezcan.

h) Cumplir cualquier otra obligaci贸n que pueda establecerse reglamentariamente.

CAP脥TULO VIII
Infracciones y sanciones
Art铆culo 34. Infracciones y sujetos responsables.

1. Las infracciones son consideradas, seg煤n su naturaleza, como leves, graves y muy graves.

2. Son infracciones leves, no proporcionar la documentaci贸n e informaci贸n precisa en orden a la acreditaci贸n de los requisitos y la conservaci贸n de la prestaci贸n, as铆 como para garantizar la recepci贸n de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se haya derivado la percepci贸n o conservaci贸n indebida de la prestaci贸n.

3. Son infracciones graves:

a) No proporcionar la documentaci贸n e informaci贸n precisa en orden a la acreditaci贸n de los requisitos y la conservaci贸n de la prestaci贸n, as铆 como para garantizar la recepci贸n de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepci贸n indebida, en cuant铆a mensual, inferior al 50 por ciento de la que le corresponder铆a.

b) No comunicar cualquier cambio o situaci贸n que pudiera dar lugar a la modificaci贸n, suspensi贸n o extinci贸n de la prestaci贸n, en el plazo de treinta d铆as desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepci贸n indebida, en cuant铆a mensual, inferior al 50 por ciento de la que le corresponder铆a.

c) No cumplir con la obligaci贸n de comunicar con car谩cter previo el desplazamiento al extranjero, cuando el mismo sea por tiempo superior a quince d铆as e inferior a noventa d铆as al a帽o.

d) La comisi贸n de una tercera infracci贸n leve, siempre que en un plazo de un a帽o anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo.

e) El incumplimiento de la obligaci贸n de participar en las estrategias de inclusi贸n que promueva el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, en los t茅rminos que se establezcan.

f) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica conforme con lo previsto en el art铆culo 8.4.

4. Son infracciones muy graves:

a) No proporcionar la documentaci贸n e informaci贸n precisa en orden a la acreditaci贸n de los requisitos y la conservaci贸n de la prestaci贸n, as铆 como para garantizar la recepci贸n de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepci贸n indebida, en cuant铆a mensual, superior al 50 por ciento de la que le corresponder铆a.

b) No comunicar cualquier cambio o situaci贸n que pudiera dar lugar a la modificaci贸n, suspensi贸n o extinci贸n de la prestaci贸n, en el plazo de treinta d铆as desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepci贸n indebida, en cuant铆a mensual, superior al 50 por ciento de la que le corresponder铆a.

c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa d铆as al a帽o, sin haber comunicado ni justificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social con car谩cter previo su salida de Espa帽a.

d) Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la aportaci贸n de datos o documentos falsos.

e) La comisi贸n de una tercera infracci贸n grave siempre que en un plazo de un a帽o anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo.

f) El incumplimiento reiterado de la obligaci贸n de participar en las estrategias de inclusi贸n que promueva el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, en los t茅rminos que se establezcan.

g) El incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ贸mica conforme con lo previsto en el art铆culo 8.4.

5. Ser谩n responsables de las infracciones tipificadas en este art铆culo los beneficiarios de la prestaci贸n, los miembros de la unidad de convivencia y aquellas personas que hubiesen cooperado en su comisi贸n mediante una actuaci贸n activa u omisiva sin la cual la infracci贸n no se hubiera cometido.

La concurrencia de varias personas responsables en la comisi贸n de una infracci贸n determinar谩 que queden solidariamente obligadas frente a la administraci贸n al reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

Art铆culo 35. Sanciones.

1. Las infracciones leves ser谩n sancionadas con el apercibimiento de la persona infractora.

2. Las infracciones graves se sancionar谩n con la p茅rdida de la prestaci贸n por un periodo de hasta tres meses. Cuando las infracciones diesen lugar a la extinci贸n del derecho, la sanci贸n consistir谩 en el deber de ingresar tres mensualidades de la prestaci贸n.

Cuando la infracci贸n sea la prevista en el apartado 3.c) del art铆culo anterior, adem谩s de devolver el importe de la prestaci贸n indebidamente percibida durante el tiempo de estancia en el extranjero, los beneficiarios no podr谩n solicitar una nueva prestaci贸n durante un periodo de tres meses, a contar desde la fecha de la resoluci贸n por la que se imponga la sanci贸n.

3. Las infracciones muy graves se sancionar谩n con la p茅rdida de la prestaci贸n por un periodo de hasta seis meses. Cuando las infracciones diesen lugar a la extinci贸n del derecho, la sanci贸n consistir谩 en el deber de ingresar seis mensualidades de la prestaci贸n.

Cuando la infracci贸n sea la prevista en el apartado 4.c) del art铆culo anterior, adem谩s de devolver el importe de la prestaci贸n indebidamente percibida durante el tiempo de estancia en el extranjero, los beneficiarios no podr谩n solicitar una nueva prestaci贸n durante un periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la resoluci贸n por la que se imponga la sanci贸n.

4. Si dentro de las infracciones graves o muy graves, concurriese alguna de las siguientes actuaciones por parte de cualquier persona beneficiaria del ingreso m铆nimo vital:

a) El falseamiento en la declaraci贸n de ingresos o patrimonio.

b) La ocultaci贸n fraudulenta de cambios sustanciales que pudieran dar lugar a la modificaci贸n, suspensi贸n o extinci贸n de la prestaci贸n.

c) Cualquier otra actuaci贸n o situaci贸n fraudulenta que den lugar al acceso indebido a la prestaci贸n, mantenimiento indebido del derecho a la prestaci贸n o aumento indebido de su importe.

Adem谩s de la correspondiente sanci贸n y obligaci贸n de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podr谩 decretar la extinci贸n del derecho, as铆 como la imposibilidad de que el sujeto infractor pueda resultar persona beneficiaria en los t茅rminos de este real decreto-ley por un periodo de dos a帽os.

5. Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracci贸n muy grave, en virtud de resoluci贸n firme en v铆a administrativa, dentro de los cinco a帽os anteriores a la comisi贸n de una infracci贸n muy grave, se extinguir谩 la prestaci贸n y acarrear谩 la imposibilidad de que el sujeto infractor resulte persona beneficiaria en los t茅rminos de este real decreto-ley durante cinco a帽os.

6. En los t茅rminos que se desarrollen reglamentariamente, la imposici贸n de sanciones tendr谩 en cuenta la graduaci贸n de estas considerando, a tal fin, la culpabilidad, negligencia e intencionalidad de la persona infractora, as铆 como la cuant铆a econ贸mica de la prestaci贸n econ贸mica indebidamente percibida.

7. Las sanciones a que se refiere este art铆culo se entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

Art铆culo 36. Procedimiento sancionador.

A efectos de la competencia y el procedimiento para la imposici贸n de las sanciones previstas en la presente norma ser谩 de aplicaci贸n lo establecido para la imposici贸n de sanciones a los solicitantes o beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad Social en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposici贸n de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

En lo no previsto en este real decreto-ley, ser谩 de aplicaci贸n lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

CAP脥TULO IX
R茅gimen de control financiero de la prestaci贸n
Art铆culo 37. Control de la prestaci贸n.

La modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligaci贸n de la prestaci贸n no contributiva de ingreso m铆nimo vital ser谩 la funci贸n interventora y el control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Los actos de ordenaci贸n y pago material se intervendr谩n conforme a lo establecido en la secci贸n 5.陋, cap铆tulo IV, T铆tulo II del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el r茅gimen de control interno ejercido por la Intervenci贸n General de la Seguridad Social.

Disposici贸n adicional primera. Colaboraci贸n de las empresas al tr谩nsito de los beneficiarios del ingreso m铆nimo vital a la participaci贸n activa en la sociedad.

Reglamentariamente se regular谩 el Sello de Inclusi贸n Social, con el que se distinguir谩 a aquellas empresas y entidades que contribuyan al tr谩nsito de los beneficiarios del ingreso m铆nimo vital desde una situaci贸n de riesgo de pobreza y exclusi贸n a la participaci贸n activa en la sociedad.

En particular, los empleadores de beneficiarios del ingreso m铆nimo vital ser谩n reconocidos con la condici贸n de titulares del Sello de Inclusi贸n Social, en los t茅rminos que reglamentariamente se establezcan. La condici贸n de figurar como beneficiario del ingreso m铆nimo vital en el momento de su contrataci贸n servir谩 a los efectos de c贸mputo del porcentaje a que se refiere el art铆culo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P煤blico, por la que se trasponen al ordenamiento jur铆dico espa帽ol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Disposici贸n adicional segunda. Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas.

Las prestaciones de ingreso m铆nimo vital reconocidas quedar谩n incluidas en el Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas que se regula en el art铆culo 72 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Disposici贸n adicional tercera. Cr茅dito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso m铆nimo vital en el ejercicio 2020.

Se concede un cr茅dito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones por un importe de 500.000.000 euros en la aplicaci贸n presupuestaria 19.02.000X.424 芦Aportaci贸n del Estado a la Seguridad Social para financiar el Ingreso M铆nimo Vital禄. Dicha modificaci贸n se financiar谩 de conformidad con el art铆culo 46 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Disposici贸n adicional cuarta. F贸rmulas de gesti贸n.

Sin perjuicio de los mecanismos de colaboraci贸n a los que se refiere el art铆culo 31 de este real decreto-ley, el Gobierno estudiar谩 a partir de 2021 la celebraci贸n de convenios con comunidades aut贸nomas que contemplen f贸rmulas de gesti贸n de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital.

Disposici贸n adicional quinta. Aplicaci贸n en los territorios forales.

En raz贸n de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, las comunidades aut贸nomas de r茅gimen foral asumir谩n con referencia a su 谩mbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en este real decreto-ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relaci贸n con la prestaci贸n econ贸mica no contributiva de la Seguridad Social del ingreso m铆nimo vital en los t茅rminos que se acuerde antes del 31 de octubre de 2020.

En tanto no se produzca la asunci贸n de las funciones y servicios a que hace referencia el p谩rrafo anterior, se acordar谩 mediante convenio a suscribir entre los 贸rganos competentes del Estado y de la comunidad aut贸noma interesada, una encomienda de gesti贸n para realizar las actuaciones que se prevean en el mismo en relaci贸n con la prestaci贸n econ贸mica del ingreso m铆nimo vital y que permitan la atenci贸n integral de sus beneficiarios en el Pa铆s Vasco y Navarra.

Disposici贸n transitoria primera. Prestaci贸n econ贸mica transitoria de ingreso m铆nimo vital durante 2020.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocer谩 la prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital a los actuales beneficiarios de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que, a fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, re煤nan los requisitos que se exponen en el apartado siguiente, siempre que el importe de la prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital sea igual o superior al importe de la asignaci贸n econ贸mica que viniera percibiendo.

2. Los requisitos para percibir la prestaci贸n transitoria ser谩n los siguientes:

a) Ser beneficiario de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

b) Formar parte de una unidad de convivencia constituida exclusivamente por el beneficiario de una asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignaci贸n por hijo a cargo.

c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 8 del presente real decreto-ley.

d) Que la asignaci贸n econ贸mica que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que sean varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital.

3. A los exclusivos efectos de la comprobaci贸n del cumplimiento de lo previsto en la letra b) del apartado 2, la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria, previa autorizaci贸n del Instituto Nacional de Estad铆stica, ceder谩, sin consentimiento de los interesados, la informaci贸n relativa a la agrupaci贸n de las personas en los hogares que consta en las bases de datos de poblaci贸n disponible que el Instituto Nacional de Estad铆stica cede peri贸dicamente a dicha Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria para fines de estudio y an谩lisis. Dicha informaci贸n solo ser谩 utilizada por la Secretar铆a General de Objetivos y Pol铆ticas de Inclusi贸n y Previsi贸n Social del Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, para realizar las actuaciones necesarias que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso m铆nimo vital en los t茅rminos establecidos en esta disposici贸n transitoria.

La comprobaci贸n de la convivencia en el mismo domicilio se efectuar谩 en funci贸n de los datos que hubieren sido tenidos en cuenta para el reconocimiento de la asignaci贸n econ贸mica por hijo a cargo.

A los exclusivos efectos de la comprobaci贸n del cumplimiento de lo previsto en la letra c) del apartado anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitar谩 a la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria y esta le remitir谩 la informaci贸n estrictamente necesaria relativa a ingresos y patrimonio de la unidad de convivencia descrita en el apartado b), que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso m铆nimo vital en los t茅rminos establecidos en esta disposici贸n transitoria. Dicha informaci贸n solo ser谩 utilizada para la finalidad indicada y el procedimiento de intercambio de informaci贸n entre la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.

4. La prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital ser谩 incompatible con la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, quedando esta suspendida durante la vigencia de aquella.

5. El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificar谩 a los beneficiarios que cumplan los requisitos exigidos en el apartado 2 de esta disposici贸n transitoria la resoluci贸n en la que se reconozca el derecho a la prestaci贸n transitoria del ingreso m铆nimo vital, y el derecho de opci贸n entre el percibo de esta prestaci贸n y la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo que viniera percibiendo.

6. En el plazo de treinta d铆as naturales a contar desde la notificaci贸n de la resoluci贸n, el interesado podr谩 ejercitar su derecho de opci贸n por seguir manteniendo la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo. Dicha opci贸n surtir谩 efectos desde la fecha de efectos econ贸micos de la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital, procedi茅ndose, en su caso, a la correspondiente regularizaci贸n econ贸mica.

En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opci贸n dentro del plazo se帽alado se entender谩 que opta por percibir la prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital.

7. Si, una vez reconocido el derecho a la prestaci贸n transitoria, la unidad de convivencia se modificara, se aplicar谩 lo previsto en el presente real decreto-ley, en cuanto a la obligaci贸n de comunicaci贸n, cumplimiento de requisitos, y revisi贸n de la cuant铆a de la prestaci贸n.

8. A partir del 1 de enero de 2021 se mantendr谩 el derecho a la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital reconocido, siempre que se re煤nan los requisitos establecidos en el presente real decreto-ley y el interesado aporte antes del 31 de diciembre de 2020 la documentaci贸n que a tal efecto le sea requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En otro caso, se reanudar谩 el percibo de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta prestaci贸n.

9. Los beneficiarios de la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo, del sistema de la Seguridad Social, a los que no les hubiera sido notificada la resoluci贸n de reconocimiento de la prestaci贸n transitoria de ingreso m铆nimo vital, y cumplieran los requisitos previstos en el apartado 2 de esta disposici贸n transitoria, podr谩n solicitar su reconocimiento ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La prestaci贸n se reconocer谩, en su caso, con efectos desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, siempre que se presente dentro de los tres meses siguientes. En otro caso, los efectos econ贸micos ser谩n del d铆a primero del mes siguiente a la presentaci贸n de la solicitud.

10. Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podr谩, hasta el 31 de diciembre de 2020, reconocer la prestaci贸n de ingreso m铆nimo vital a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserci贸n o b谩sicas establecidas por las comunidades aut贸nomas, cuando estas comuniquen que consideran que podr铆an acreditar los requisitos para acceder a la prestaci贸n, as铆 como que han obtenido su conformidad para la remisi贸n de sus datos al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento de la prestaci贸n. Para ello, las comunidades aut贸nomas comunicar谩n al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a trav茅s de los protocolos telem谩ticos de intercambio de informaci贸n habilitados al efecto, comunicar谩n al referido Instituto los datos necesarios para la identificaci贸n de las potenciales personas beneficiarias y la verificaci贸n de los requisitos de acceso a la prestaci贸n.

Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicar谩n a las comunidades aut贸nomas a trav茅s de los protocolos inform谩ticos establecidos.

11. Para la aplicaci贸n de esta disposici贸n se podr谩n comenzar a realizar las operaciones t茅cnicas necesarias para la puesta en marcha de la prestaci贸n desde el 29 de mayo de 2020.

Disposici贸n transitoria segunda. Presentaci贸n de solicitudes.

Las solicitudes de acceso a la prestaci贸n econ贸mica podr谩n presentarse a partir del d铆a 15 de junio de 2020. Si la solicitud se presenta dentro de los tres meses siguientes, los efectos econ贸micos se retrotraer谩n al d铆a 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos econ贸micos se fijar谩n el d铆a primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

Si la solicitud se presenta transcurridos tres meses, los efectos econ贸micos se fijar谩n el d铆a primero del mes siguiente a la presentaci贸n de la solicitud, de conformidad con lo previsto en el art铆culo 11.1 del presente real decreto-ley.

Disposici贸n transitoria tercera. R茅gimen excepcional aplicable a las solicitudes cursadas por situaci贸n de carencia de rentas.

Excepcionalmente y cuando no sean beneficiarios de prestaciones o subsidios de desempleo, y a los exclusivos efectos de c贸mputo de rentas, se podr谩n presentar solicitudes hasta 31 de diciembre de 2020 en aquellos supuestos de vulnerabilidad econ贸mica que se hayan producido durante el a帽o en curso. A efectos de acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, se considerar谩n la parte proporcional de los ingresos que haya tenido la unidad de convivencia durante el tiempo transcurrido del a帽o 2020, siempre y cuando en el ejercicio anterior no supere la mitad de los l铆mites de patrimonio neto establecidos de forma general para las citadas unidades de convivencia y cuyos ingresos no superen en m谩s del 50 por ciento de los l铆mites establecidos para toda la unidad de convivencia en el ejercicio 2019 en los t茅rminos establecidos en el presente real decreto-ley. En este supuesto se podr谩 tomar como referencia de ingresos del a帽o 2020 los datos obrantes en los ficheros y bases de datos de la seguridad social que permitan la verificaci贸n de dicha situaci贸n, o bien, y en su defecto, lo que figuren en la declaraci贸n responsable.

En todo caso en el a帽o 2021 se proceder谩 a la regularizaci贸n de las cuant铆as abonadas en relaci贸n con los datos de promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio 2020 dando lugar, en su caso, a las actuaciones previstas en el art铆culo 17 del real decreto-ley.

Disposici贸n transitoria cuarta. R茅gimen transitorio de aplicaci贸n del control financiero permanente, como 煤nica modalidad de control, para el reconocimiento del derecho y de la obligaci贸n de los expedientes de la prestaci贸n no contributiva de ingresos m铆nimo vital.

1. Hasta el 31 de diciembre de 2020, la modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligaci贸n de los expedientes de la prestaci贸n no contributiva de ingreso m铆nimo vital ser谩 exclusivamente la de control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Desde el 1 de enero de 2021, el reconocimiento del derecho y de la obligaci贸n de la prestaci贸n no contributiva de ingreso m铆nimo vital estar谩 sometido a la funci贸n interventora en todas sus modalidades de acuerdo con lo previsto en el art铆culo 37.

2. El Consejo de Ministros, a iniciativa de la Intervenci贸n General de la Administraci贸n del Estado, previa propuesta de la Intervenci贸n General de la Seguridad Social, podr谩 acordar de forma motivada la ampliaci贸n, por un plazo de hasta seis meses adicionales, del periodo transitorio previsto en el apartado anterior para la aplicaci贸n del control financiero permanente como 煤nica modalidad de control. En la citada propuesta se indicar谩n los motivos que justifican la extensi贸n del periodo transitorio y el plazo adicional m谩ximo durante el que se mantendr谩 dicho plazo.

Igualmente, el Consejo de Ministros, a iniciativa de la Intervenci贸n General de la Administraci贸n del Estado y previa propuesta de la Intervenci贸n General de la Seguridad Social, podr谩 acordar que la finalizaci贸n del periodo transitorio se produzca con anterioridad a dicha fecha.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no resulta de aplicaci贸n a los actos de ordenaci贸n y pago material de esta prestaci贸n que se intervendr谩n conforme a lo establecido en el art铆culo 37 de esta Ley desde su entrada en vigor.

Disposici贸n transitoria quinta. Exenci贸n del pago de precios p煤blicos por servicios acad茅micos universitarios.

1. Los beneficiarios de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital a quienes se reconozca dicha condici贸n entre los meses de junio y diciembre de 2020 estar谩n exentos del pago de los precios p煤blicos por servicios acad茅micos universitarios para la realizaci贸n de estudios conducentes a la obtenci贸n de t铆tulos de car谩cter oficial durante el curso 2020-2021, en los t茅rminos de esta disposici贸n.

2. Sin perjuicio de las exenciones generales del pago de precios p煤blicos por servicios acad茅micos universitarios, esta exenci贸n se aplicar谩 a los beneficiarios de la prestaci贸n del ingreso m铆nimo vital que hayan visto denegada su solicitud de concesi贸n de una beca de la Administraci贸n General del Estado para cursar estudios postobligatorios en dicho curso por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa correspondiente.

3. Reglamentariamente se determinar谩 la compensaci贸n a las universidades por la exenci贸n del pago de estos precios p煤blicos por servicios acad茅micos.

Disposici贸n transitoria sexta. Financiaci贸n del ingreso m铆nimo vital durante 2020.

Durante 2020 se dotar谩n, mediante modificaci贸n presupuestaria, los cr茅ditos presupuestarios que resulten adecuados para la financiaci贸n del ingreso m铆nimo vital.

Disposici贸n transitoria s茅ptima. Integraci贸n de la asignaci贸n por hijo o menor a cargo en el ingreso m铆nimo vital.

A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley no podr谩n presentarse nuevas solicitudes para la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento del sistema de la Seguridad Social, que quedar谩 a extinguir, sin perjuicio de lo previsto en el p谩rrafo tercero. No obstante, los beneficiarios de la prestaci贸n econ贸mica transitoria de ingreso m铆nimo vital que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso m铆nimo vital podr谩n ejercer el derecho de opci贸n para volver a la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social.

A la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, los beneficiarios de la asignaci贸n econ贸mica por cada hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento continuaran percibiendo dicha prestaci贸n hasta que deje de concurrir los requisitos y proceda su extinci贸n.

Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma se regir谩n por la norma vigente al tiempo de su presentaci贸n. Las solicitudes presentadas dentro de los treinta d铆as naturales siguientes, en las que la persona solicitante alegue imposibilidad para su presentaci贸n, derivada de la suspensi贸n de plazos administrativos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti贸n de la situaci贸n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se considerar谩n presentadas en la fecha que indique que quiso ejercer su derecho y se produjo dicha imposibilidad.

Disposici贸n derogatoria 煤nica. Derogaci贸n normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.

Disposici贸n final primera. Modificaci贸n del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales p煤blicas.

Se a帽ade un nuevo p谩rrafo p) al art铆culo 3 del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales p煤blicas, con la siguiente redacci贸n:

芦p) La prestaci贸n econ贸mica de la Seguridad Social, de naturaleza no contributiva, de ingreso m铆nimo vital.禄

Disposici贸n final segunda. Modificaci贸n de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Se modifica la letra a) del apartado 2 del art铆culo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la siguiente redacci贸n:

芦a) Los destinados al pago de pensiones de todo tipo; prestaciones por incapacidad temporal; protecci贸n a la familia; nacimiento y cuidado de menor y riesgos durante el embarazo y la lactancia natural; cuidado de menores afectados por c谩ncer u otra enfermedad grave; ingreso m铆nimo vital; as铆 como las entregas 煤nicas, siempre que se encuentren legal o reglamentariamente establecidas y sea obligatorio y no graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuant铆a est茅 objetivamente determinada.禄

Disposici贸n final tercera Modificaci贸n del texto refundido de la Ley de garant铆as y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.

Se modifica el art铆culo 102 para a帽adir una letra f) a su apartado 8:

芦f) Personas beneficiarias del ingreso m铆nimo vital.禄

Disposici贸n final cuarta. Modificaci贸n del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se modifica como sigue:

Uno. Se modifica el art铆culo 42.1. c), con la siguiente redacci贸n:

芦c) Las prestaciones econ贸micas en las situaciones de incapacidad temporal; nacimiento y cuidado de menor; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; ejercicio corresponsable del cuidado del lactante; cuidado de menores afectados por c谩ncer u otra enfermedad grave; incapacidad permanente contributiva e invalidez no contributiva; jubilaci贸n, en sus modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; protecci贸n por cese de actividad; pensi贸n de viudedad; prestaci贸n temporal de viudedad; pensi贸n de orfandad; prestaci贸n de orfandad; pensi贸n en favor de familiares; subsidio en favor de familiares; auxilio por defunci贸n; indemnizaci贸n en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional; ingreso m铆nimo vital, as铆 como las que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio competente.禄

Dos. Se modifican las letras a), e), f), g) y h) del art铆culo 71.1, con la siguiente redacci贸n:

芦a) Por los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda o, en su caso, de las comunidades aut贸nomas o de las diputaciones forales, se facilitar谩n, dentro de cada ejercicio anual, conforme al art铆culo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y normativa foral equivalente, a las entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de la gesti贸n de las prestaciones econ贸micas y, a petici贸n de las mismas, los datos relativos a los niveles de renta, patrimonio y dem谩s ingresos de los titulares de prestaciones en cuanto determinen el derecho a las mismas, as铆 como de los beneficiarios, c贸nyuges y otros miembros de las unidades familiares, siempre que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento, mantenimiento o cuant铆a de dichas prestaciones a fin de verificar si aquellos cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepci贸n de las prestaciones y en la cuant铆a legalmente establecida.

e) El Ministerio del Interior facilitar谩 a las entidades gestoras de la Seguridad Social por medios inform谩ticos las fechas de vencimiento de las autorizaciones de residencia, sus altas, variaciones o bajas o los cambios de situaci贸n y sus efectos, as铆 como los movimientos fronterizos de las personas que tengan derecho a una prestaci贸n para cuya percepci贸n sea necesario el cumplimiento del requisito de residencia legal y efectiva en Espa帽a.

Asimismo, facilitar谩 a las entidades gestoras de la Seguridad Social por medios inform谩ticos los datos incorporados en el Documento Nacional de Identidad o en el documento de identificaci贸n de extranjero o tarjeta equivalente de las personas cuyos datos tengan trascendencia en procedimientos seguidos ante dichas entidades gestoras.

f) Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social facilitar谩n telem谩ticamente a las entidades gestoras responsables de la gesti贸n de las prestaciones econ贸micas de la Seguridad Social los datos que puedan afectar al nacimiento, modificaci贸n, conservaci贸n o extinci贸n del derecho a las mismas que sean reconocidas por aquellas.

g) El Instituto de Mayores y Servicios Sociales y los organismos competentes de las comunidades aut贸nomas facilitar谩n a las entidades gestoras de la Seguridad Social los datos de grado y nivel de dependencia y los datos incluidos en los certificados de discapacidad, que puedan guardar relaci贸n con el nacimiento, modificaci贸n, conservaci贸n o extinci贸n del derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, as铆 como con la actualizaci贸n de la informaci贸n obrante en las bases de datos del sistema de Seguridad Social.

h) Las comunidades aut贸nomas facilitar谩n a las entidades gestoras de la Seguridad Social por medios inform谩ticos los datos relativos a las fechas de reconocimiento y vencimiento de los t铆tulos de familias numerosas, as铆 como los datos relativos a los miembros de la unidad familiar incluidos en los mismos, que puedan guardar relaci贸n con el nacimiento, modificaci贸n, conservaci贸n o extinci贸n del derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, as铆 como con la actualizaci贸n de la informaci贸n obrante en las bases de datos del sistema.禄

Tres. Se a帽ade un nuevo p谩rrafo 帽) al art铆culo 72.2, con la siguiente redacci贸n:

芦帽) La prestaci贸n econ贸mica de la Seguridad Social, de naturaleza no contributiva, de ingreso m铆nimo vital.禄

Cuatro. Se modifica el art铆culo 109.3.b) para a帽adir un nuevo ordinal 6.陋 con la siguiente redacci贸n:

芦6.陋 El ingreso m铆nimo vital.禄

Cinco. Se modifican los art铆culos 351, 352 y 353, con la siguiente redacci贸n:

芦Art铆culo 351. Enumeraci贸n.

Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, consistir谩n en:

a) Una asignaci贸n econ贸mica por cada hijo menor de dieciocho a帽os de edad y afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento, o mayor de dicha edad cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65 por ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiaci贸n, as铆 como por los menores a su cargo en r茅gimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopci贸n, que cumplan los mismos requisitos.

El causante no perder谩 la condici贸n de hijo o de menor a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena siempre que contin煤e viviendo con el beneficiario de la prestaci贸n y que los ingresos anuales del causante, en concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por cien del salario m铆nimo interprofesional, tambi茅n en c贸mputo anual.

Tal condici贸n se mantendr谩 aunque la afiliaci贸n del causante como trabajador suponga su encuadramiento en un r茅gimen de Seguridad Social distinto a aquel en el que est茅 afiliado el beneficiario de la prestaci贸n.

b) Una prestaci贸n econ贸mica de pago 煤nico a tanto alzado por nacimiento o adopci贸n de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad.

c) Una prestaci贸n econ贸mica de pago 煤nico por parto o adopci贸n m煤ltiples.

Art铆culo 352. Beneficiarios.

1. Tendr谩n derecho a la asignaci贸n econ贸mica por hijo o menor a cargo quienes:

a) Residan legalmente en territorio espa帽ol.

b) Tengan a su cargo hijos o menores en r茅gimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopci贸n en quienes concurran las circunstancias se帽aladas en la letra a) del art铆culo anterior y que residan en territorio espa帽ol.

En los casos de separaci贸n judicial o divorcio, el derecho al percibo de la asignaci贸n se conservar谩 para el padre o la madre por los hijos o menores que tenga a su cargo.

c) No tengan derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro r茅gimen p煤blico de protecci贸n social.

2. Ser谩n, asimismo, beneficiarios de la asignaci贸n que, en su caso y en raz贸n de ellos, hubiera correspondido a sus padres:

a) Los hu茅rfanos de padre y madre, menores de dieciocho a帽os o mayores de dicha edad y que sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.

b) Quienes no sean hu茅rfanos y hayan sido abandonados por sus padres, siempre que no se encuentren en r茅gimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopci贸n.

c) Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho a帽os cuya capacidad no haya sido modificada judicialmente y conserven su capacidad de obrar ser谩n beneficiarios de las asignaciones que en raz贸n de ellos corresponder铆an a sus padres.

Art铆culo 353. Cuant铆a de las asignaciones.

1. La cuant铆a de la asignaci贸n econ贸mica a que se refiere el art铆culo 351.a) se fijar谩, en su importe anual, en la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado.

2. En dicha Ley, adem谩s de la cuant铆a general, se establecer谩 otra cuant铆a espec铆fica en el supuesto de hijo a cargo mayor de dieciocho a帽os, con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de p茅rdidas anat贸micas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos m谩s esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o an谩logos.禄

Disposici贸n final quinta. Modificaci贸n de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a帽o 2018.

Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia indefinida, se modifica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a帽o 2018 de la siguiente forma:

Uno. Se da nueva redacci贸n a la disposici贸n adicional cent茅sima cuadrag茅sima primera, que queda redactada de la siguiente forma:

芦Disposici贸n adicional cent茅sima cuadrag茅sima primera. Creaci贸n de la Tarjeta Social Digital.

Uno. Se crea la Tarjeta Social Digital, con el objetivo de mejorar y coordinar las pol铆ticas de protecci贸n social impulsadas por las diferentes administraciones p煤blicas.

La Tarjeta Social Digital se destinar谩 a los siguientes usos:

a) La gesti贸n de los datos identificativos de las prestaciones sociales p煤blicas de contenido econ贸mico y situaciones subjetivas incluidas en su 谩mbito de aplicaci贸n y de sus beneficiarios, mediante la formaci贸n de un banco de datos automatizado.

b) El conocimiento coordinado y la cesi贸n de datos entre las entidades y organismos afectados, con el fin de facilitar el reconocimiento y supervisi贸n de las prestaciones sociales p煤blicas por ellos gestionadas.

c) El acceso y la consulta de las administraciones p煤blicas y otras entidades del sector p煤blico integradas en el sistema que gestionen prestaciones sociales p煤blicas de contenido econ贸mico.

d) La explotaci贸n estad铆stica con la finalidad de elaborar estudios y formular an谩lisis encaminados a la mejora de las pol铆ticas sociales p煤blicas.

Dos. La Tarjeta Social Digital incluir谩 la informaci贸n actualizada correspondiente a todas las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, de contenido econ贸mico, financiadas con cargo a recursos de car谩cter p煤blico, y adem谩s recoger谩 una informaci贸n sobre las situaciones subjetivas previstas en el apartado Cuatro de esta disposici贸n adicional, y ofrecer谩, en base a dicha informaci贸n, funcionalidades y utilidades a las distintas administraciones p煤blicas y a los ciudadanos.

Reglamentariamente se regular谩 el procedimiento para que los ciudadanos puedan utilizar las funcionalidades y utilidades de la Tarjeta Social Digital.

Tres. Se atribuye al Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones a trav茅s del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la administraci贸n, la gesti贸n y el mantenimiento del registro y del sistema inform谩tico que dar谩 soporte a la Tarjeta Social Digital y las funcionalidades inherentes a la misma, con arreglo a las prescripciones contenidas en esta disposici贸n adicional y en sus normas de desarrollo reglamentario.

Cuatro. Las administraciones p煤blicas, entidades y organismos y empresas p煤blicas responsables de la gesti贸n de las prestaciones sociales p煤blicas de contenido econ贸mico enumeradas en el apartado Dos facilitar谩n al Instituto Nacional de la Seguridad Social la informaci贸n actualizada correspondiente a los datos identificativos de los titulares de las prestaciones econ贸micas, as铆 como, en cuanto determinen o condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquellas, de los beneficiarios, c贸nyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesi贸n o reconocimiento.

Los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda o, en su caso, de las administraciones tributarias forales, dentro de cada ejercicio anual y conforme al art铆culo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la normativa foral equivalente, est谩n obligadas a suministrar al Instituto Nacional de la Seguridad Social informaci贸n relativa a los niveles de renta de los ciudadanos afectados que se beneficien de prestaciones sociales p煤blicas de contenido econ贸mico, para lo cual dicho Instituto remitir谩 el fichero de beneficiarios a la administraci贸n tributaria que corresponda en cada caso para que por esta se incluya para cada perceptor su nivel de renta.

A su vez, las administraciones p煤blicas, entidades y organismos con competencias de gesti贸n o de coordinaci贸n estatal en materia de discapacidad, dependencia, demanda de empleo, familia numerosa y cualquier otra situaci贸n subjetiva relevante, que as铆 se determine reglamentariamente, facilitar谩n al Instituto Nacional de la Seguridad Social la informaci贸n actualizada sobre estas situaciones en relaci贸n con todos los ciudadanos afectados.

Las anteriores previsiones se desarrollar谩n con arreglo al principio de cooperaci贸n entre administraciones p煤blicas al servicio del inter茅s general.

Cinco. Las administraciones p煤blicas, entidades y organismos responsables de la gesti贸n de las prestaciones sociales p煤blicas definidas en el apartado Dos tendr谩n acceso a toda la informaci贸n de la Tarjeta Social Digital. Asimismo, el ciudadano tendr谩 acceso a toda la informaci贸n registrada sobre su persona en la Tarjeta Social Digital.

Seis. El tratamiento de datos previsto en la Tarjeta Social Digital se basa en el inter茅s p煤blico que representa disponer de un sistema inform谩tico integrado en el que se recojan todas las prestaciones sociales p煤blicas de contenido econ贸mico y situaciones subjetivas relevantes que afecten a los ciudadanos. La informaci贸n contenida en la Tarjeta se someter谩 a la normativa vigente en materia de protecci贸n de datos de las personas f铆sicas.

Siete. Las prestaciones sociales p煤blicas de car谩cter econ贸mico definidas en el apartado Dos, se incorporar谩n de forma gradual a la Tarjeta Social Digital de acuerdo con los plazos, requisitos y procedimientos que se establezcan mediante norma reglamentaria.

Ocho. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci贸n y desarrollo de esta disposici贸n adicional.禄

Dos. Se da nueva redacci贸n a la disposici贸n transitoria tercera, que queda redactada de la siguiente forma:

芦Disposici贸n transitoria tercera. Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas.

El Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas, constituido en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y gestionado por el mismo, se mantendr谩 en vigor en los t茅rminos previstos en el art铆culo 72 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, as铆 como en el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, dando servicio a las entidades, organismos y empresas incluidas en el cat谩logo a que se refiere el art铆culo 9 del citado real decreto, hasta la fecha que se determine en la norma reglamentaria que, en desarrollo de la disposici贸n adicional cent茅sima cuadrag茅sima primera de la presente ley, regule la Tarjeta Social Digital.

A partir de su puesta en funcionamiento, quedar谩 integrado en la Tarjeta Social Digital el contenido del actual Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas, regulado por el art铆culo 72 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y por el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo.禄

Disposici贸n final sexta. Financiaci贸n de los gastos derivados de las funciones que puedan desarrollar las entidades locales en aplicaci贸n del art铆culo 22 de este real decreto-ley.

1. Los gastos que se deriven de la aplicaci贸n del art铆culo 22 de este real decreto-ley deber谩n ser financiados por las entidades locales exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en el que se inicie el procedimiento regulado en aquel precepto, sin que se pueda exceder el super谩vit previsto al cierre del ejercicio con arreglo a la informaci贸n de ejecuci贸n del presupuesto, pudiendo utilizarse como referencia la que, con periodicidad trimestral, se remite al Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de informaci贸n previstas en la Ley Org谩nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin perjuicio de la aplicaci贸n del art铆culo 12 de esta 煤ltima, para determinar en relaci贸n con el ejercicio 2020 la situaci贸n de incumplimiento a los efectos del art铆culo 21.1 de la citada ley org谩nica se tendr谩 en consideraci贸n, con car谩cter excepcional, si aquella ha estado causada por el gasto al que se refiere esta disposici贸n final en el que incurran las entidades locales.

2. El importe de las obligaciones reconocidas por las entidades locales por el gasto adicional consecuencia de la ejecuci贸n de las funciones a las que se refiere esta disposici贸n no podr谩 superar, en cada una de aquellas en cada ejercicio de vigencia del respectivo convenio de colaboraci贸n suscrito de acuerdo con el art铆culo 22 del real decreto-ley, el 5 por ciento del total de las que se hayan reconocido en el ejercicio anterior por el cap铆tulo 1, gastos de personal, correspondientes a la pol铆tica de gasto 23. Servicios sociales y promoci贸n social, de la estructura de los presupuestos de las entidades locales, aprobada por Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.

3. Las corporaciones locales suministrar谩n al Ministerio de Hacienda, con periodicidad trimestral, informaci贸n espec铆fica relativa a la ejecuci贸n de las funciones a las que se refiere esta disposici贸n, incluyendo en todo caso la correspondiente al gasto realizado. A estos efectos, se habilita al 贸rgano competente del Ministerio de Hacienda para determinar los modelos de formularios normalizados para la captura de aquella informaci贸n y dictar, en su caso, las instrucciones o resoluciones que resulten necesarias para la concreci贸n, procedimiento y plazo de remisi贸n de la informaci贸n a suministrar.

La remisi贸n de la informaci贸n econ贸mico-financiera de cada corporaci贸n local se realizar谩 por la intervenci贸n o unidad que ejerza sus funciones, mediante firma electr贸nica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr贸nica.

El Ministerio de Hacienda podr谩 difundir o publicar la informaci贸n remitida en virtud del presente real decreto-ley con el alcance, contenido y metodolog铆a que determine.

El incumplimiento de las obligaciones de suministro de informaci贸n, tanto en lo referido a los plazos establecidos, el correcto contenido, idoneidad o modo de env铆o de los datos podr谩 llevar aparejada la imposici贸n de las medidas previstas en los art铆culos 20 y siguientes de la Ley Org谩nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, previo requerimiento a la corporaci贸n local para su cumplimiento en un plazo de diez d铆as h谩biles. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el Ministerio de Hacienda podr谩 dar publicidad a los requerimientos efectuados o al incumplimiento de los mismos.

Disposici贸n final s茅ptima. Actualizaci贸n de valores.

Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, a modificar los valores previstos en el apartado 8.3 y en el anexo II, as铆 como los porcentajes y escalas establecidos en el art铆culo 10.2 y en el anexo I, cuando, atendiendo a la evoluci贸n de las circunstancias sociales y econ贸micas y de las situaciones de vulnerabilidad, as铆 como a las evaluaciones peri贸dicas establecidas en el art铆culo 28.3, se aprecie la necesidad de dicha modificaci贸n con el fin de que la prestaci贸n pueda mantener su acci贸n protectora dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, lograr la inclusi贸n social y suplir las carencias de recursos econ贸micos para la cobertura de necesidades b谩sicas.

Las propuestas de modificaci贸n se someter谩n a consulta previa de la Comisi贸n de seguimiento y del Consejo consultivo del ingreso m铆nimo vital.

Disposici贸n final octava. Cl谩usula de salvaguardia para modificaciones de norma de inferior rango.

El art铆culo 3, p谩rrafo p), del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales p煤blicas, conserva su rango normativo como real decreto.

Disposici贸n final novena. T铆tulo competencial.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art铆culo 149.1.1.陋, 13.陋, 14.陋, 17.陋 y 18.陋 de la Constituci贸n Espa帽ola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulaci贸n de las condiciones b谩sicas que garanticen la igualdad de todos los espa帽oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; bases y coordinaci贸n de la planificaci贸n general de la actividad econ贸mica; hacienda general y deuda del Estado; legislaci贸n b谩sica y r茅gimen econ贸mico de la Seguridad Social; y bases del r茅gimen jur铆dico de las administraciones p煤blicas y el procedimiento administrativo com煤n.

Disposici贸n final d茅cima. Desarrollo reglamentario.

Se habilita al Gobierno y al Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, en el 谩mbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuci贸n de lo dispuesto en este real decreto-ley.

Disposici贸n final decimoprimera. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrar谩 en vigor el mismo d铆a de su publicaci贸n en el 芦Bolet铆n Oficial del Estado禄.

Dado en Madrid, el 29 de mayo de 2020.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO S脕NCHEZ P脡REZ-CASTEJ脫N

ANEXO I
Escala de incrementos para el c谩lculo de la renta garantizada seg煤n el tipo de unidad de convivencia para el ejercicio 2020
Escala de incrementos
Un adulto solo.5.538 鈧 (renta garantizada para un adulto solo).
Un adulto y un menor.1,52
Un adulto y dos menores.1,82
Un adulto y tres o m谩s menores.2,12
Dos adultos.1,3
Dos adultos y un menor.1,6
Dos adultos y dos menores.1,9
Dos adultos y tres o m谩s menores.2,2
Tres adultos.1,6
Tres adultos y un menor.1,9
Tres adultos y dos o m谩s ni帽os.2,2
Cuatro adultos.1,9
Cuatro adultos y un ni帽o.2,2
Otros.2,2
ANEXO II
Escala de incrementos para el c谩lculo del l铆mite de patrimonio aplicable seg煤n el tipo de unidad de convivencia
Escala de incrementos
Un adulto solo.16.614 鈧 (3 veces la renta garantizada para un adulto solo)
Un adulto y un menor.1,4
Un adulto y dos menores.1,8
Un adulto y tres o m谩s menores.2,2
Dos adultos.1,4
Dos adultos y un menor.1,8
Dos adultos y dos menores.2,2
Dos adultos y tres o m谩s menores.2,6
Tres adultos.1,8
Tres adultos y un menor.2,2
Tres adultos y dos o m谩s ni帽os.2,6
Cuatro adultos.2,2
Cuatro adultos y un ni帽o.2,6
Otros.2,6

An谩lisis

ros.

2,6

An谩lisis