El mercado del alquiler en España ha vivido un nuevo giro de guion legal. El Tribunal Supremo ha dictaminado la anulación definitiva del Registro Único de Arrendamientos, una de las medidas estrella que se habían planteado para centralizar y controlar los contratos de alquiler a nivel nacional.

Esta resolución judicial supone un duro varapalo a la estrategia de regulación estatal y abre un nuevo escenario de incertidumbre y debate en el sector inmobiliario. Pero, ¿por qué se ha anulado y qué consecuencias reales tiene para propietarios e inquilinos? Lo analizamos a fondo.

El Alto Tribunal ha fundamentado su decisión en dos pilares jurídicos insalvables: la invasión de competencias autonómicas y la falta de justificación técnica en la tramitación de la norma.